El domingo 15 de diciembre a las 13.55 h. terminaba la Conferencia de Cambio Climático más larga de las 25 conferencias anuales que se han realizado desde la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en la Cumbre de Río 92 con el objetivo de evitar que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de origen antropogénico provoquen una alteración peligrosa del sistema climático.
Carencias
Aunque la COP25 Chile-Madrid estaba considerada como una cumbre climática de alcance limitado, tenía su importancia tanto política como técnica: políticamente representaba una oportunidad para aumentar lo que se conoce como ambición climática; técnicamente debía adoptar las reglas sobre el comercio mundial de emisiones. Sin embargo, no ha conseguido alcanzar ninguno de los dos objetivos, de ahí que tanto las organizaciones de la sociedad civil -ecologistas, jóvenes, indígenas, sindicatos e incluso los representantes empresariales-, como los medios de comunicación la hayan caracterizado como decepcionante. Este sentimiento también fue compartido por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “Estoy decepcionado con los resultados de #COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré”.
En relación a la ambición climática, se trataba de conseguir para antes de 2020 un compromiso de incremento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, en cantidad y plazos suficientes para garantizar que el aumento de temperatura no supere 1,5 grados centígrados y en ningún caso los 2 grados, que se superarán ampliamente con los compromisos actuales. Si bien la Unión Europea anunció su compromiso de ir a emisiones cero en 2050 y reducir un 55% sus emisiones para 2030, y aunque más de veinte nuevos países se han comprometido también a reforzar sus objetivos determinados de reducción, siguiendo el ejemplo de los 66 que ya lo hicieron en septiembre en la cumbre climática de Nueva York, a los que se han sumado unas 400 ciudades, 800 empresas y 16 grandes inversores; los compromisos actuales siguen siendo claramente insuficientes.
Algunos de los países que se mostraron reticentes a una declaración más ambiciosa, como China e India, manifestaron que no apoyarían un lenguaje fuerte para aumentar la ambición sin un llamamiento similar para que los países más ricos brinden el financiamiento y el apoyo prometidos a los países en desarrollo.
Finalmente, los textos aprobados en la COP25 sobre esta materia, que piden a los países aprovechar la oportunidad para mejorar sus planes nacionales a lo largo del próximo año, no han logrado el suficiente consenso como para figurar en el lugar preferente que merecían, lo que refleja la debilidad de este llamamiento.
Uno de los focos decisivos de esta Cumbre era la regulación del comercio de emisiones, contenido en el artículo 6 del Acuerdo de París, para incentivar de la manera más eficiente la reducción de emisiones con la participación incluida del sector privado, así como otros mecanismos con enfoques no de mercado, la COP25 no ha sido capaz de alcanzar el consenso suficiente para aprobar un acuerdo.
Las posiciones siguen muy alejadas en este tema en relación a los principales asuntos en debate, que van referidos a cómo asegurar la suficiente transparencia de los mecanismos, a cómo evitar la doble contabilizaron de las reducciones de emisiones, y a cómo garantizar la consistencia medioambiental de los proyectos, así como el respeto de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos que obtura el consenso sobre un mecanismo efectivo de comercio mundial es la dificultad para establecer una línea base de emisiones sobre las que vender o comprar emisiones que incentive la reducción, dado que el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, se basa en un sistema de compromisos de reducción voluntaria por parte de cada país de forma que cuanto menor sea su ambición climática menos tendrá que comprar y más podrá vender.
Además en este asunto la Unión Europea se muestra especialmente exigente, ya que tiene en funcionamiento un Sistema Europeo de Comercio de emisiones, conocido como ETS, que parte de una línea base establecida obligatoriamente para cada país y teme que un mecanismo poco transparente y eficiente, no sólo no sea operativo en términos de reducción, sino que hunda el sistema de comercio europeo ahora que por fin, a 25€ la tonelada de CO2, está funcionando como incentivo para reducir emisiones y emplear tecnologías de bajas o nulas emisiones y como desincentivo para el uso tecnologías, como las centrales térmicas, que debido a sus altas emisiones dejan de ser competitivas.
