Los enfrentamientos políticos pueden plantearse en formato “conflicto” o en formato “problema”. En el primer caso, las dos partes quieren la victoria, es un juego de suma cero en el que unos ganan y otros pierden. Es la teoría política amigo/enemigo que teorizó Carl Schmitt y que se ha practicado a lo largo de la historia. En cambio, cuando el contencioso se plantea en formato “problema”, el enemigo ya no es el otro. El enemigo común es el problema, al que todos los implicados tienen que empeñarse en vencer. En este caso es posible un juego de suma positiva, win-win, en el que todas las partes resulten ganadoras. A pesar de algunos intentos por convertirlo en problema, como el de Cambó, el desacuerdo catalán siempre se ha acabado formulando por ambas partes en términos de conflicto. La última vez, cuando la declaración unilateral de independencia.
Quiero pensar que en estos momentos se está intentando de nuevo conseguir una solución, no una victoria. Todos los expertos en resolución del problemas políticos insisten en que, para lograrlo, además de una clara voluntad de encontrar una solución, hay que definir bien el problema. En este caso, parece claro: muchos catalanes (cuyo número se puede precisar mediante un referéndum) quieren independizarse de España. Otros tantos catalanes (cuyo número se puede precisar mediante un referéndum) no quieren ser independientes. Y el resto de los españoles piensa que esa cuestión también les afecta y que hay que contar con su opinión. Cada una de estas opciones es legítima y el problema no se puede resolver negando legitimidad a alguna de las partes. Los no independentistas apelan a que la secesión sería inconstitucional. Los independentistas se apoyan en un “principio democrático”, previo a la constitución, que reconoce a los individuos el derecho a decidir sobre el modo de organizarse políticamente, derecho por cierto en el que se basa la capacidad constituyente de los ciudadanos. El derecho de toda España a intervenir es aceptado por los españolistas, porque piensan que les favorece, y es negado por los secesionistas, que consideran que es asunto exclusivamente catalán. Pero apelan a los derechos históricos, y derechos históricos podemos esgrimir todos.
Parece justificado que todos los españoles tengan que participar en la solución de este problema. La larga comunicación entre Catalunya y el resto de España, aceptada durante siglos, institucionalizada voluntariamente en la Constitución de 1978, ha creado lazos e intereses que son difíciles de romper y que exigen un acuerdo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció esta misma situación en su ámbito: “Cualquiera de los Estados que forman parte de la Unión norteamericana está inhabilitado para romper la relación que le une a ella” porque ese resultado “no es artificial y arbitrario” sino un entramado de historias e intereses comunes que no admite otra forma de disolución que “mediante la revolución o el consentimiento de los demás Estados”. Esto ocurre también en España. Un personaje de tanta relevancia para el nacionalismo catalán como Prat de la Riba escribió:“ La vida en común desde antiguo ha creado vínculos con la unidad más amplia de España que no pueden quebrarse”.
También la solución canadiense para Quebec, elogiada por muchos representantes de partidos independentistas, exige la participación de toda la nación. El Tribunal Supremo de Canadá permitió un referéndum no vinculante sobre la autodeterminación de Quebec, y añadió que si había una mayoría suficiente a favor de ella, el gobierno debería tomarla en consideración y permitir el comienzo de negociaciones. Pero en ellas deberían intervenir las demás provincias de Canadá. “Una decisión unilateral de los quebequenses a favor de la secesión comprometería los derechos de los no quebequense”.
El president Aragonès ha pedido un dictamen sobre las posibles formas de un referéndum de autodeterminación y según la prensa los expertos le han propuesto cinco posibles modos. En tres de ellos se incluye consultar a todos los españoles. Me parece que es un síntoma más de que el “conflicto catalán” puede convertirse en el “problema catalán” y eso me parece buena noticia.
Planteadas así las cosas podemos empezar a explorar muchos caminos que han estado siempre bloqueados por el miedo o por la animosidad de los nacionalismos excluyentes, sean centralistas o periféricos. El formato “conflicto” no permite el debate. Como decía Voltaire, “la razón es esa cosa que el hombre utiliza cuando está tranquilo”.
Plantearlo como “problema” exige un aprendizaje por parte de todos. No sé si los políticos bregados en la lucha están en condiciones de liderar el cambio, porque el formato conflicto plantea las cosas de forma muy anacrónica, sin atender a los cambios políticos que se están produciendo en el mundo. Por ejemplo, a la renovación del concepto de soberanía. Este concepto, que se inventó para defender a la monarquía absolutista, ha perdido su rigor monolítico que amparaba a un poder monolítico también. Estados Unidos nunca padeció esa herencia absolutista que España mantuvo, y aceptó desde el principio una “soberanía dual”, repartida entre el Estado federal y el resto de los Estados. Por cierto, en Catalunya siempre ha habido un “patriotismo dual”, como ha puesto de manifiesto Roberto Fernández, Premio Nacional de Historia, en su obra 'Combate por la concordia'. Francesc Cambó quería “una Catalunya grande en una España fuerte”. La Unión Europea se organiza como una “soberanía compartida” (sovereignity pooling). Hay formas interesantes para explorar, como el “federalismo cooperativo” alemán, que impone la obligación de las regiones de ayudarse mutuamente. Es posible un “ejercicio mancomunado de los poderes”, que consiste en que “varias instancias estatales participan en un único mecanismo de decisión” (Albertí i Rovira).
El Estado totalitario, absolutista, del que deriva el viejo concepto de soberanía, había eliminado la sociedad civil y ahora es necesario fortalecerla. El poder jerárquico es sustituido por un “poder cooperativo” (Innerarity), un gobierno en varios niveles (multilevel governance), la nueva política debe entenderse como una “organización de la interdependencia” (Mayntz), se convierte en gestión de redes (Natera). El tema de la cogobernanza permite también explorar nuevas formas de hacer política. El debate actual está llevado a cabo por políticos viejos, que padecen lo que los psicólogos llaman “enfermedad de las categorías”, un envaramiento, una momificación de los conceptos que les priva de su utilidad para resolver problemas. Quien, por ejemplo, se encrespe al oír la palabra “nación de naciones”, olvida que Fraga escribió: “A mí me gusta la expresión 'nación de naciones', soy admirador de don Ramón Lázaro y de don Antonio de Capmany, que escribió en castellano clásico sus magníficos libros sobre Catalunya”. Peces Barba, en su libro 'La elaboración de la Constitución española', sostiene que España puede comprender en su seno otras naciones. También Solé Tura pensaba que se estaba definiendo a España como una “nación de naciones”. Años después, en un artículo publicado en El País (26.7.2010) Felipe González y Carme Chacón escriben: “La concepción de España como ‘Nación de naciones’ nos fortalece a todos.
Desde el planteamiento de este artículo podemos tratar el tema de la amnistía. Entre los motivos que las justifican está un cambio de régimen, un deseo de comenzar de cero. Creo que el compromiso firme de pasar del formato “conflicto” al formato “problema” puede considerarse un cambio semejante. Pero implica deponer las armas –retóricas y emocionales–, rechazar rotundamente cualquier medida unilateral, admitir los derechos de las tres partes implicadas y explorar, como en el caso canadiense, todas las posibilidades que la Constitución permita o incluso la posibilidad de un cambio constitucional si lo aprueba una mayoría de españoles. El objetivo: una solución win-win, de suma positiva, en el que todos podamos salir beneficiados. A mí me parece posible, incluso en estos momentos poco optimistas.