Chamartín, una mala operación para Madrid
La aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la llamada Operación Chamartín, hoy renombrada Madrid Nuevo Norte, no es en mi opinión una buena noticia para los madrileños. Y el voto favorable del Grupo Municipal Socialista tampoco es una buena noticia para los socialistas y el modelo de ciudad que pretendemos.
Vayamos a la historia. La Operación Chamartín viene de lejos, iniciándose en 1993 siendo ministro de Fomento Josep Borrell, con una propuesta mucho más acotada cuyo objetivo era cerrar esa llaga en la ciudad que es la estación de Chamartín con una reforma integral para la propia estación. Afectaba a 625.000 m de suelo, con un aprovechamiento de 187.000 m edificables, lo que suponía un coeficiente de 0,3 m/m de suelo. Y se canaliza a través de un concurso público, adjudicándose a una empresa en la que tenía amplia mayoría Argentaria, entonces banca pública. Se trataba de una operación de interés general, financiada por una entidad pública y con participación privada.
Es a partir de 1996 en pleno boom inmobiliario y con el protagonismo del PP cuando tiene lugar un cambio radical: tras un primer incremento de suelos afectados y de edificabilidad en 1996-97, que se incluye en el Plan General de Ordenación Urbana Madrid, el del “todo urbanizable”, en 2002 se aprueba una nueva modificación del PGOUM que amplía el ámbito de la operación hasta 3.100.000 m de suelo con 3.300.000 m edificables, con un coeficiente de 1,05 m/m, y 18.000 viviendas.
Además, en 1999 Argentaria es absorbida por el BBVA, que se constituye en un financiador-promotor exclusivamente privado, que impone la renuncia a la gestión urbanística vía consorcio para darle la iniciativa al propio banco. Para su ejecución ya en época de la alcaldesa Botella se tramitan dos planes parciales, uno de los cuales fue anulado por los tribunales, no llegando a ser aprobado el segundo.
Con la alcaldesa Manuela Carmena en mayo de 2016 se reformula el proyecto con el apoyo de Ahora Madrid y del Grupo Municipal Socialista, así como del movimiento vecinal, significando una reducción a 1.600.000 m de edificabilidad y 4.500 viviendas (un 22% protegidas), al tiempo que se excluían los suelos de las vías férreas y el Ayuntamiento asumía los costes de ejecución de los Nudos Norte y de Fuencarral. Esta propuesta era sin duda un proyecto mucho mejor desde el punto de vista del modelo de ciudad y del equilibrio dentro de la propia zona afectada.
Pero ante su rechazo por la derecha municipal y autonómica y por el BBVA, y también por Adif, la alcaldesa renegoció el proyecto dándole de nuevo un giro radical subiendo la edificabilidad a 2.660.000 m (un 65% más) y las viviendas a 10.500, de las que sólo poco más del 20% tendrán algún tipo de protección, un proyecto muy cercano al de la alcaldesa Ana Botella.
Hay al menos tres aspectos que me parecen claramente perjudiciales para el modelo de ciudad que debería promoverse. En primer lugar, con este proyecto, implementado sin una visión general de la ciudad y del conjunto regional y que responde todavía a un modelo cuestionado de crecimiento urbano ambientalmente insostenible, se va a incrementar la segregación territorial entre el norte y los distritos del sur de Madrid.
Madrid es una ciudad muy desigual. El PP desarrolló una política urbanística al servicio de la especulación inmobiliaria, que aumentó los desequilibrios entre distritos y barrios, y con ello la segregación espacial y la desigualdad social. Madrid sigue teniendo un norte y un sur que urbanística y socialmente continúan muy distanciados, en renta, en paro, educación, sanidad, en esperanza de vida, etc. Se pierde una oportunidad más, y la desorbitada dimensión del centro de negocios financieros va a absorber todo el desarrollo de oficinas de alta calidad en Madrid durante 20 ó 30 años, dándole además a un banco el cuasi monopolio para el futuro, en una expresión más de la progresiva financiarización del urbanismo.
