La causa del mal causado: okupación y especulación inmobiliaria
Desde el estallido de la burbuja inmobiliario financiera en 2008, el Estado español ha vivido una severa crisis económica vinculada a la crisis financiera internacional. En el epicentro de esa crisis está el ladrillo como motor del sistema productivo de nuestro país basado en la construcción masiva de vivienda y la financiación de su compra, por parte de las entidades financieras, a través de hipotecas subprime en sus últimos estadios 2006-2008.
Una crisis del modelo inmobiliario inaugurado por el régimen franquista, una crisis de modelo basado en la propiedad privada y cuyo horizonte era aquello que decía el ministro franquista José Luis Arrese del “país de propietarios”. La liberalización del acceso al crédito desde los años 90 reforzó esa apuesta, generando una euforia que escondía la especulación financiera a la que nos estaban sometiendo las grandes entidades financieras con la complicidad de los poderes públicos.
La recesión económica tras el estallido de la burbuja en Estados Unidos frustró las expectativas de este modelo, y la situación laboral de los millones de personas que habían accedido al crédito se tornó precaria impidiendo el pago de sus hipotecas.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han producido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias desde entonces. Esa ola salvaje de desahucios entre los años 2009 y 2015 explica el surgimiento de movimientos de organización popular como es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuyo fin es garantizar el Derecho Humano a la Vivienda dada la inacción de los poderes públicos. A esta situación hay que añadir el escaso parque público de vivienda que existe en el Estado Español (menos de un 2%) que además ha sido progresivamente desmantelado en los últimos años al venderlo a fondos buitres. Sólo en la Comunidad de Madrid se vendieron 5.000 viviendas a fondos de inversión en el año 2013.
Esto significa que las posibilidades para acceder a la vivienda han quedado sumamente restringidas dado que por un lado, el crédito hipotecario se ha cortado en seco, y por otro, el acceso a la vivienda social es prácticamente igual de difícil qué te toque la lotería (y además funciona de forma similar), y por tanto sólo queda el acceso a la vivienda mediante el alquiler, que no precisamente de forma casual se encuentra en plena burbuja. En ese mercado del alquiler desde una lógica especulativa hay que conseguir que suban los precios para que la gente vuelva a optar por el crédito hipotecario, ¿cómo se logra esto? Por un lado, concentrando la propiedad de ese mercado en pocas manos, en cuantas menos mejor, de ahí la creación de sociedades financieras específicas con beneficios fiscales cuyo único negocio es el mercado del alquiler (SOCIMIS) así como modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos restringiendo la duración de los contratos como sucedió en el año 2013.
Con este panorama, la única forma de poder acceder al derecho a la vivienda para muchas personas en situación de vulnerabilidad es autotutelando su propio derecho, es decir ocupando vivienda vacía.
Se calcula que existen más de 3 millones y medio de viviendas vacías en todo el Estado y unas 300.000 están en la Comunidad de Madrid. La propiedad de esas viviendas corresponde a las entidades financieras y fondos de inversión que arrebataron sus viviendas a tantísimas familias así como a promotoras y constructoras quebradas que tras construir y no conseguir colocar esas viviendas impagaron sus créditos a la banca.
¿Han hecho algo los poderes públicos durante todos estos años para impedir esta situación? La respuesta es rotundamente no y la prueba de ello es el rechazo a la Iniciativa Legislativa Estatal de la PAH que contó con 1 millón y medio de firmas, el bloqueo institucional a la Ley Vivienda de la PAH que cuenta con una enmienda a la totalidad, así como el rechazo y el recurso sistemático al Tribunal Constitucional de todas las leyes autonómicas de vivienda que han sido planteadas en los parlamentos.
Basta conocer el contexto, y hacer una mera lectura de la Constitución poniendo en relación el artículo 47 CE que establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” en relación con el artículo 33.2 de la misma que dice que “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, para entender sobradamente el ejercicio de autotutela del derecho a la vivienda que está teniendo que hacer tanta gente ante, ya no sólo la inacción de los poderes públicos, si no la acción contumaz que favorece esta situación. La propia Constitución habla de ”impedir la especulación“ pero es que además es incluso un delito tipificado en el artículo 281 del Código Penal recogido en el artículo 281 que establece ”El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses“.
Y frente a esta situación, en la que los desahucios sobre todo por impago de alquiler como consecuencia de la subida de los precios o la transmisión de esas viviendas a fondos buitre continúan (en el último trimestre del 2018 subieron un 7,4% respecto al mismo trimestre del año pasado) ¿Qué hacen partidos como Ciudadanos o el Partido Popular? Criminalizar a todas esas personas cuya única opción de supervivencia pasa por ocupar viviendas vacías de entidades financieras.
Hace escasos días nos sorprendimos con el titular de que “El PP quiere penas de cárcel para los okupas y desalojos en 24 horas” acompañado de una propuesta legislativa de modificar el Código Penal.
Este tipo de discursos antiokupas así como las medidas que plantean no atienden obviamente a la realidad del fenómeno. El perfil medio de quien ocupa una casa según mi propia experiencia práctica como abogada integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y tal y como demuestra el Informe sobre Okupación de vivienda vacía de Catalunya o el libro La Vivienda no es Delito de la Coordinadora de Vivienda de Madrid es el de personas en situación de vulnerabilidad, y sobre todo de familias monomarentales que residen en viviendas vacías de banco, con el objetivo de conseguir un alquiler social que puedan pagar y construir un hogar seguro. Los bancos y fondos especulativos se niegan a conceder estos alquileres ejerciendo su derecho de propiedad de forma fría y calculadora, totalmente antisocial, ante la ausencia de leyes protectoras.
Sin embargo, los titulares sensacionalistas están construyendo una imagen disociada de la realidad, basada en algunos casos aislados suficientemente llamativos para generalizar un imaginario que confunde la realidad sobre la ocupación de viviendas. Así, aparentemente, las personas que ocupan lo hacen para drogarse, lucrarse a través de redes mafiosas o en el mejor de los casos, para “vivir del cuento”.
La realidad es que sí existen, de forma minoritaria, personas que se ganan la vida abriendo casas (de ahí a llamarlo mafia). Y el problema no es sólo el imaginario imperante que se construye si no la ocultación de la causa del mal causado; la especulación inmobiliaria a través del mantenimiento de viviendas vacías.
Este tipo de discursos penetran, con facilidad, en muchas capas de la sociedad y particularmente lo hacen en los barrios obreros y humildes. Y eso lo saben partidos como el PP, Ciudadanos o Vox que aprovechan el malestar de los vecinos sobre cuestiones como seguridad o limpieza para poner el foco en que ese problema radica en la ocupación generando así una guerra de pobres; los que están mal contra los que están peor.
Este tipo de campañas populistas siempre vienen acompañadas de propuestas legislativas a cada cual más inconstitucional; recordamos la ley antiokupa de Ciudadanos que violaba claramente el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, la famosa ley del desahucio expres antiokupa del PDCAT que está recurrida ante el Constitucional por vulnerar el Derecho a la Defensa y la última ocurrencia del Partido Popular de meter en prisión a todo el mundo.
¿Cómo podemos combatir ese tipo de discursos? La única manera es seguir articulando movimiento, asambleas en los barrios, tejiendo redes, que articulen y organicen fórmulas sostenibles de autotutela del Derecho a la Vivienda en el marco de una convivencia cuyo enemigo común es la especulación inmobiliaria. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo en la PAH.
