Los hechos se suceden con tal vértigo en Europa y España que quizá a muchos les haya pasado desapercibido un acontecimiento estremecedor, un viaje tenebroso al corazón de las tinieblas, que está teniendo lugar en estos precisos momentos en el otro lado del Atlántico, en Colombia. Me refiero a la audiencia de los ‘falsos positivos’ que se desarrolla en la JEP (siglas de Jurisdicción Especial para la Paz), un tribunal especial creado en 2016 en el marco del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la mayor guerrilla de entonces en el país, las FARC.
‘Falsos positivos’ es el nombre con que se conocen miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por el Ejército colombiano para exhibir ante la opinión pública resultados alentadores en la lucha contra la guerrilla y obtener a cambio licencias, condecoraciones y ascensos. Las víctimas, en su mayoría jóvenes estudiantes o desempleados, eran secuestradas o atraídas a otras regiones con falsas promesas de empleo, tras lo cual eran asesinadas en algún paraje debidamente seleccionado y presentadas ante los medios como insurgentes muertos en combate. Para conseguir el efecto deseado se les ataviaba como guerrilleros y se les acomodaba entre sus manos inertes un fusil para hacer más verosímil la escena. En algunas ocasiones los verdugos no tenían suficientes precauciones y calzaban a sus víctimas las botas al revés, lo que avivó la sospecha de que se trataba de un montaje.
Esta práctica macabra se remonta a finales de los años 80, pero alcanzó su paroxismo bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su denominada “seguridad democrática”, estrategia que le granjeó al presidente la admiración de los círculos del establishment europeo y de grandes grupos mediáticos. Según la JEP, entre 2002 y 2008 se produjeron 6.402 casos de ‘falsos positivos’, cifra que se ha convertido en un icono en los eslóganes de protesta contra una de las etapas más polémicas de la historia reciente del país suramericano. El supuesto éxito de la seguridad uribista se asentó, según las denuncias de sus detractores, sobre una estrategia de terror y montones de cadáveres de inocentes.
Este miércoles, Colombia asistió sobrecogida al comienzo del juicio por el ‘caso 03’, como identifica la JEP el capítulo de los ‘falsos positivos’. Sentados en el escenario de un teatro en Ocaña, una pequeña ciudad del noreste del país que fue escenario de muchos de los crímenes, un general retirado, otros nueve militares y un civil contaron su versión de lo ocurrido ante centeneras de familiares de sus víctimas, en un acto que fue transmitido en directo por el canal de la JEP. “Quiero hoy que el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno”, dijo el excabo Néstor Guillermo Gutiérrez en una de las intervenciones más conmovedoras. En otro momento del acto, el general retirado Paulino Coronado dijo: “Quiero expresarles que siento un gran remordimiento que me lacera el alma. Sé que afectamos a familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Les dejamos un gran vacío”. Pese a las enfáticas declaraciones de culpabilidad y arrepentimiento de los procesados, los familiares de los fallecidos, que vestían camisetas negras con la leyenda “¿Quién dio la orden?”, exigieron que las confesiones lleguen “al fondo”, puesto que no han bastado para establecer cómo se concibió y organizó desde instancias más altas esta política de ejecuciones.
LA JEP administra la justicia transicional para los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado, y su objetivo es ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas. Quienes hacen una confesión completa y veraz de sus crímenes se benefician de penas alternativas de entre cuatro y ocho años en prisión domiciliaria o de prestación de servicios a la comunidad. El uribismo ha convertido a la JEP en uno de los principales blancos de sus ataques, con el argumento de que es un tribunal que sigue consignas políticas de izquierdas. La realidad es que los testimonios recabados por el tribunal, en especial los de exintegrantes de la fuerza pública, están haciendo añicos la narrativa oficial que presentaba la presidencia de Uribe como una de las épocas más gloriosas y doradas en la historia colombiana.
Las primeras audiencias de los ‘falsos positivos’ están coincidiendo en el tiempo con un clima político de polarización extrema en el país por la inminencia de las elecciones presidenciales (la primera vuelta es el 29 de mayo), en las que el candidato de izquierdas Gustavo Petro se perfila como ganador, y por el curso -inimaginable hasta hace poco tiempo- que está tomando la situación procesal de Uribe. El mismo día en que comenzaba la audiencia en Ocaña, una jueza en Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía de precluir un proceso contra el expresidente por presunto soborno de testigos, dentro de una causa más amplia por supuesta responsabilidad en unas masacres cometidas por paramilitares en 1997 en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de ese departamento. La decisión judicial supone un duro revés para el hombre que ha dominado la escena política colombiana en los últimos 20 años.
Hace algún tiempo leí una confesión de un paramilitar colombiano que contaba que, cuando asesinaban a sospechosos de colaborar con la guerrilla, debían asegurarse de que los cadáveres se hundieran cuando los arrojaban al río para que no quedara rastro de ellos porque “los muertos hacen mucha bulla”. Ahí están para corroborarlo los miles de ‘falsos positivos’, interpelándonos con su grito para que no olvidemos nunca las dimensiones que puede alcanzar el horror.