Hay dos temas que han puesto a la Comunidad de Madrid en la agenda política en las últimas semanas: la operación Lezo, que ha confirmado quién es el Partido Popular madrileño, y la moción de censura. Ambos han terminado con el espejismo de que Cristina Cifuentes era la “cara de la regeneración”. Sólo hay un Partido Popular y funciona de la misma manera desde hace más de dos décadas.
Pero hay un tercer asunto que nos lleva acompañando varios meses: la sanidad. Todas las semanas por los medios conocemos un techo que se cae en algún quirófano, camas que se pagan de más, plantas de hospitales cerradas, compras irregulares, mala gestión...
Durante los últimos veinte años se ha ejecutado una política de privatización y precarización que ha ido desmontando el sistema de salud madrileño; nuevos hospitales privados que se conciertan mientras se despide a casi 5.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública; siete nuevos hospitales propiedad de constructoras por el sistema “hipoteca” que dejan paradójicamente un menor número de camas que antes de hacerlos; y así podríamos seguir.
Mientras esto se producía, los diversos consejeros de sanidad madrileños fueron llenando la agenda de frivolidades que, si bien terminaban con ellos, permitían mantener el proceso de precarización sin alteración.
Manuel Lamela firmaba los contratos de los hospitales hipoteca mientras acusaba al Dr. Montes de hacer sedaciones indebidas. Mientras la luna se eclipsaba, todos miramos el dedo. Nadie recuerda el nombre de ningún consejero de los gobiernos de Aguirre, González o Cifuentes; sólo los que están imputados por corrupción o los de sanidad.
Lamela, Güemes o Lasquetty son conocidos por sus formas; Javier Rodríguez porque acusó a la enfermera que se infectó de ébola de mentir; y ahora Sánchez Martos por sus abanicos de papel para combatir los golpes de calor. Nos reímos, nos indignamos y todos acaban saliendo por la puerta de atrás. Pero el proceso de destrucción de la sanidad sigue con normalidad.
Esta semana el consejero de Sanidad está llamado a comparecer ante la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid. El objeto es el sistema de pago de los siete hospitales hipoteca. Una inversión de 640 millones de euros en siete edificios por un sistema de pago a treinta años por el cual se acabará pagando más de 3.000 millones de euros; cinco veces más.
Unos hospitales que a diez años de su inauguración en 2007 ya estarían pagados, pero sobre los que tenemos una hipoteca de veinte años más. El presupuesto de la Comunidad de Madrid recoge este año 102 millones de euros para ese canon; es decir, que nos quedan algo más de 2.000 millones todavía por pagar. ¿Qué se podría hacer con este dinero en la sanidad madrileña?
Por la Comisión de Endeudamiento han pasado en los últimos meses gerentes de hospitales, constructoras, concesionarias y ex altos cargos. A todos se les ha preguntado qué se paga realmente con ese canon y hasta el momento se dispone de cinco versiones distintas.
Así de opaco es el sistema; tiene esa oscuridad que facilita que se pierda el rastro del dinero. Esperanza Aguirre ideó el sistema, Cristina Cifuentes lo alimenta y las cuentas siguen sin salir. Los contratos son extremadamente lucrativos para las constructoras –casi la totalidad de las mismas en los sumarios de las tramas de corrupción– y ruinosos para la salud de los madrileños. Nos encontramos en el campo de la administración desleal, que es la prima hermana de la malversación de fondos.
Mientras seguimos pagando, nuestra conversación es el dobla-dobla de los abanicos. El Sr. Sanchez Martos tendrá que dimitir o será cesado por la presión política y social, pero vendrá alguien nuevo con la orden de mantener la privatización y de sacarse de la chistera algún conejo que nos distraiga.
La próxima vez que un consejero tenga una nueva frivolidad no hay que mirar el dedo, hay que mirar a su gestión: opaca y desleal. Porque nuestra salud y nuestro dinero han encontrado un nuevo sumidero en forma de canon y es el momento de resolverlo. Lo haremos con la política o con la justicia.