El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como Presidente de la Generalidad de Cataluña ha generado el rechazo de las derechas, pero también un debate entre los socialistas, habiéndolo criticado algunos y sin tener claro su alcance y sentido otros muchos.
Pero tanto el resultado de las elecciones catalanas con el gran triunfo del PSC con la investidura de Illa como los acuerdos alcanzados con ERC y los Comunes hay que entenderlos como parte de la estrategia del PSOE y del Gobierno para superar el conflicto del procès, el más grave problema de la democracia española de las últimas décadas, para convencer a una mayoría amplia de ciudadanos de Cataluña de que es posible y positivo sentir la doble identidad de catalanes y españoles y para avanzar en un nuevo encaje de Cataluña en España. Vivimos en una época de memoria corta y ya no nos acordamos, o eso pretendemos, de lo ocurrido entre 2015 y 2017 en Cataluña, incluso desde 2012, cómo se desencadenó un proceso independentista con declaración incluida del Parlamento catalán y cómo evolucionó hacia el independentismo una parte muy importante y muy activa de la ciudadanía catalana.
Y todo ello como respuesta a las políticas del PP, a las mesas organizadas por Rajoy contra el Estatut, que lo eran en el imaginario españolista contra la propia Cataluña, a la sentencia del Tribunal Constitucional recortando aspectos sustanciales y simbólicos de aquél, política del PP que tuvo como respuesta final la judicialización del conflicto sin salida política alguna, con afirmaciones de muchos de sus dirigentes de aplicar “un 155 permanente”.
El PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para parar la declaración unilateral de independencia, pero tuvo claro desde el inicio que el conflicto no era judicial, penal, sino claramente político, como lo había sido en otras épocas el siglo XX, y que la solución que había que darle tenía que ver con la política, con el diálogo y el entendimiento, poniendo luces largas y no buscando soluciones de corto plazo, probablemente ineficaces. Siguiendo en este punto la visión de Azaña, gran valedor en su momento de la autonomía de Cataluña, quien frente a la “conllevanza” de Ortega, afirmaba que la cuestión de la identidad de Cataluña y su reivindicación era un problema político que el legislador debía abordar
Por eso, cuando a partir de 2018 los socialistas llegaron al Gobierno iniciaron una estrategia de desjudicialización y de diálogo político, con indultos, modificaciones en el Código Penal, amnistía a todos los intervinientes en el procès que hubieran tenido alguna consecuencia penal o de responsabilidad contable sin enriquecimiento personal, y la búsqueda de acuerdos con ERC y Junts, como los de investidura que implicaran a ambas fuerzas a la gobernación de España.
Esa política ya empieza a dar resultados, el conflicto ha empezado a apaciguarse, la tensión social en Cataluña ha disminuido de forma notoria y políticamente ahí está el excelente resultado electoral del PSC el pasado 23J, en que por primera vez en muchos años el independentismo ha perdido la mayoría absoluta en el Parlament. Por otra parte, las encuestas del CEO muestran una disminución muy significativa del sentimiento independentista, de forma que el apoyo a la independencia está en el nivel más bajo en una década, habiendo pasado del 49% al 41%, mientras que el no ha subido hasta el 51%, más de diez puntos por encima del sí. A la vez el número de personas que se sienten sólo catalanas ha disminuido del 29,1% al 18%, y si se mira a los jóvenes de 16 a 24 años, que hace una década se sentían solo catalanes en un 29,3%, ahora la cifra es del 11,4%. La política del Gobierno socialista, incluidos los pactos con ERC, está sin duda teniendo un efecto muy positivo para la convivencia entre catalanes y entre Cataluña y el resto de España.
Por otra parte es muy importante resaltar que la investidura de Salvador Illa se ha apoyado en un pacto con dos fuerzas de izquierdas, ERC y los Comunes, pivotando sobre el eje izquierda-derecha con ruptura de la unidad del independentismo.
Se trata de unos acuerdos que se basan en el diálogo y la negociación, que abren “la posibilidad de trazar un camino compartido de largo recorrido” y que buscan trabajar a favor de los intereses concretos de la gente, especialmente los servicios públicos y la vivienda. Pero a la vez profundizando en dos aspectos clave para los pactos que históricamente han promovido la normalización de Cataluña.
El primero es el del reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña en el marco de la plurinacionalidad de España, cuestión en la que ha insistido Illa en sus discursos al hablar de la nación catalana. Nada nuevo, pues ésta es desde hace tiempo posición mayoritaria no sólo en el PSC sino entre los socialistas de toda España, a la que se refieren la Declaración de Granada de julio de 2013 y la Declaración de Barcelona de julio de 2017, y el 39 Congreso al hablar del “carácter plurinacional” de España, y todos ellos reiterando la propuesta de un modelo federal. Además, la concepción de “España nación de naciones” ha sido defendida por los más importantes dirigentes socialistas, desde Peces-Barba, Alfonso Guerra, Luis Gómez Llorente, Felipe González, Carme Chacón, Josep Borrell y el propio Pedro Sánchez, todos ellos bajo el principio de que la única nación soberana es España y de la garantía por el Estado de la igualdad de derechos de todos los españoles y españolas, cualquiera que sea el territorio en el que vivan.
La segunda cuestión es la mejora del autogobierno a través de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, basado en una relación bilateral con el Estado que, sin embargo, tiene que pasar por la LOFCA, es decir, por la multilateralidad, y es “compatible con la participación en organismos multilaterales”.
