Cualquier ciudadano que haya podido leer estos días los programas electorales de los partidos políticos de cara a estas próximas elecciones legislativas, habrá podido comprobar que la corrupción parece que ha dejado de ser un asunto fundamental para las formaciones políticas, a tenor de la escasa relevancia y contenidos que otorgan a este importante problema social en dichos programas. Y ello a pesar de que la corrupción sigue siendo una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos, como lo vienen evidenciando las encuestas del CIS de estos últimos años, en las que normalmente solo se ve superada por el desempleo como máxima preocupación social.
Se comprueba por tanto una vez más el nivel de indiferencia de las formaciones políticas ante las preocupaciones de la sociedad española, lo cual viene a justificar la importante lejanía y desafección de los ciudadanos respecto a la clase política, y lo que explica además que en las citadas encuestas sean los políticos precisamente los que suponen una tercera máxima preocupación para los ciudadanos de este país.
En este contexto nos parece necesario hacer referencia a algunas de las medidas que tanto los ciudadanos como la sociedad civil y numerosos expertos vienen considerando necesarias e incluso urgentes de cara a combatir de forma efectiva la corrupción.
Cabe recordar en este sentido que los ciudadanos han manifestado la urgencia de diversas medidas contra la corrupción, como son las que se incluyeron en una macroencuesta publicada en un diario nacional (El País) ya en 2014, y que transcurridos más de cinco años, siguen ignorándose y sin implementarse por parte de los partidos y grupos parlamentarios, medidas a las que nos vamos a referir seguidamente, teniendo en cuenta además que han sido propuestas reiteradamente por diversas organizaciones de la sociedad civil tales como Transparencia Internacional España. En relación, en primer lugar, con las listas electorales, sería necesario el establecimiento de un sistema de listas abiertas, de modo que los votantes pudieran cambiar el orden de los candidatos que aparecen en las papeletas de voto o incluso tachar algunos de ellos, lo cual aumentaría el nivel de participación efectiva y de implicación de los ciudadanos en los comicios electorales, al tener así una mayor capacidad de decisión a nivel electoral. Además, en una evaluación y contraste del nivel de compromiso electoral contra la corrupción que realizó TI-España en 2015, la inmensa mayoría de los partidos políticos asumió explícitamente el compromiso electoral de reformar la legislación de cara a desbloquear las listas actualmente cerradas de los partidos.
También sería necesario, por otra parte, que estuviera prohibida por ley la inclusión en las listas electorales de personas investigadas o procesadas por corrupción, medida esta que estaba apoyada por 94 de cada 100 entrevistados en la citada macroencuesta. Otra de las medidas firmemente apoyada por los ciudadanos (96 de cada 100) es la de cambiar la legislación para limitar los actuales privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, es decir, de las personas que por su cargo político no pueden ser investigadas por los jueces del mismo modo que cualquier otro ciudadano; esta medida fue igualmente asumida por la mayor parte de los partidos en la citada evaluación de TI-España. También sería importante el establecimiento de un sistema de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos que denuncien posibles casos de corrupción, al igual que se hace ya en otros países; esta protección a los denunciantes fue apoyada por 95 de cada 100 ciudadanos, y también fue asumida por la mayor parte de los partidos en la citada evaluación.
Otra importante medida en aras de prevenir y combatir la corrupción sería una reducción al mínimo, y con requisitos muy estrictos, de la capacidad legal de los gobiernos para conceder indultos, y que además estos no fuesen posibles en los casos de corrupción; también esta propuesta tenía un apoyo generalizado de los ciudadanos (95 sobre 100) y fue igualmente asumida como necesaria por la totalidad de las formaciones políticas (los 12 mayores partidos) en la citada evaluación de TI-E.
Otra importante medida social, sobre todo para prevenir la corrupción, y que fue asumida igualmente por la totalidad de los partidos políticos, así como por 92 de cada 100 ciudadanos, es la introducción en los distintos niveles educativos de este país de enseñanzas y actividades relacionadas con materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción; esta es otra importante propuesta que sigue siendo ignorada en la práctica por las formaciones políticas, y que sería realmente necesaria para prevenir y reducir los riesgos de corrupción de nuestras generaciones
venideras.
Hay otras importantes medidas que también fueron asumidas y comprometidas por los distintos partidos políticos, sin que haya habido tampoco ningún avance en relación con la mayoría de ellas, tales como: el cumplimiento estricto de las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa (GRECO), o la tipificación jurídica del delito de enriquecimiento ilícito. También sería igualmente necesario un debate parlamentario anual sobre aquellos partidos políticos que estén excesivamente endeudados, y que incluso estén en situación económica de quiebra técnica, tal como ha calificado a algunos de ellos reiteradamente el Tribunal de Cuentas en base a su fiscalización contable anual.
Además de las anteriores medidas sería necesaria la retención de toda subvención pública a aquellos partidos políticos y/o fundaciones o entidades vinculadas que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas, así como limitar las donaciones de personas jurídicas a las citadas entidades.
Otra necesidad importante en relación con la transparencia de los partidos y sus relaciones con determinados sectores económicos e institucionales sería el desarrollo de una regulación legal de los lobbies a nivel estatal, creando un registro público obligatorio, online y abierto, de todos estos grupos de interés, así como de sus integrantes y actividades básicas relacionadas con los cargos públicos y parlamentarios. También sería necesaria una adecuada regulación de las puertas giratorias, y el establecimiento de mayores limitaciones al ejercicio por los parlamentarios de actividades privadas con posterioridad a su cese.
De cara igualmente a una mayor transparencia del Poder legislativo sería necesario un control detallado y publicidad de los gastos de viaje de los parlamentarios, de forma que se publicasen en la web de los propios parlamentos aquellos gastos de viaje y dietas de cada uno de ellos, con desgloses de los gastos por conceptos y actividades, de cara a fomentar así el control social de estos gastos públicos. Otra medida necesaria sería establecer mecanismos de transparencia y de control económico, financiero y ético de todas aquellas empresas controladas total o mayoritariamente por el Estado o por cualquiera de los niveles de la administración pública. También sería importante impulsar la formación de los funcionarios y empleados públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. Finalmente, y en relación con la Fiscalía General, sería necesario avanzar inequívocamente desde un punto de vista legal e institucional en la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al Poder ejecutivo, delimitando claramente las facultades del Fiscal General del Estado y potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Junta de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala, siendo igualmente necesario en este contexto un reforzamiento de los medios materiales y personales del Ministerio Fiscal, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción. Todas las anteriores son medidas contra la corrupción claramente demandadas por los ciudadanos y la sociedad civil, y que constituyen, en definitiva, una muy importante asignatura pendiente para los distintos partidos y grupos parlamentarios de este país, y en especial para aquellos que vayan a ostentar el poder legislativo y ejecutivo tras estas próximas Elecciones Generales.