La cumbre del G7 en Biarritz se ha celebrado mientras se quemaba la Amazonía. A pesar de la coincidencia apenas se ha hablado del cambio climático y los siete países más contaminantes del mundo no han sido capaces de ponerse de acuerdo en casi nada.
Estas cumbres dejan siempre un sabor extraño. El mismo que dejaban en los 90 las reuniones del Foro Social Mundial en Brasil o las decenas de contracumbres que se han producido desde entonces. Las decisiones se toman tan arriba, en un espacio tan inaccesible y poco definido, por intereses que están detrás de los líderes que aparecen en primera fila, que lo que genera en la gente común es impotencia.
El 15M significó muchas cosas, pero una de ellas fue el cambio de escala de la política. El poder pasó de estar en manos de estos grupos tan lejanos a poder tocarse. Pasamos de la globalización a la municipalización, a incidir en lo que se podía ver y era tangible. La corrupción pasó de ser un adjetivo abstracto a tener rostro y nombre en cada lugar. Los problemas se concretaron. No quiere decir que no haya un ámbito global, como nos recuerdan reuniones como las del G7, sino que el local, lo cercano, ha ganado protagonismo. Hoy sabemos que se pueden cambiar las cosas en lo cercano.
La crisis climática no está al margen de esta realidad. L@s jóvenes españoles se manifiestan los viernes para reclamar medidas que paren el cambio climático. La sociedad española ha puesto la sostenibilidad y el cuidado ambiental por encima del estricto lucro. Es capaz de consumir menos, moverse de otra manera con más esfuerzo, comer mejor o invertir más para gastar menos energía. El cálculo economicista ha sido superado por el valor de la conservación del planeta. Pero toda esta energía social no tiene una traducción concreta y choca con los resultados de las cumbres internacionales.
¿Qué hacer aquí mientras se quema la selva y se llega a un acuerdo internacional? Podríamos empezar por nuestras viviendas. En España la vivienda en propiedad es mayoritaria, mucho más que en otros países europeos, debido a las políticas públicas que el franquismo ejecutó en los años 60. Más allá de las razones de fondo de por qué lo hizo -da para varios libros- el caso es que ha marcado la importancia de la vivienda. Sobre ella se hacen los proyectos vitales y sobre ella han ido estallando las crisis económicas. Hoy es uno de los tres problemas de la sociedad española como indican las encuestas demoscópicas y de pobreza.
En España hay 25 millones de viviendas que podrían ser unidades de sostenibilidad si se cambiase la perspectiva sobre ellas. Es momento de hacer rehabilitaciones integrales: eficiencia energética, producción de energía distribuida, ascensores e instalaciones como puntos de carga eléctricos, aparcamientos de bicicletas o espacios para la separación de residuos, es decir, tener una mirada global y una política pública única. Hoy la mirada es parcial, en un ministerio está la energía, en otro la rehabilitación, en otro la movilidad y los mayores solos, que no pueden bajar a la calle por falta de ascensores, en otro. Se trata de mirar al hogar al completo y hacer política que asegure una rehabilitación (vitalmente) sostenible de una sola vez. El resultado es un edificio que produce su energía, no la malgasta, se relaciona con su entorno y lucha el cambio climático. El resultado es más empleo, reducción de la pobreza energética y mejora de la calidad de vida. Sobre este planteamiento se pueden implementar las políticas de acceso a la vivienda que son imprescindibles hoy.
Basta pasear por las ciudades y pueblos para ver que se ha incrementado el número de casas que hacen rehabilitación, aunque sin un criterio común. Y no con dinero público, sino de personas que invierten sus ahorros en mejorar sus viviendas. Este cambio no se sostiene sobre fondos públicos, sino sobre la acumulación que se ha producido en las cuatro últimas décadas. La financiación está -es particular y hay fondos europeos-, la tecnología también y hay sentir social en esta dirección, pero falta una política pública que lo empuje.
En el debate de investidura se planteó rehabilitar 100.000 viviendas anuales. A ese ritmo tardaremos 250 años en tener casas sostenibles. Con esta nueva perspectiva deberíamos hacerlo en 25 y conseguiríamos meter la Agenda 2030 contra el cambio climático en cada una de nuestras casas ¿es posible generar un objetivo común como país para mejorar el planeta desde el cambio de nuestras viviendas? Las condiciones se dan y está al alcance de nuestras manos.
La crisis del 2008 no es simplemente un bache económico, es un cambio en las bases que mueven el mundo. En apenas diez años han variado las prioridades y los problemas. La crisis climática en 2008 apenas era un rumor, hoy es un grito. En estos diez años también ha cambiado la estructura política, el bipartidismo no volverá. Lo que queda pendiente es el cambio de políticas públicas para la nueva agenda y en el nuevo contexto político. Es posible que la conformación del nuevo gobierno tenga que ver con saber estructurarlo para otra realidad. El cambio político ha sido tan intenso que apenas ha dado tiempo a pensar en esta nueva fase que comienza, donde las políticas públicas van a ser centrales. Es posible que a la hora de pensar un nuevo gobierno hubiera que mirar algunos problemas desde otra perspectiva y con nuevos parámetros. La conformación del gobierno no es un juego de poder, debe ser sobre todo un ejercicio de futuro. La vivienda desde esta mirada global necesita un impulso político.
Mientras resolvemos la situación de la Amazonía -hay que hacerlo- y esperamos la próxima cumbre del G7, podríamos hacer mucho de nuestra parte desde casa.