Cooperar para mejorar
Si algo ha demostrado la sociedad española es su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Qué duda cabe que parte de esta capacidad reside en un sentido de la solidaridad muy extendido y firmemente implantado en todos los sectores sociales y en todo el espectro ideológico. Existe una preocupación por los otros y por el bienestar colectivo que traspasa las barreras sociales e ideológicas, aunque, lógicamente, se concrete de diversas maneras.
Este sentido de la solidaridad es una muestra de la madurez y responsabilidad que también han demostrado nuestros conciudadanos en las situaciones más dramáticas.
Cierto es que estas cualidades ejemplares de la sociedad española contrastan a menudo con las actitudes de quienes, desde puestos de responsabilidad pública, hacen trampas para obtener ventajas políticas y materiales a costa de lo que tenemos en común: los recursos públicos y los derechos y libertades, es decir, la democracia.
La sociedad civil coopera, innova, tiene una enorme capacidad de generar riqueza y de solucionar problemas. Fuera del mercado y del Estado existe un espacio público de un enorme dinamismo, capaz de llegar allí donde aquellos no son capaces de hacerlo, bien sea por razones de índole burocrático, político o económico. Se trata de un ámbito, distinto al de la prestación de servicios públicos, donde tienen lugar experiencias relacionadas con el impulso del deporte de base, con la recuperación del espacio urbano, con la solidaridad ciudadana y el apoyo a los más vulnerables, la creación artística, la innovación tecnológica... donde se producen soluciones creativas que, con el tiempo, a veces, se convierten en políticas públicas. La gente, la sociedad, va por delante de las administraciones y del mercado.
Quienes gobernamos tenemos que estar a la altura, abrir cauces y facilitar el despliegue de toda esa enorme iniciativa social de forma equitativa. Reconocer esa capacidad, ofrecer medios para su desarrollo y marcos normativos que doten de seguridad jurídica y transparencia a esa cooperación entre la sociedad civil y la administración es una tarea de primer orden para una gestión pública más democrática y moderna.
Madrid avanza en esta dirección con la aprobación, esta semana, de la Ordenanza de Cooperación Público-Social, que dotará al gobierno local y a las organizaciones de la sociedad civil de nuevas herramientas para el trabajo conjunto en aras del bien común.