Resultados
Que la COP25 no haya resuelto estos asuntos cruciales, no significa que la cumbre no haya servido para nada. Por una parte, se reafirmó el rol del multilateralismo para conducir los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La no realización de la COP habría significado más frustración y desesperanza y un retroceso muy peligroso para la agenda climática que necesita fortalecerse y no debilitarse. La iniciativa española de acoger la Cumbre en Madrid tiene un inestimable valor político que agradecer.
Por otra parte, la Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el liderazgo de la agenda climática mundial al declarar la urgencia climática por el Parlamento Europeo y al presentar el Green New Deal, un plan de acción verde para reducir las emisiones a cero en 2050. Sin lugar a duda, la implementación de este plan, con la movilización de los recursos de inversión necesarios, posicionará a la Unión Europea como un ejemplo a seguir por el resto del mundo de que otro modelo productivo y una economía descarbonizada son posibles.
También es importante destacar algunos avances en los contenidos adoptados en la Cumbre en temas como océanos, género y transición justa.
La inclusión de una agenda de actuación oceánica es clave para enfrentar la crisis climática, tal como señala el Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante. Esta incorporación tiene como antecedentes la Iniciativa Because the Ocean que se viene impulsando desde su lanzamiento en la COP21 en Paris 2015. Allí 23 países firmaron la primera Declaración que proponía la realización del informe especial por parte del IPCC en torno a la situación de los océanos. A día de hoy, la Iniciativa cuenta con 39 países adscritos que promueven la inclusión de los océanos en la agenda climática.
Uno de los resultados más relevantes es la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género, conocido como GAP por sus siglas en inglés. El camino no fue fácil, debido a las fuertes resistencias de algunos países durante las negociaciones, pero el resultado es muy favorable: contiene referencias claras a los derechos humanos, la transición justa y la Agenda 2030 de Naciones Unidas; además el Fondo Verde para el Clima -mecanismo diseñado para ayudar económicamente a países en desarrollo en la adaptación y mitigación del cambio climático- tiene una referencia al GAP, lo que implica que los mecanismos de financiación lo reconocen como instrumento a implementar.
Finalmente, uno de los progresos con más influencia de futuro se dio en materia de transición justa. No solo se reafirmó el mandato del Acuerdo de París que incorpora la necesidad de “tener en cuenta los imperativos de una reconversión o transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”, sino que además este concepto ha sido incorporado a muchos de los acuerdos específicos, tales como el mencionado plan de acción de género o el plan de trabajo de medidas de respuestas para hacer frente al cambio climático.
La presencia de la transición justa en la COP25 tuvo su momentum con la llegada del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, junto al Director General de la OIT, Guy Ryder, para presentar la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo, adoptada en la pasada Cumbre Climática de Nueva York a la que se han adherido ya 46 gobiernos de todo el mundo y que implica compromisos de adoptar planes nacionales de transición justa. Ambos mandatarios internacionales son muy conscientes de que las medidas para descarbonizar la economía implican una transformación de los sistemas energéticos y productivos de tal magnitud, con impactos sociales tan sensibles en un mundo lleno de injusticias y desigualdades, que solo serán posibles si se realizan a través del diálogo social con criterios de transición justa en el entorno laboral, porque como dijo el Director General de la OIT “si el cambio climático es una consecuencia de la actividad humana, entonces esa actividad es en su mayoría actividad laboral o vinculada al trabajo”. Por ello la transición justa laboral y el trabajo decente deben ser, como dice el Acuerdo de París, un elemento central de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, involucrando a los actores centrales del mundo del trabajo: gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores.
La transición justa no es sólo un concepto, sino una guía para la acción con resultados exitosos, como lo demuestra la Estrategia de Transición Justa contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que guía el proceso de cierre de las minas y centrales térmicas del carbón en España, a través del diálogo social con sindicatos, empresas y autoridades locales. Proceso que está siendo reconocido internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas.
Transición justa significa que la transición energética debe hacerse con creación de muchos más empleos de los que se destruyen, con protección social y formación continua para las personas afectadas, con erradicación de todas las formas de discriminación y desigualdad social. Solo de esta forma será posible la transición energética urgente a una economía baja en carbono, única forma evitar un cambio climático tan disruptivo que amenaza con desembocar en un colapso socioambiental de consecuencias humanas catastróficas.