Ha sido un verano caliente. Ya no hablamos de olas, sino de un calor permanente que ha llevado a temperaturas récord a gran parte del país. Imágenes dantescas de incendios descontrolados durante días, cosechas que ponen en jaque la soberanía alimentaria y daños irreparables en los ecosistemas peninsulares. El calentamiento del mar a niveles tropicales está ahora comportando tormentas violentas y granizo de gran tamaño que va más allá de la gota fría que conocemos en el clima mediterráneo.
Todo ello ha sido amenizado con la banda sonora del verano, en tertulias e informativos, sobre cómo superar la crisis energética y de precios provocada por el incremento de las tarifas del gas y su incidencia en el mercado global en el contexto geopolítico mundial.
No puedo evitar sentir frustración e indignación, igual que gran parte de la ciudadanía, al ver cómo se llega tarde y mal a dar respuesta a uno de los mayores retos de la humanidad: el cambio climático, del que hace décadas que tenemos evidencias científicas y alertas claras. Ya han pasado más de 30 años del primer informe del IPCC de NNUU, y hasta aquí hemos llegado regateando grados de temperatura que podamos gobernar como si de un juego macabro se tratara.
Tampoco puedo evitar sentir nostalgia cuando el próximo 17 de septiembre se celebrará en Madrid el X aniversario de la plataforma por un Nuevo Modelo Energético. En aquel tiempo era diputada en el Congreso por ICV, y tuve la oportunidad de asistir al nacimiento de un espacio plural, lleno de generosidad e inteligencia colectiva para hacer emerger en el debate público la injusticia del modelo energético, y especialmente los abusos y privilegios del oligopolio eléctrico surgidos de los procesos de privatización a medida del sector. España encabezaba los precios de la electricidad en Europa y estábamos en la cola de producción de energía renovable siendo un país rico en viento y sol.
En esta plataforma, ecologistas, sindicatos, ciudadanía organizada, empresarios concienciados y académicos aprendíamos juntos generando propuestas para avanzar en medidas concretas contra la pobreza energética, la dependencia exterior, la amenaza del fracking o los beneficios caídos del cielo del oligopolio. Nombres como Jorge Morales, Ladis Martínez, Cote Romero, Alba del Campo, Mario Sánchez y muchos más, de trayectorias diversas, nos encontrábamos en Lavapiés para configurar propuestas y priorizar las luchas.
Pero también eran años en que los ministros Cañete y Soria aprobaban, a golpe de decreto, decenas de medidas que ahondaban en las debilidades del sistema. Desde el impuesto al sol, el abandono de las políticas de ahorro energético, la apuesta decidida por el gas en connivencia con Convergencia i Unió (cuyo diputado portavoz hoy es el líder de la patronal Foment) o el cambio de la Ley de Costas. Y todo ello en diálogo permanente con el oligopolio, para aprobar a su medida cada decreto.
Fue en esos tiempos cuando el portavoz del PP me replicaba en sede parlamentaria que esto del cambio climático era como las profecías mayas. Sí, sí, real como el nivel de debate medioambiental de ese gobierno.
Fue una legislatura de denuncia y lucha tenaz. Nos encontramos con un muro político que bloqueó la transformación energética imprescindible e inaplazable que requería España. Y hoy estamos donde estamos. Porque igual que los incendios se previenen en invierno, la política energética requiere mirada larga y planificación. Reducir la dependencia energética exterior, apostar por las renovables, democratizar la energía y proteger a la ciudadanía ante los abusos del oligopolio exige valentía y altura de miras.
Ciertamente, el nuevo gobierno de coalición de izquierdas, después de años de destrozos, ha desandado parte del camino del PP con medidas importantes para favorecer las renovables, el autoconsumo o cuestionando la injusticia del mercado eléctrico también en Europa. La excepción ibérica es uno de los logros, pero corremos el riesgo de que sea una medida frágil y temporal. El mercado marginalista es un problema más allá de la crisis de oferta rusa. Demasiados intereses confrontados de cada estado, debido a la falta de modelo europeo, amenazan la viabilidad de los cambios que apuntaba Von der Leyen.
Así que, aunque es fundamental acelerar la agenda de cambio a nivel de estado y a nivel europeo, y no caer en los errores de siempre, como hacer macroproyectos al servicio del gas, también quiero señalar que durante esta década perdida han existido administraciones que han sido la resistencia y la esperanza.
