El 28 de abril se convocaron en Colombia manifestaciones para exigir la retirada de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, una reforma que incorpora un significativo aumento de impuestos para las clases media y baja y beneficios económicos para los grandes empresarios en medio de la mayor crisis social y económica en el mundo derivada de la pandemia. Aun en medio de un repunte por el COVID, la gente ha salido a manifestarse porque como lo sostienen en las calles: “Si un pueblo protesta en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un virus”.
La población se cansó de los abusos sistemáticos del gobierno de Duque, quien subió al poder como el candidato de Álvaro Uribe Vélez. Su gobierno se dedicó a cumplir las promesas de campaña de “destruir el acuerdo de paz” y no ha avanzado en su implementación. Ha fortalecido la política militar, recrudeciendo el conflicto, facilitando el fortalecimiento de grupos paramilitares y siendo completamente omisivo frente al asesinato sistemático que desde la firma del acuerdo se viene dando de excombatientes. Colombia es el país en el que más líderes sociales y medioambientales se asesinan en el mundo: sólo el año pasado 310 y eso que el país se encontraba en medio de un confinamiento estricto. Recordemos que en febrero se conoció que fueron 6402 las personas asesinadas entre 2002 y 2008 por agentes estatales y presentadas como bajas en combate en respuesta a la política militarista de “seguridad democrática” del entonces presidente Uribe. Esa misma lógica persiste hoy en el gobierno y está detrás de la represión y los asesinatos ocurridos durante las protestas.
Como resultado de la brutalidad policial hay más de 1700 personas agredidas, 830 detenciones arbitrarias, una decena de casos de violencia sexual y 37 personas asesinadas en 8 días, mientras la población resiste en las calles exigiendo el respeto por sus derechos. Aunque se ha anunciado la retirada de la propuesta de reforma tributaria, ésta será presentada de nuevo y la población continúa expectante.
Las manifestaciones se han prolongado y continúan en las calles. La organización “Temblores ONG” que trabaja por la protección de las víctimas de la violencia policial registró que del 28 de abril al 5 de mayo había 1708 casos de violencia policial, 37 homicidios a manos de la policía, 10 víctimas de violencia sexual, 222 casos de violencia física, y 831 detenciones arbitrarias. La represión policial en Colombia es abrumadora y la población se siente sola, luchando sin hacer eco, sin que la comunidad internacional fije sus ojos en lo que allí está ocurriendo.
Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué, Neiva, Pereira, Palmira, Buga, Manizales o Bucaramanga, se han convertido en auténticos campos de batalla, en los que unos llevan las armas y otros ponen el cuerpo. La militarización de las ciudades como respuesta a las movilizaciones en las calles ha sido la estrategia estatal: Policías que no portan su número de placa para que no les puedan identificar y tener así licencia para matar, jóvenes retenidos por la policía y llevados al coliseo de la ciudad en donde se denunciaron golpes y torturas al mejor estilo de las dictaduras militares, personas asesinadas con disparos a quemarropa sin el más mínimo respeto por la vida y por las leyes, generalmente estudiantes, personas que son sacadas de sus casas para ser golpeadas y otras que simplemente son agredidas por coincidir en el lugar de las manifestaciones. Por ejemplo, la noche del 2 de mayo en Cali, mientras se realizaba una movilización con velas y antorchas en conmemoración de las personas asesinadas en días anteriores por la policía, el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) irrumpió y disparó, asesinando a un joven de 21 años, mientras 85.000 personas que estaban en una transmisión en vivo por la plataforma de Instagram fueron testigos de ello. Quienes velaban la memoria de las víctimas tuvieron que presenciar un nuevo asesinato policial en directo. Se ha registrado el corte de electricidad e internet en sectores de Cali, para tener aisladas e incomunicadas a las personas que protestan y poder ser atacadas impunemente por la policía con armas de fuego.
Senadores del partido centro democrático le han pedido a Duque que decrete el estado de conmoción interior, que es un estado de emergencia consagrado en la constitución política que le da facultades al presidente para recuperar el orden; entre otras, tendría facultades como restringir las manifestaciones sociales, interceptar comunicaciones, limitar a los medios de comunicación para informar y suspender a mandatarios locales. Duque ha dicho que no descarta hacerlo.
La población sigue expectante a las decisiones del gobierno, así como a la nueva propuesta de reforma tributaria que presentará y sigue en las calles pidiendo ayuda al mundo y pidiendo justicia: justicia social por todas las necesidades a las que el gobierno sigue sin dar respuesta y justicia penal por todos los asesinatos de personas que han sido cometidos por los agentes del Estado con absoluta impunidad.
Esta verdad debe conocerse, hacerse visibilice, la comunidad internacional debe presionar, los organismos internacionales intervenir y fijar su mirada en el gobierno de Duque para parar la represión y el asesinato de civiles a manos de la policía. La población colombiana no puede seguir siendo asesinada mientras el mundo cree que Colombia es un remanso democrático que camina hacia la paz, olvidando que es el país que más desaparecidos tiene en América Latina, más que todas las dictaduras del cono sur juntas, un país regido por un gobierno heredero de un sistema de exterminio de la población que se presume democrático mientras reprime y asesina con toda impunidad a su población.