En segundo lugar, se destina un porcentaje manifiestamente insuficiente a promover viviendas con algún grado de protección (un 22%), con un tratamiento muy diferente a los PAUs de los barrios cercanos de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas o Tres Olivos, en los que superan el 50%. A pesar de ser en su origen el 80% suelo público, se renuncia a una operación clave necesaria para Madrid, promover un gran parque de vivienda pública en alquiler para sectores sociales que no pueden acceder al mercado abierto. Recordemos que la derecha madrileña malvendió a fondos buitre las pocas que había.
Y por último, una operación de este alcance, temporal y espacial, de interés general para la ciudad, que incide en el modelo territorial con la magnitud y complejidad que ésta tiene, debería llevarse a cabo mediante un consorcio público entre las administraciones afectadas, conforme a un modelo que funcionó excelentemente en la época del gobierno de la izquierda en Madrid, no dejándola en manos de un banco, el BBVA, que detenta más del 50% del total de la operación, y que buscará venderla troceada en las mejores condiciones para sus intereses corporativos y financieros, y no para la ciudad, como ya sin descaro se anuncia, minimizando y acotando riesgos que se trasladarán al conjunto de la operación, y, en última instancia, a los intereses públicos.
Que las derechas votaran a favor de la Operación Chamartín tal como finalmente está diseñada es fácilmente comprensible, porque lo que se aprobó es una operación cuyo liderazgo en su ejecución lo va a tener un gran banco, promoviendo un gran centro financiero de una dimensión monopolizadora de las oficinas de alta calidad en Madrid, con viviendas de lujo y reducido número de viviendas “baratas” con protección pública, y además potenciando el norte de Madrid frente al sur de la ciudad.
Que lo votaran también los concejales que provienen de Ahora Madrid y que promovieron la actual propuesta es también entendible. Pero que lo haga el Grupo Socialista, que había tenido un papel activo en la crítica del modelo, habiendo presentado tras la aprobación inicial un amplio conjunto de alegaciones de fondo para cambiar sustancialmente la propuesta del gobierno municipal, que mantuvo y defendió en la reciente campaña electoral, es poco concebible y sólo se entiende, y lo digo con pesar de socialista madrileño, por la pérdida de autonomía del PSM cuando estamos ante una cuestión específica de la ciudad de Madrid. El PSOE debería seguir defendiendo otra configuración de esta operación urbanística.
Además de la aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid, a la Operación Chamartín le queda un escollo importante. Entidades como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción han anunciado que en su momento impugnarán su aprobación ante los tribunales de justicia.
Recordemos los precedentes del plan parcial que para su desarrollo aprobó el gobierno de Ana Botella, anulado por el TSJ de Madrid y por el Tribunal Supremo, por tratarse no de una modificación puntual del Plan General, sino de “una modificación sustancial y encubierta” de éste, que debía tramitarse como revisión. Y lo mismo ha ocurrido más recientemente con el Plan Director para el Desarrollo del Sureste de Madrid, igualmente anulado por no ser una modificación puntual del Plan General sino una verdadera revisión del modelo territorial.
Coda final. Nos ha sorprendido la denuncia penal presentada por portavoces de Podemos Madrid y un antiguo concejal de Ahora Madrid que se presentó a la alcaldía por IU sin obtener apoyo alguno de los madrileños, en la que se mete en el mismo saco proyectos diversos –sobre los que ya hemos señalado las diferencias sustanciales–, incluyendo a Borrell (que como es notorio convocó un concurso público para una operación de interés general, financiada por un banco público) y posteriores ministros socialistas, y, sin embargo, se excluye de la misma al anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es el autor material del proyecto aprobado. Tal mezcla e incoherencia parece una emulación actual de lo que fue la antigua teoría de las dos orillas, cuya superación es hoy imprescindible para el futuro de este país.