Y esa plataforma creada hace 10 años, que tuvo en Catalunya su propia Alianza Contra la Pobreza Energética, impulsó espacios de empoderamiento para entender la perversidad del mercado. Estas escuelas ciudadanas generaron el conocimiento imprescindible para que, cuando en 2015 emergieron las ciudades del cambio, se aplicaran rápidamente medidas en este campo. Las ciudades han sido trincheras contra la pobreza energética, la desmercantilización de la energía, la rehabilitación orientada a la equidad en los barrios y la apuesta por el autoconsumo.
Desde Cádiz a Barcelona, las ciudades del cambio han creado servicios de atención a la ciudadanía, se han creado empresas municipales de comercialización o producción, se han cambiado ordenanzas para favorecer la sostenibilidad y el abastecimiento con energías limpias. Podemos decir que los deberes pendientes se empezaron a hacer cuando el poder, en algunos consistorios, lo han liderado personas no secuestradas por los discursos tradicionales, condicionados por los consejos de administración de Endesa o Iberdrola, sino escuchando esas auténticas escuelas de cambio de modelo energético. Escuchando los casos concretos, las historias de frío, de enfermos conectados a máquinas en su casa, de enfermedades provocadas por la falta de confort térmico, desde el conocimiento técnico y la experiencia cotidiana.
Y lo que planteo no es un relato. Hace unas semanas, Barcelona presentaba el balance del servicio que se creó a finales de 2015 para asesorar a la ciudadanía. Además de crear la comercializadora, Barcelona Energía, se pusieron en marcha Puntos de Asesoramiento Energético en toda la ciudad. Empezó en las tres áreas más empobrecidas de la ciudad, formando a personas en riesgo de exclusión social para que se convirtieran en agentes de cambio. Empoderamiento, relación entre iguales y defensa de derechos como clave del éxito. Este servicio, solo en 2021, ha atendido a más de 33.000 personas. Desde que se creó, y gracias a regulaciones promovidas por los movimientos sociales, se han podido evitar más de 100.000 cortes de luz de familias empobrecidas. Mientras las compañías hacen campañas de desinformación, en los puntos de asesoramiento energético de Barcelona se modifican las tarifas, se tramitan bonos sociales y se visita el domicilio para facilitar microrrehabilitaciones.
Cádiz ha sido otro ejemplo de apuesta por una política energética local. Utilizando la empresa pública, Eléctrica de Cádiz, para luchar contra la pobreza energética y concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de la energía como eje de transformación económica y local.
Valencia tienen también una potente estrategia de transformación energética que incluye asesoramiento a la ciudadanía en los barrios, promoción de distritos energéticamente neutrales o la apuesta clara por una movilidad sostenible en la ciudad.
Agradezco haber tenido el privilegio de ver nacer la plataforma y de aprender con ella esos años. También fue un privilegio haber participado del primer Gobierno de Ada Colau en Barcelona como teniente de alcaldía responsable de políticas sociales y, ahora, de poder seguir esa línea de trabajo al frente de los servicios sociales del Prat de Llobregat. Este municipio ecosocialista ha puesto en marcha la Casa de la Energía, un espacio de referencia para la ciudadanía, empresas, escuelas… El Prat lidera la puesta en marcha de la comunidad local de energía de mayoría pública más grande del Estado. Y lo hace implicando a empresas, escuelas y vecinos para compartir producción y consumo de energía. Un proyecto que tiene la huella de un luchador por el cambio de modelo energético como es Joan Herrera.
En definitiva, las ciudades van por delante. Son más ágiles y valientes. Se anticipan a los retos. Pero ese coraje de David contra Goliat lo necesitamos de manera urgente en todos los ámbitos de la administración. No podemos seguir llegando tarde. Si en 2019 el Gobierno aprobó el autoconsumo, ahora toca ir más allá. Los fondos europeos tienen que ir a parar a buenas manos. Debemos seguir cambiando la regulación en favor del bien común. Promoviendo las renovables, pero también la democratización y la proximidad con comunidades compartidas, como está impulsando Portugal. Las grandes energéticas amenazan la democratización de la transición verde y, ante este escenario, los municipios deben ser los socios prioritarios de cualquier Gobierno si realmente quiere plantar cara a un mercado energético que no responde a las necesidades sociales, ni ambientales ni económicas. Las ciudades valientes son las palancas de transformación que necesitamos.