Las colosales inversiones militares previstas en el presupuesto de 2022

60 premios Nobel han promovido una petición para frenar el gasto militar mundial, carta en la que piden una reducción de un 2% durante cinco años. Un gasto que en 2020 ha sido cercano a los 2 billones y que representarían un ahorro de 40.000 millones de dólares anuales, que podrían en buena parte paliar las grandes necesidades sociales que padece la población mundial, especialmente el hambre (811 millones en 2021), el cambio climático y la guerra que obligaron a desplazarse a 82,4 millones en 2020.

Algo que ya pidió Naciones Unidas tras el final de la Guerra Fría en 1991 a través del PNUD, disminuir un 3% anual los denominados Dividendos de paz, con los que se pretendía ayudar al desarrollo de los países más empobrecidos y acabar con el hambre en el mundo. Pero las grandes potencias hicieron caso omiso de la petición y hoy se prosigue en una situación similar a la de aquella carrera armamentista que estuvo a punto de provocar una guerra nuclear.

Esto viene a propósito de la aprobación del presupuesto español para el año 2022, donde el gasto militar del Ministerio de Defensa, lejos de disminuir, aumenta un 7’5% con respecto a 2021. Un incremento que en buena parte se destinará a inversiones militares, pues los recursos destinados a armamentos serán de 4.581,5 millones, un 16,2% más que en 2021. Unas inversiones que suponen nada menos que el 21,3% respecto al total de las inversiones del Estado (las inversiones reales más los destinados a I+D). Un considerable aumento que induce a suponer que el Gobierno del PSOE con la aquiescencia (o silencio) de su socio Unidas Podemos, continúa apostando por invertir en la industria de armamentos como si ésta fuera un sector clave para el desarrollo de la economía del país. 

De ese total de inversiones, su mayor parte, 2.848 millones de euros, estarán destinados al pago de las deudas contraídas con las empresas por los grandes programas de fabricación de armas, que algunos tienen un desarrollo de hasta 25 años y que se denominan Programas Especiales de Modernización (PEM), y el resto a inversiones ordinarias en I+D militar, infraestructuras e instalaciones militares. Pero esos PEM no paran de aumentar, este mismo año 2021 se han incrementado con cuatro nuevos: el desarrollo del futuro avión de combate Sistema de Combate Aéreo (FCAS), en el que junto a España participan Francia y Alemania por un importe de 2.500 millones de euros; la adquisición de tres aviones A330 multipropósito de reabastecimiento en el aire con un coste de 810 millones; y los helicópteros H135 de un gasto de 178; y un Buque de acción marítima BAM-IS por un importe de 166,46 millones.

Los analistas en economía señalan que gracias a la llegada de las ayudas previstas de la UE de 27.633 millones este presupuesto de 2022 es expansivo, pues en su mayor parte se destinarán a inversiones, ayudas en I+D+i y a la digitalización, lo cual ha permitirá destinar la mayor parte del presupuesto corriente (el 60%) a gasto social y así poder aumentar las prestaciones entre otros, a pensionistas, funcionarios, desempleo, ayudas a la dependencia, acceso a la vivienda o al pago del ingreso mínimo vital. Sin duda que la propuesta del presupuesto de 2022 en muchos aspectos podría ser mejorable, como lo demuestran las enmiendas presentadas durante el trámite parlamentario, pero así y todo, continúan teniendo un enorme déficit en el ámbito militar, espacio por donde se escapan enormes recursos que destinados a otras áreas producirían más beneficios para la sociedad. Un gasto militar al que parece imposible imponerle recortes, tanto a las inversiones en nuevos armamentos, como a las ayudas en I+D que se destinan a las industrias militares para desarrollar esas armas. Un enorme agujero negro de grandes proporciones que engulle cuantiosos recursos que no aportan ningún beneficio social para la población, sino al contrario, substraen recursos que destinados a los ámbitos del desarrollo de la economía ecosocial contribuirían a mejorar la vida de la población española, en especial, la de la más necesitada.

Es por esta razón que hay que mostrarse muy crítico con unas cuentas que permitirán, gracias a las ayudas europeas, invertir en el desarrollo de nuevos programas de armas, pues, aunque los recursos provenientes de la UE tienen un carácter finalista y solo se destinarán 26 millones a ese menester, sí que permitirán que los recursos propios del Estado se destinen a continuar invirtiendo en nuevas armas como así ocurre en el presupuesto previsto para 2022.

Un gasto militar español que continúa prisionero de la inercia de aportar recursos al ámbito industrial militar creyendo con ello que se está contribuyendo al bienestar de la población, cuando, por el contrario, se está invirtiendo en políticas devastadoras para el bien común, pues las inversiones armamentos, en I+D militar y en el mantenimiento de una gran fuerza militar como es el ejército español solo contribuye a robustecer la seguridad de las potencias militares occidentales, Estados Unidos y Unión Europea (OTAN y futura PESCO) y en reforzar el modelo económico extractivista de las grandes corporaciones transnacionales que esos Estados apoyan y que tienen sometido al planeta en la crisis socio ecológica que amenaza la supervivencia de la humanidad. Unos Gobiernos que lanzan mensajes mendaces sobre las bondades de una industria militar (la gran beneficiaria del gasto militar), que crea puestos de trabajo, ayuda al desarrollo tecnológico del país a través de la I+D+i pues fortalece el crecimiento y enriquecimiento de la economía. Cuestiones que han sido extensamente analizadas por otros muchos investigadores que demuestran precisamente lo contrario. Como simple ejemplo, cabe recordar el “milagro” económico de las devastadas Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial y como se desarrollaron rápidamente gracias a la prohibición de tener ejército e industria militar.

Presionemos al Gobierno de España para que siga el consejo de los premios Nobel en reducir en un 2% el gasto militar. Y no en la seguridad humana, que se fundamenta en la defensa de las necesidades de la población (salud, trabajo, bienestar, vivienda, coberturas sociales, medio ambiente sano, etc.).