Tres años elaborando y reivindicando hasta con movilizaciones medidas para mejorar el servicio de la justicia por parte de 8000 jueces y fiscales y con escaso éxito, hasta que llegó un mesías con un whatsApp explicativo de su necesidad. No importa quién lo redactara o sólo lo difundiera. El poder de las redes: no hay mejor explicación de lo que todos conocíamos, algunos denunciábamos y era opinión generalizada de una ciudadanía escandalizada.
No es ahora, sino que viene de antiguo, que el poder político ha pretendido llevar “cosido” a sus entretelas el timón de toda gran decisión que la jurisdicción pudiera revisar.
No hay explicación más hipócrita de lo ocurrido que quien pretende desconocer lo que había detrás de un pacto, lamentando la difusión de un simple mensaje “inocuo” entre los propios, o la denuncia de un sistema por quienes se han valido de él para sus propios intereses desde hace largo tiempo.
Casi todos los partidos políticos (menos EU y PP) suscribieron la propuesta 94 del Pacto Estatal contra la corrupción de 2015, impulsado por la Fundación por la Justicia y otras 55 organizaciones civiles, de propiciar el cambio del sistema de elección y nombramiento de los altos cargos de la justicia y del Consejo. Y todos los partidos políticos sin exclusión suscribieron la propuesta 95 del mismo Pacto, comprometiéndose a excluir del ejercicio de la jurisdicción penal, contencioso-administrativa y de destinos gubernativos y representativos a magistrados y jueces que hubieren desempeñado cualquier cargo público electivo o de libre designación con categoría superior a la de director general en cualquier administración vinculada a cualquier opción política. El derecho universal reconoce que los pactos están para cumplirse. La experiencia dice que se cumplen según interese.
La ciudadanía tendría que estar agradecida a todos los títeres que en este guiñol han jugado su papel. Gracias a cada uno y al conjunto hemos podido ver con más claridad un escenario diferente donde nadie puede estar demasiado tranquilo de conseguir de la justicia lo que es justo.
Todos debemos sentirnos agradecidos por la publicación de lo que era convicción generalizada de la intervención política, no tanto en el funcionamiento de un órgano político como el Consejo, por cierto sin poder judicial; sino del desenmascaramiento de todos los actores y figurantes que han venido participando política o asociativamente en la búsqueda de instrumentos para interferir en la resolución de los graves y grandes temas que se someten a la justicia, condicionándola.
Las deficiencias de la justicia ordinaria pueden provenir del temor a equivocarse o de la insuficiente formación o información, raramente de la vinculación partidaria en la resolución de conflictos. La percepción de la falta de independencia o mejor de imparcialidad tiene su origen en un sistema que propicia, como mínimo, desconfianza al estar condicionada por el deber de “respeto” a quien te nombra.
No se trata de poner en entredicho el sistema de designación de altos cargos a partir de “mis elegidos”. Se trata de descubrir el modo en que la ciudadanía de manera directa o representativa participa en la designación y puede exigir cuentas a quien no cumple con su responsabilidad.
No cabe duda que cualquier designado se siente independiente y con frecuencia así lo evidencia con sus resoluciones en las que participa. Pero tampoco puede caber ninguna duda que llegó a esa instancia con los padrinos que pudo conseguir.
Dice el refrán castellano que el que evita la tentación evita el peligro. Reglamentar la selección de personas que deben acceder a los más altos cargos en la prestación de la justicia significa concebir que el ámbito de la discrecionalidad quedara minimizado hasta el máximo. Las garantías para la selección sólo pueden establecerse a partir de criterios objetivos y medibles. El control o medición de cumplimiento debe igualmente establecerse sobre mecanismos de evaluación técnicos y predeterminados. Reducir y aún más excluir la competencia para la arbitraria elección de los propios, dejaría inactivo cualquier reproche de parcialidad en la imprescindible imparcialidad y eludiría luchas partidarias de quienes aspiran a colocar a sus afines como interés prioritario. Y con ello, al Consejo que lo elija quien quiera.
Seguimos dando argumentos para el descrédito y las recusaciones en una justicia tan maltratada como dolorida para los que seguimos queriendo creer y ofrecer justicia.