No creo que me equivoque si imagino la reacción de entusiasmo que ayer tuvieron tanto PP y Vox como los miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ante la anulación por parte de estos últimos de aquellas partes de la Ordenanza en que se definen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio de Madrid.
Eso sí, en público, había que disimular.
Almeida, que accedió a la alcaldía de Madrid echando espumarajos por la boca por su posición contraria a las Zonas de Bajas Emisiones y que en su campaña en 2019 decía aquello de “Lo primero, se acabó Madrid Central”, ha reaccionado a la sentencia manteniendo su confianza en las Zonas de Bajas Emisiones, que ahora dice han sido un “éxito”. Eso sí, la alegría se le notaba cuando también aseguraba que solo recurrirá la sentencia en caso de que los servicios jurídicos estimen que el recurso tiene “viabilidad”.
Poquita vergüenza la de quienes hicieron una Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre que es una chapuza en muchos aspectos y, especialmente, en lo que se refiere al impacto económico de las ZBE. Porque ha sido ese el motivo que ha esgrimido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para estimar parcialmente los argumentos de Vox en relación con la insuficiencia argumental del impacto económico de la Ordenanza municipal. No se discute por el TSJ que el Ayuntamiento tiene capacidad para adoptar las medidas que entienda necesarias para proteger la salud y el medio ambiente. Tampoco cuestionan la necesidad de adoptar medidas de control de la contaminación atmosférica necesarias para garantizar, a la mayor brevedad, el cumplimiento de los valores límite de contaminación fijados por la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.
Pero dicen que eso hay que justificarlo porque, sin informe económico adecuado y una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes, se puede producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente.
La coartada de la banda del Madrid de los Humos compuesta por TSJ, PP y Vox, es tan simple como dolorosa.
Porque más cierto aún que los ramalazos fascistas a los que nos tiene acostumbrado Almeida, que dice que al menos “saben gobernar”, es que la excusa de la chapuza del informe de impacto económico no es suficiente para explicar este golpe a la salud de madrileñas y madrileños. El PP no dedicó en la Ordenanza ni 10 páginas de las casi 400 a analizar el impacto económico de la misma y de ellas casi todas a reseñar (corta y pega) las ayudas estatales, regionales y municipales para la adquisición de vehículos eficientes. Como si eso fuese suficiente para una adecuada y justa transición ecológica que no recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Pero tampoco a Vox ni al TSJ le importan las personas vulnerables en Madrid.
Explicar que a los de Ortega Smith les estorban quienes tienen una situación de mayor precariedad está de más, porque lo demuestran con todas y cada una de sus decisiones políticas.
Y cuando digo que al TSJ tampoco eso le mueve, tengo alguna que otra experiencia vital para acreditarlo. Baste solo poner el ejemplo de cómo en 2017 paralizó cautelarmente las inversiones financieramente sostenibles para impedir, por ejemplo, que se pusieran desfibriladores en los mercados municipales de Madrid porque podría suponer un problema a la estabilidad del Reino de España…
La paradoja es tremenda. El TSJ dice que la Ordenanza afecta presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales. Y esto no fue valorado porque deben establecerse medidas concretas que consideren las situaciones de vulnerabilidad de colectivos a los que deben ofrecerse medidas de apoyo en el proceso de transición. Como decía, esto le da igual al recurrente, me atrevo que decir que también al propio TSJ y, por descontado, al PP. Y ya tienen su triunfo contra “la agenda globalista, los ecologistas y las restricciones al uso del vehículo privado”. Pero, con la sentencia, ¿cómo quedan las personas “vulnerables económicamente” a las que dicen proteger con la misma?
Porque, como acertadamente han indicado repetidas veces personas doctas en la materia como Álvaro Fernández Heredia o Samuel Romero Aporta, gerente de la EMT y consejero delegado de Madrid Calle 30 en el gobierno de Ahora Madrid, se refieren solo a los vulnerables económicamente que van en coche. Porque a los que no van, que son mayoría, las Zonas de Bajas Emisiones les mejoran notablemente su movilidad y calidad de vida. Y es que la mayoría de la gente usamos el transporte público para movernos en la capital. De hecho, os voy a contar un secreto y es que la gente con menos ingresos no solo lo usa mayoritariamente, sino que no tiene otra opción.
Al mismo tiempo que, según datos del Consorcio Regional de Transportes, la demanda del transporte de viajeros aumentó en 2023 en Madrid el 17,9%, se redujo la oferta de Metro un 3,8% por falta de vehículos y personal e incrementó las frecuencias de paso de los autobuses de la EMT no por falta de buses (que esos se los dejamos comprados en nuestro período de gobierno) sino porque carecen de personas que los conduzcan.
Para eso no han tenido dinero ni Ayuso ni Almeida y tiene impacto. En concreto que, las personas que usamos el transporte público, vulnerables económicamente o no, vamos apilados como sardinas en lata en las horas punta y eso es difícil de disimular en un informe de económico riguroso. El remate para la ciudadanía lo proporciona la exasperante lentitud del Gobierno central y Renfe para atajar la falta de inversiones en el Cercanías que, si bien fue la red que más oferta incrementó en 2023, con un 3,4% de subida, mostró con claridad su insuficiencia para la demanda existente.
Aunque la resolución aún no es firme y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no soy nada optimista en lo que el gobierno municipal de Madrid finalmente decida.
Y no lo soy porque Almeida no ha hecho más que avanzar a regañadientes en materia de movilidad. Solo ha dado pasos obligado por las circunstancias y por la, gracias tendría que dar, excelente herencia recibida del gobierno municipal que le precedió.
Que haya dejado agujeros en las Ordenanzas para que sean recurridas por su ala derecha y sean tumbadas por esos jueces tan del PP, como diría Enrique López, no es el mejor motivo para pensar bien.
Frente a esa alianza de las derechas en Madrid en materia de movilidad, cabe reacción. La de la sociedad organizada en movimientos ecologistas, sociales y vecinales que tiene muy claro que esto va de cambiar hábitos y costumbres sociales, que es consciente de que supone tomar decisiones a veces incómodas y que hay que renunciar a la total disponibilidad de transporte individual para llegar a un modelo de movilidad realmente sostenible.
Y las organizaciones políticas de la izquierda deben estar al servicio de esa lucha para proporcionar una alternativa socialmente justa a su 'Madrid de los Humos'.