Como todos los años, este 15J se conmemora el Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En la actualidad existen 7 CIE en España, el de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras-Tarifa, Las Palmas y Tenerife.
Diversas organizaciones, entre las que se encuentra SOS Racismo Madrid, llevan varios años denunciando estas instalaciones en las que se encierra a personas migrantes por el simple hecho de no tener papeles. La estancia en España sin papeles no es un delito penal, lo que conllevaría cárcel, sino solo una falta administrativa equivalente a saltarse un semáforo en rojo.
¿Aceptaría un ciudadano o ciudadana española ser encerrada en una celda, que le despojen de sus pertenencias, le quiten el móvil, le dificulten o directamente le impidan contactarse con su familia, o recibir malos tratos físicos y verbales, entre otros abusos, solo por saltarse un semáforo en rojo? La respuesta es evidente. ¿Por qué, entonces, se acepta que ocurra esto con la población migrante?
La gravedad del asunto es que no solo se acepta que existan los CIE, sino que además se intenta negar constantemente la opacidad e impunidad policial vinculada a estos centros. Obviando los informes de diversas ONG’s, y pasando por alto un hecho tan dramático como fue la muerte de la ciudadana congoleña Samba Martine, quien falleció en 2011 en el CIE de Aluche debido a que no recibió atención médica oportuna, el recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo la desfachatez de afirmar que en los CIE no se violan los derechos fundamentales.
Entramado racista institucional
Pese a que el ministerio del Interior los define como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, lo cierto es que los CIE no son otra cosa que cárceles racistas, uno de los tantos dispositivos represores que utiliza el estado español contra las personas migrantes.
Cuando denunciamos la existencia del racismo institucional nos referimos precisamente al entramado compuesto por leyes, normativas, instituciones y prácticas dirigidas a la personas migrantes/racializadas, con el fin de inferiorizarnos y así justificar la explotación de nuestros cuerpos como mano de obra barata, o nuestra expulsión del territorio cuando no interesamos.
En ese entramado racista también se incluyen, entre otras cosas, las identificaciones por perfil étnico, las deportaciones exprés, la Ley de Extranjería, el blindaje de las fronteras, las devoluciones en caliente, la penalización de la manta, los obstáculos para conseguir o renovar papeles, las dificultades para homologar titulaciones, etc...
Este listado no enumera cuestiones aisladas o no vinculadas entre sí. Todas ellas conforman una política racista de estado que produce subalternidad, que crea ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría respecto al resto de la población en función de nuestro origen o lugar de nacimiento, deshumanizándonos y despojándonos de derechos. Como sostiene Grosfoguel, el racismo es una estructura de dominación que siempre es institucional, es decir, que implica siempre dispositivos y prácticas de estado, cuyo peso práctico-simbólico es superior a las conductas racistas individuales tanto en lo que se refiere a la construcción como a la reproducción de esa subalternidad.
Lo que exigimos al nuevo Gobierno
Ante este escenario, quienes formamos parte del colectivo migrante/racializado exigimos al nuevo Gobierno no solo un cambio de discurso, sino el fin real de todas estas prácticas.
En la presentación de su gabinete, Sánchez dijo que el suyo sería el gobierno de la igualdad. Nos preguntamos ¿igualdad para quiénes?, ¿qué hombres y qué mujeres entran en ese concepto de igualdad? ¿Qué saca el gobierno de Sánchez al incluir la palabra migraciones en su nuevo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social si luego tiene ministros como Grande-Marlaska que desconocen (o niegan) los reiterados y de sobra conocidos abusos que ocurren dentro de los CIE?
No queremos palabras bonitas o gestos bien intencionados. Queremos hechos. Exigimos que se derogue la Ley de Extranjería y que se establezca un nuevo marco jurídico legal en cuya elaboración se incluya la experiencia y la opinión de los colectivos de personas migrantes/racializadas que llevamos años trabajando en esta materia. Que dejen de legislar sobre nosotras sin nosotras.
Ese nuevo marco legal debe implicar, entre otras cosas, el cierre de los CIE, el fin de las paradas racistas, de las deportaciones exprés, de las devoluciones en caliente y la despenalización de la manta. En lugar de invertir ingentes cantidades de dinero público en mantener dispositivos institucionales racistas que oprimen nuestras vidas y nuestros cuerpos, que el nuevo gobierno dé paso a una política migratoria donde todos nuestros derechos estén reconocidos y asegurados.