Esta financiación singular tiene tres contenidos fundamentales. El primero, que será la Generalidad la que a través de la Agencia Tributaria de Cataluña gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, lo que de alguna manera ya está contemplado en el Art.204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC); el segundo, que se aportará una cantidad al Estado para hacer frente a los servicios que éste presta en Cataluña, mediante un porcentaje; y por último, que habrá una participación a la solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de conseguir nivelar los servicios que se prestan a los ciudadanos de cada territorio, con dos límites, que las otras CCAA lleven a cabo “un esfuerzo fiscal también similar” y con el límite del principio de ordinalidad.
Las derechas, y algunos cuadros del Partido Socialista, han salido en tromba contra esta propuesta, con interpretaciones interesadas, alegando que se trata de un concierto como el vasco y que rompe la igualdad entre los españoles, beneficiando a los ciudadanos de Cataluña en perjuicio de los demás.
Desde luego, utilícese el lenguaje que se quiera, en ningún caso se trata de un concierto como el vasco o el convenio navarro. No sólo porque estos enraizan directamente con la Constitución, sino porque tienen un sistema de cupo o aportación al Estado por los servicios que presta en cada uno de esos territorios sin contribución alguna a la solidaridad interterritorial. Y además porque ambas comunidades autónomas tienen plena competencia normativa en materia tributaria, lo que no se plantea en el acuerdo PSC-ERC, en el que se habla “de un aumento sustancial de la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”, es decir, nunca total, manteniendo el Estado en relación con Cataluña capacidad normativa tributaria, lo que por otra parte se deriva inexcusablemente del Art.133.1 CE.
Pero la crítica, que el PP levanta como bandera permanente, de que el acuerdo rompe la igualdad entre los españoles beneficiando a Cataluña, confunde interesadamente dos cuestiones muy diferentes, la igualdad de competencias de unas comunidades con otras, y la igualdad de derechos y su garantía para todos los españoles. El acuerdo conlleva un incremento de competencias y facultades en el ámbito fiscal para Cataluña que no se contempla para todas las CCAA, aunque el Gobierno ha dicho que podría extenderse a otras, pero no implica necesariamente por sí mismo una desigualdad de derechos a favor de catalanes y catalanas, es decir, una mejor prestación para éstos de servicios públicos de educación, sanidad, dependencia, transporte, vivienda, etc. En absoluto. Eso dependerá de las cifras en que se concrete y cuantifique la aportación para la solidaridad entre territorios.
Pero el acuerdo sí supone un importante avance hacia un modelo tributario federal. Se diga lo que se diga, en un país como Alemania, modelo de Estado federal en el que mirarnos, los tributos los recaudan los landers y éstos luego aportan al Estado central lo que le corresponde.
Pero en nuestro caso se trata de un federalismo asimétrico, como ya planteó Pascual Maragall, en que unas comunidades por sus hechos diferenciales históricos ejercen más competencias que otras, sin que ello suponga en ningún caso una desigualdad en los derechos de los ciudadanos. Esta asimetría está ya en la Constitución, que distingue entre nacionalidades y regiones y entre dos vías distintas de acceso al autogobierno, las de los artículos 151 y 143 CE, y más ampliamente está en las diferentes competencias atribuidas o asumidas por unas comunidades y no por otras.
Se ha criticado también por las derechas que se pacte que la solidaridad interterritorial tiene como límite el principio de ordinalidad, que no significa que un territorio que se desarrolla económicamente no pueda superar en PIB a otro. Sino que implica que un territorio no supere en PIB a otro precisamente por el dinero que recibe de éste. Ese es su significado, que está recogido en el Art. 206.5 EAC y que validó la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Es un principio que el PSOE ha defendido en la Declaración de Granada de 2013, asumida expresamente por la de Barcelona de 2017 y por el 40 Congreso de 2020. El propio PP, que ahora lo denigra, lo apoyó en su programa para las elecciones catalanas de 2012.
Para las personas de izquierdas las dudas que pueden surgir del acuerdo tienen que ver con la ambigüedad o falta de concreción de las cifras a que se refiera la contribución a la solidaridad interterritorial, sobre la que, por cierto, en ningún lugar del acuerdo se dice que tenga que estar necesariamente pactada entre el Estado y la Generalidad. Aunque sí se insiste en que ha de ser transparente, conocida y reconocida.
El nuevo modelo debe significar sin duda más financiación para Cataluña, pero sería grave que ese incremento fuera a costa de los demás territorios y, por tanto, un incremento de la desigualdad en renta individual y en servicios que se reciban. Como declaró el 40 Congreso del PSOE, “los y las socialistas queremos asegurar la igualdad de todos los españoles y españolas en el acceso a prestaciones básicas” del Estado de Bienestar, cuales son la educación, sanidad, dependencia, vivienda, pensiones, garantía que corresponde al Estado para lo que ha de contar con los recursos públicos de la solidaridad interterritorial, dependiendo de las cifras en que se cuantifique la aportación para la solidaridad en este caso de Cataluña, y también de la aportación de más fondos estatales.
El próximo Congreso del PSOE, a celebrar en el mes de noviembre próximo, será buena ocasión para seguir profundizando en el modelo federal para nuestro país, avanzar en la solidaridad interterritorial y ratificar que, como señaló Salvador Illa, este acuerdo PSC-ERC-Comunes no va contra ningún territorio sino al servicio del mejor encaje de Cataluña en España.