Tras conocerse el pacto entre PSOE y ERC sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña (y del resto de comunidades autónomas del Régimen Común, aunque la derecha intente omitir esta información para desacreditar el pacto), se ha generado un debate en torno a si dicha medida sería pertinente y justa.
Quienes se posicionan a favor suelen argumentar que la deuda de las comunidades autónomas es demasiado elevada por motivos ajenos, ya sea por el ciclo económico (que afecta asimétricamente a las regiones) o por falta de recursos debido al sistema de financiación autonómico; reducir la carga de la deuda permitiría pagar menos por intereses y también posicionar mejor a los gobiernos autonómicos de cara al mercado de deuda. Quienes se posicionan en contra suelen argumentar que se generarían incentivos perversos a seguir endeudándose (a sabiendas de que el gobierno central podría volver a reducir su carga en el futuro) y que la condonación de deuda afectaría asimétricamente (positiva e incluso negativamente) a las comunidades y/o a los ciudadanos que residen en ellas. A continuación voy a explicar por qué estas últimas posiciones no tienen fundamentos sólidos.
Antes de nada es imprescindible entender bien cómo funciona el conjunto del sistema de gasto y financiación de las comunidades autónomas, algo que parece desconocer la mayoría de los críticos a esta propuesta de condonación de deuda. Si uno no tiene toda la información, su juicio estará necesariamente errado.
En primer lugar, las comunidades autónomas tienen bastante margen para decidir cuánto dinero público gastan e invierten. Esto conlleva que algunas lo hagan en mayor cantidad que otras. Por ejemplo, en educación, sanidad y servicios sociales (que son las competencias más importantes de las autonomías), Extremadura dedicó 3.463 euros por persona en 2022, mientras que Madrid lo hizo en 2.684 euros. Esto es un punto de partida muy importante de cara al asunto de condonación de deuda porque, manteniendo todo lo demás constante, las comunidades que más gastan tendrán peores números en sus cuentas públicas y, por tanto, más deuda.
En segundo lugar, las comunidades autónomas tienen cierto margen para decidir cuánto dinero ingresan a través de sus tributos. Por un lado, tienen competencias para aumentar o disminuir la recaudación de los impuestos que les ha cedido el Estado, como el 50% del IRPF, el Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otros. Y es bien conocido que las regiones gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza, han reducido notablemente sus ingresos por este tipo de impuestos. Por otro lado, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de crear nuevos impuestos propios, de forma que unas pueden crear más que otras. De hecho, en un extremo nos encontramos a Madrid, que actualmente no tiene ningún impuesto propio, y en el otro a Cataluña, que actualmente tiene once. De nuevo, el nivel de recaudación elegido a través de estos tributos influirá sobre el nivel de deuda pública, aunque en este caso no mucho por lo que veremos en el siguiente punto.
En tercer lugar, desde 2009 nuestro Estado cuenta con un complejísimo sistema de financiación autonómica que, a través de la entrega –por parte de las comunidades– del 75% de la recaudación de los tributos cedidos por el Estado y del cobro de numerosas transferencias, persigue equilibrar la prestación de servicios públicos de todas las comunidades autónomas así como su nivel de desarrollo económico. Es bien sabido que no todas las regiones están igualmente desarrolladas, y de ahí que este sistema intente que las más afortunadas contribuyan más para favorecer solidariamente a las menos afortunadas. Pero resulta que el diseño del sistema es tan confuso, opaco y complejo –así como condicionado por cuestiones políticas–, que no está nada claro que logre su objetivo. La falta de resultados claros, la opacidad del sistema y las distintas interpretaciones que puede recibir, sumado a los dos puntos anteriores de flexibilidad de gasto e ingresos propios, conllevan que prácticamente ninguna comunidad autónoma está contenta: unas creen que aportan demasiado al sistema y otras creen que reciben demasiado poco.
