¿Dónde estamos?
No hace aún un año de las elecciones del 21-D y hemos vivido estos días los aniversarios de los hechos de octubre, que finalizaron en aquellos comicios convocados por el Gobierno de Mariano Rajoy previa intervención del autogobierno de Catalunya vía artículo 155 de la Constitución, el encarcelamiento de líderes independentistas, la represión violenta del 1 de octubre y el reprobado discurso del Rey.
En una situación de excepcionalidad política, los resultados arrojados por las urnas fueron paradójicos: Ciudadanos se convirtió en la primera fuerza política de Catalunya, pero el independentismo volvía a ganar la mayoría parlamentaria con la suma de los neoconvergentes (Junts per Catalunya), ERC y la CUP. Desde entonces y hasta ahora, la judicialización de la política ha seguido teniendo efectos perversos, y mientras, el Govern no tenía ni tiene un programa claro: de un lado, insisten en el mandato del 1-O de la construcción de la República y, de otro, se conjuran para ganar tiempo y moverse dentro de la legalidad, aunque solo sea de manera temporal hasta la llegada de un nuevo “momentum” más propicio para la enésima convocatoria electoral. Estrategias contradictorias que generan desorientación entre propios y ajenos; en definitiva, un gobierno que no gobierna y que está desaparecido del día a día de la gente.
La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa prometía un nuevo clima de distensión que nos diera una oportunidad para el diálogo y el acuerdo en Catalunya. Sin embargo, la gesticulación vacía y la sobreactuación procesistas siguen vivas, hasta el punto de hacer implosionar la unidad del independentismo -el President del Parlament, Roger Torrent, ha llegado a hablar de “puñaladas” para referirse a esa lucha fratricida- y de perder su mayoría parlamentaria.
Por su parte, Ciudadanos es un foco de tensión, un pirómano que solo busca tirar gasolina sobre el conflicto y sal sobre las heridas. Sigue los pasos del Partido Popular de utilizar las instituciones catalanas como una plataforma electoral, quedando aislado parlamentariamente en una política de agitación y renunciando a cambiar absolutamente nada a través de su acción. Sólo abona el terreno para la consolidación de Vox.
En general, una panorama donde se acumula la frustración en la sociedad: unos, porque la realidad se encuentra muy alejada de lo que les prometieron; otros, porque se sienten olvidados; y todos, porque el deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos se ha profundizado y los Ayuntamientos no dan abasto.
En este contexto, el desarrollo del espíritu de la moción de censura en un acuerdo de presupuestos progresista y fuertemente social, es una buena noticia tanto para España como para Catalunya. La subida del SMI a 900€, la revalorización de las pensiones al IPC, la equiparación de permisos de paternidad y maternidad, la reforma fiscal en clave progresiva y verde o la municipalización de competencias para pinchar la burbuja del alquiler son elementos que dibujan un horizonte común para el país. Este ambicioso acuerdo social no sacará de la prisión a los líderes independentistas ni resolverá la cuestión nacional.
Sin embargo, la implementación de esas medidas nos permite empezar a rehacer el pacto social con unos nuevos presupuestos de la Generalitat que tendrán que estar a la altura. Veremos si ERC se atreve a promoverlos. Para ello, debería tener presente que sólo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Catalunya podrá impulsar unos presupuestos realmente sociales. Sólo así, el diálogo y el acuerdo ganarán terreno frente al miedo, la frustración y la parálisis. Así, podremos empezar a imaginar mayorías alternativas en Catalunya, que ante la ausencia del proyecto del Govern, planteen nuevas soluciones progresistas a los retos del país.
¿Diálogo para qué?
Una nueva Catalunya. Desde cada vez más lugares diferentes se plantea la necesidad de acuerdo para Catalunya, de profundización del clima de distensión, que nos permita dialogar sobre todo -sobre los derechos civiles y las libertades públicas y la cuestión nacional, pero también sobre el blindaje de derechos sociales y la construcción de un nuevo modelo productivo-, sabiendo que cualquier propuesta tendrá que ser votada por la ciudadanía de Catalunya.
En este sentido, la última iniciativa en favor del debate y la reconciliación puede abrir oportunidades: la Mesa para el Diálogo, que anunció el President Torra para el próximo 16 de noviembre, a propuesta del PSC y con apoyo de ERC y nuestro grupo parlamentario. Porque no se puede empezar la casa por el tejado. La nueva Catalunya solo se construirá con diálogo y desde Catalunya; no desde el enésimo Consejo unilateral. A pesar de que la propuesta llegue tarde y sea insuficiente, puede ser una oportunidad.
¿Con qué contenido?
Desde nuestra perspectiva, la herramienta democrática más eficaz es un Pacto de Claridad en Catalunya, inspirado en la vía canadiense, que aúne a fuerzas políticas y sociales del país con la máxima transversalidad posible, y que nos permita discutir sobre todo. Esas fuerzas políticas y sociales que componen la Catalunya real tienen que poder tomar la palabra: desde Òmnium hasta el Sindicat de Llogaters, desde la Unión de Pagesos hasta CCOO, pasando por el movimiento feminista y el movimiento vecinal.
Es vital poder debatir y establecer un marco sobre el referéndum acordado que necesitamos. Qué pregunta o preguntas, con qué requisitos y condiciones, cuáles tienen que ser las garantías, cómo interpretamos los resultados y qué camino seguimos para implementar los cambios. Cuestiones fundamentales que blindarían las reglas del juego, y que tendrían que ser aceptadas por amplias mayorías; por lo tanto, con unos resultados vinculantes y reconocidos tanto por las distintas partes como a nivel internacional.
Esta perspectiva parte al menos de dos convicciones: de un lado, la convicción firme de que no hay solución posible al conflicto catalán sin dar la voz a la ciudadanía, que en toda su complejidad y diversidad, quiere muy mayoritariamente decidir sobre su futuro (y obviamente por la imprescindible puesta en libertad de los líderes independentistas), y, de otro lado, la convicción de que la política de bloques no sirve y tenemos que romper definitivamente con ella. Como fuerza política catalanista, republicana y progresista, creemos necesario reconstruir grandes consensos del pueblo de Catalunya, que nos permitan superar el régimen del 78, ya agotado, satisfaciendo los anhelos de mayor soberanía y control sobre nuestras vidas, al mismo tiempo que conservar los vínculos comunes y la unidad de una sociedad rica, creativa, plural y diversa.
Tenemos que impulsar una nueva agenda de país y de mayorías que dé una respuesta integral a los problemas de la ciudadanía, partiendo de una realidad plurinacional, de la necesidad de recuperar soberanías y no cerrando la posibilidad de ningún debate. Una Catalunya con una hacienda propia y una banca pública catalana. Una agenda para una Catalunya que pone a las personas en el centro, que sea vanguardia en el respeto a los derechos humanos, social, ecológica y feminista. Una Catalunya que imaginamos desde la radicalidad democrática y el municipalismo republicano, con nuevas posibilidades para blindar los derechos sociales y consolidar institucionalmente el reconocimiento nacional de Catalunya.