Desde hace décadas, tanto los gobiernos de Estados Unidos como los secretarios generales de la OTAN, han venido predicando que todos los países miembros dedicaran al menos el 2% de su PIB para gastos militares. De los 27 países europeos que conforman la Organización, en el presente año solo 8 han llegado a este porcentaje, de los cuales tres son países bálticos, fronterizos con Rusia. Este objetivo nunca se ha cumplido ni se ha considerado necesario hacerlo, pues cada país es autónomo y soberano para decidir cuánto gasta. La opinión pública de los países, por tanto, también cuenta.
Ante el nuevo compromiso tomado estos días sobre este tema, y al calor de la invasión rusa en Ucrania, creo que convendría tener en consideración algunos aspectos, antes de tomar decisiones estructurales que luego serían difíciles de revertir. Destaco cinco razones para cuestionar la necesidad de dicho aumento.
El primero es que el gasto militar real de España es superior al que muestran los datos del presupuesto del Ministerio de Defensa, pues hay partidas que están en otros ministerios o en organismos autónomos. Incluso, del criterio de homologación de datos que hace la propia OTAN, que sitúa el presupuesto español para 2022 en 13.136 millones de euros, un 38,1% superior al presupuesto de 2014, y que supone el 1,01% del PIB previsto para el presente año, también es más elevado que el del Ministerio. Elevarlo al 2%, siguiendo los datos de la OTAN, supondría duplicar el presupuesto, 13.000 millones de dólares anuales más cada año, que, o bien procederían de nuevos impuestos, o bien se sacarían de partidas sociales ya existentes. El dilema de “cañones o mantequilla” es, pues, real. Estamos hablando de una cifra muy considerable, no una bagatela.
El segundo motivo está vinculado con la distribución de este presupuesto. De los 29 países que conforman la OTAN, España ocupa el puesto 14 en cuanto a gastos en equipos (el 26,2% del total del presupuesto), pero el tercero en cuanto a gastos de personal, que supone el 57,18% del presupuesto, y que sirve para pagar los salarios de los 118.200 efectivos que conforman las Fuerzas Armadas. Si se quiere duplicar el gasto, resulta evidente que no se hará duplicando el personal e incrementando el porcentaje que suponen los salarios. En su mayor parte, pongamos unos 10.000 millones de dólares anuales, será para adquirir nuevo armamento, sea de fabricación nacional o importado. Dado que en la última década importamos armamentos pesados por el valor de solo 132 millones de dólares anuales, queda claro que lo que quiere es potenciar la industria nacional, que verá multiplicada su demanda para producir todo tipo de sistemas de armas, sea terrestres, marítimos, navales o electrónicos.
Este último comentario nos conduce a la tercera razón, que es la tradicional falta de discusión sobre la necesidad de adquirir tal o cual tipo de armas. Simplemente, no se discute y, por tanto, nadie se ve en la obligación de dar explicaciones. Se adquiere mucho armamento por inercia, para contentar al sector militar o para calmar los ánimos de los trabajadores y de los sindicatos vinculados a la industria armamentista. La cuestión, por tanto, es si ahora se va a romper en esta ligereza presupuestaria, y si se darán explicaciones para justificar, de forma bien razonada, los motivos por los cuales se necesitan los nuevos sistemas de armas, así como cuál será su uso y ubicación. El argumento de que se necesitan para las misiones en el exterior, tampoco se sostiene. Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 17 misiones en el exterior, y con unos 3.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Esto representa solamente el 1,5% de los efectivos totales de militares y guardia civiles. Colar este aumento con pretextos de “misiones de paz”, no tiene validez.
Una cuarta consideración es la geográfica. La guerra en Ucrania ha puesto en alerta a los países vecinos con Rusia, y se puede llegar a comprender que muchos de ellos ya tengan gastos militares elevados, e incluso que los quieran aumentar en el próximo futuro. Pero este factor de proximidad no justifica que el resto de países, y especialmente los más alejados de Rusia, como España, argumenten un considerable aumento de su gasto militar con esta excusa, como si fuéramos a entrar en combate. Tampoco sirve la consideración de que hay que ayudar a los países potencialmente amenazados, a menos que volvamos al esquema de considerarnos de nuevo como la “reserva espiritual de Occidente”. Ya tenemos bastante con el discurso de Putin, quien afirma que Rusia es la reserva espiritual de la cristiandad.
La quinta razón es la de desmentir que el incremento de gasto militar va a beneficiar el potencial de investigación y desarrollo de la industria española, como afirma el Gobierno. Este es un viejo engaño que se arrastra desde la Guerra Fría, y que hace décadas desmontó muy acertadamente Mary Kaldor al señalar lo que denominaba el “arsenal barroco”, así como muchos economistas estadounidenses que mostraron, con datos estadísticos, que el llamado “spin-off” de la investigación militar era una farsa, pues los países que invierten más en investigación civil, de forma directa, son los que logran mayor efectividad y son más competitivos a ese nivel. Ampararse en argumentos economicistas, en especial en la creación de empleo y de una pretendida innovación, cuando estamos hablando de artefactos que sirven para matar y destruir, es una frivolidad y una insensatez.
Cuestionar este brutal aumento del gasto militar, sin dar mayores explicaciones y para contentar a algunos sectores que sacarán un enorme beneficio en este negocio, no es una tontería de pacifistas ingenuos, sino un imperativo para ver si es pertinente o contraproducente. Exigir explicaciones, y con detalle, sobre el destino y el uso de este gasto, es lo mínimo que se puede hacer en momentos donde la euforia oscurece la argumentación bien razonada.