Y con esos peliagudos y confusos mimbres se llegó a la crisis económica iniciada en 2008, cuyos efectos se hicieron notar en las cuentas públicas a partir de 2012 (precisamente por el retraso en la ejecución del sistema de financiación que justamente nació en 2009). El hundimiento de los ingresos tributarios derivados de la burbuja inmobiliaria provocó un notable déficit que se tuvo que cubrir con deuda. Pero como financiarse en el mercado salía muy caro (recordemos los problemas que tenía España entonces con su prima de riesgo), el gobierno del Partido Popular aprobó en 2012 varios mecanismos para que la Administración Central prestara dinero a las comunidades. Uno de ellos fue el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que tanto se habla hoy porque la deuda que generó es la que se pretende condonar parcialmente ahora. Por cierto, nótese la abismal diferencia con la política adoptada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos durante la crisis económica de 2020: frente a una también acuciante necesidad de ingresos, en vez de endeudar a las comunidades, simplemente se les otorgó transferencias extraordinarias. ¡Cuántas polémicas nos estaríamos ahorrando ahora si el gobierno de Rajoy hubiese hecho lo mismo!
El caso es que todo este resumen de los hechos pasados nos ayuda a posicionarnos con más información y solvencia frente al debate de la condonación de la deuda. En primer lugar, no tiene sentido preocuparse por los incentivos a que las comunidades sigan endeudándose porque, si el Estado quisiese, podría mejorar el sistema de financiación autonómico o incrementar las transferencias extraordinarias para que las comunidades no tuviesen que seguir contrayendo tanta deuda. Esto último ya se ha estado haciendo desde 2020 tras la pandemia y no ha habido ningún problema ni polémica en ello.
En segundo lugar, quienes dicen que la condonación de parte de la deuda del FLA favorecería más a las comunidades que más deuda tienen de ese tipo (pues no todas tienen el mismo volumen, incluso algunas no tienen nada) no entienden que las vías de financiación de las autonomías son variadas y que el Estado tiene mil formas de compensar a las comunidades sin necesidad de modificar su deuda debido al FLA. Por ejemplo, que Madrid no tenga deuda derivada del FLA no impide que la Administración Central pueda beneficiarla de otra forma.
En tercer y último lugar, quienes dicen que la condonación de la deuda de las comunidades alivia la carga fiscal de los ciudadanos de esas comunidades pero que empeora la carga fiscal de todos los ciudadanos del país simplemente no entienden que, si se beneficia a todas las comunidades más o menos por igual, el impacto neto en el conjunto del país sería nulo. Trasladar deuda de las administraciones territoriales a la administración central es básicamente un apunte contable que no tiene impacto económico ninguno. Es como si una persona se pasara el dinero de un bolsillo del pantalón a su monedero: las cuentas de esa persona ni mejorarían ni empeorarían, se quedarían exactamente igual.
Además, no olvidemos que quienes pagan los impuestos no son las comunidades autónomas, sino las familias y las empresas de todo el país. Mientras se mantenga un sistema impositivo progresivo que haga que sean los agentes económicos más adinerados los que paguen proporcionalmente más, la redistribución de la renta será siempre desde abajo a arriba, no desde un territorio a otro. Claro está que hay territorios en los que hay más familias y empresas adineradas, y por eso puede dar la sensación de que el dinero sale de ese territorio para ir a otro. Pero eso es una ilusión; en realidad el sentido de la renta es vertical, no horizontal.
Por último, quiero dejar claro que no estoy proponiendo que las comunidades autónomas tengan vía libre para gastar y/o endeudarse todo lo que quieran. La responsabilidad en la utilización del gasto por parte de las comunidades es un tema serio sobre el que hay que actuar para evitar despilfarros e ineficiencias, pero debería ser abordado con mejores controles democráticos y de evaluación de políticas públicas; no con límites arbitrarios a la financiación o al endeudamiento.
En definitiva, condonar deuda a Cataluña y al resto de comunidades autónomas es pertinente, de justicia, y no acarrearía ningún coste económico.