El artículo 2 de la Constitución fue objeto de un debate político especialmente intenso cuando se elaboró el texto. Su génesis muestra la relevancia que tuvo en el momento del pacto constitucional la cuestión territorial en España y cómo esta cuestión formaba parte esencial del acuerdo político que permitió establecer los fundamentos del nuevo Estado constitucional.
En aquel momento se evidenció que la definición del modelo territorial no obedecía tanto a la necesidad de establecer una organización descentralizada del Estado, como a la voluntad de reconocer y dar contenido a las reivindicaciones de los territorios de España con características nacionales. El hecho plurinacional estuvo muy presente entonces y, como es sabido, la solución de compromiso fue la utilización del término nacionalidad para evitar el de naciones, pero estableciendo, a su vez, una diferencia con el término regiones. En cualquier caso, es indiscutible que el artículo 2 de la Constitución asume el concepto de plurinacionalidad pues es difícil establecer una diferenciación sustantiva entre el concepto de nación y el de nacionalidad.
Este componente plurinacional de España también se refleja, por cierto, en otros elementos constitucionales, como es el caso de la referencia que hace el Preámbulo de la Constitución a los pueblos de España como entidades colectivas definidas por sus culturas, lenguas e instituciones propias; o de las previsiones contenidas en el artículo 3 respecto a la oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano y su condición de patrimonio cultural común que debe ser objeto de especial respeto y protección; también, desde luego, con una fórmula constitucional de reconocimiento de la autonomía especialmente abierta y flexible y que integra un alto potencial asimétrico.
Me parece oportuno recordar todo esto porque se trata de unas previsiones constitucionales que son especialmente importantes para legitimar y entender, por poner un ejemplo, el reciente acuerdo político sobre el uso de las lenguas en el Congreso de los Diputados; porque este acuerdo no es una cuestión anecdótica o un gesto de cara a la galería, sino algo perfectamente coherente con una de las almas de la Constitución, el alma de la diversidad frente a la de la uniformidad. El compromiso que expresa el artículo 2 de la Constitución entre el principio de unidad y el reconocimiento del carácter plurinacional de España.
Tuve ocasión de seguir de cerca el debate político en Canadá después del referéndum de secesión del Quebec de 1995 y de la decisión del Tribunal Supremo de 1998. En aquel momento el debate político y académico era especialmente intenso y rico y me sorprendió constatar cómo uno de los principales argumentos que utilizaban los federalistas canadienses para oponerse a la independencia de Quebec era que esa independencia haría perder al Canadá una parte de su esencia como país y Estado. La oposición a la secesión no era tanto por una cuestión de integridad territorial sino de permanencia y continuidad de un Estado que se define precisamente por su componente plurinacional. Una visión que concibe este pluralismo no solo como algo a respetar, sino como algo que forma parte de un ser. Una visión totalmente alejada, como es obvio, de otra que omite este hecho objetivo para presentar la realidad política, social y cultural de un país como algo uniforme cuando la realidad se empeña en demostrar que no es así.
No es ningún secreto que la pluralidad nacional, la diversidad o la diferencia por razones políticas, culturales, lingüísticas y sociales, no tiene, en general, buena acogida en España. Mucha gente, demasiada, no la quiere ver o, peor aún, la ve como una anomalía que no debería existir en beneficio de la igualdad y no duda en presentarla como una fuente de privilegios y de insolidaridad. También ocurre que los que defienden esta posición uniformista suelen ser los que más se amparan en la Constitución con una particular y sesgada interpretación de la misma.
Muy poca gente ve en la Constitución, ni quiere verlo, un pacto político para el reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ni concibe que Cataluña constituya una realidad política y social diferenciada con lo que esto representa. Se quiere a Cataluña dentro de España, pero sin reconocer su identidad política, social y cultural. Se quiere una Cataluña asimilada, no una Cataluña con entidad propia. Es esta una visión que nada tiene que ver con el patriotismo de los federalistas canadienses del que hemos hablado. No creo exagerar si digo que este es uno de los principales fracasos del desarrollo constitucional, que explica muchas cosas sobre los acontecimientos vividos en Cataluña después del fiasco que supuso el Estatuto de 2006.
Pretender convertir en irrelevante el alma plurinacional de la Constitución ha sido una gran torpeza política y ha llevado a una situación muy difícil de revertir; porque con ello se niega una realidad que, cómo es lógico, se obstina en hacerse presente. Es tan obvio como constatar hasta que punto la formación de un nuevo Gobierno depende hoy de unos partidos políticos cuya misma existencia es la prueba del algodón de que España es un realidad plurinacional.
La miopía de muchos no les permitió ver lo que se jugaba con el Estatuto de 2006. Fue el inicio de la desconexión que buena parte de la sociedad catalana ha interiorizado como reacción a lo que considera un menosprecio de su identidad, que ya no ve garantizada dentro del marco constitucional. La opción por la independencia es la consecuencia directa de ello pues cuando a alguien se le quita el oxígeno para respirar, intenta obtenerlo por otro medio. Es bastante ingenuo que quien se lo arrebata piense que el afectado se va a resignar cuando debería saber que la capacidad de resistencia y resiliencia de Cataluña es especialmente alta, como demuestra su historia.
Después de lo ocurrido con el procés parece muy difícil revertir la situación. Estamos en una sociedad cada vez más polarizada y en Cataluña existe una grave crisis de consentimiento respecto de la Constitución. No soy nada optimista sobre la posibilidad de poder recomponer una crisis de confianza del calibre de la que existe en Cataluña. Posiblemente ya sea tarde para que los que han desconectado de la Constitución vigente crean que aún puede ser de alguna utilidad; y digo la Constitución vigente porque no se dan, hoy por hoy, las condiciones necesarias para contemplar el escenario de su reforma.
Sin embargo, si aún queda algún margen, este sólo puede pasar por dar verdadero contenido al alma plurinacional de la Constitución y extraer de ella todo su potencial. Este potencial existe y puede tener diferentes e importantes formas de aplicación, si hay voluntad política de explorarlo (en otro momento podemos hablar de ello). Ciertamente, no deja de ser una fórmula de compromiso, pero no por ello menospreciable ante la situación de enquistamiento en la que estamos y ante la evidencia que, visto lo ocurrido en los últimos años, no parece que nadie pueda salir vencedor de la disyuntiva entre asimilación o emancipación.