En septiembre hará un año que España firmó su adhesión a la nueva Agenda Universal para el Desarrollo 2030. En ella, se contemplan hasta 17 objetivos de desarrollo sostenible, un acuerdo global de 193 países para trabajar de un modo colectivo sobre las causas de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, ningún partido político contempla este compromiso como prioridad para la sociedad española.
Y es que reducir el presupuesto de la política de cooperación internacional para el desarrollo no ha tenido en estos últimos cinco años, ni parece que tenga en esta campaña, ningún coste electoral. Por eso mismo, no es descabellado esperar que los compromisos contraídos en esta Agenda, puedan ser de nuevo víctimas del obligado recorte que le espera al nuevo Gobierno. Recortes que ya salen muy caros tanto para los que por derecho se pronunciarán en las urnas como para los que no podrán ajustarse nunca al formato de ciudadano español.
La aportación española a la financiación del desarrollo internacional ha tocado fondo. Con un 0,13% sobre la Renta Nacional Bruta de España (alrededor de 1.100 millones de Euros), esta política se aleja aún mas del objetivo del 0,7% acordado. Un reto financiero asumible, dada la situación de España como cuarta economía de la zona euro y décimo cuarta del ranking mundial, pero sobre el que no hay voluntad política de corresponder.
Financiación insuficiente por tanto, pero no solamente. El Comité de Ayuda al Desarrollo, organismo internacional de reconocida autoridad en la materia, ha destacado en su último informe sobre la política de Ayuda española, la falta de criterio del Gobierno a la hora de identificar temas prioritarios, coordinación y establecimiento de estrategias. La apuesta ha sido clara a favor del sector privado. El desvío de recursos para luchar contra la evasión fiscal y la promoción del comercio ha potenciado la exportación y la provisión de seguros de riesgo, facilitando la participación del sector privado en los países en desarrollo a la vez que una integración plena en el sistema de cooperación al desarrollo español.
Un criterio, cuyo cuestionamiento se aprecia también en las preferencias geográficas. Si bien reducir la ayuda a 23 de los 50 países con los que España cooperaba en 2010 pudiera interpretarse como un avance racional de concentración, podría no serlo tanto si lo que se impone son criterios arbitrarios o sujetos a otros intereses. La falta de transparencia en el proceso final arroja demasiada ambigüedad sobre el sistema que mide el valor añadido en las intervenciones de la cooperación española. En este sentido, el coste de apostar por los Países de Renta Media (PRM), se ha traducido en un abandono de los compromisos con los países más pobres, sin que a pesar de ello, se contribuya a mejorar los indicadores de pobreza en los PRM. La recomendación de Naciones Unidas para la ayuda de los países más pobres oscila entre 0,15 y 0,20% pero de nuevo España la incumple con una aportación de 0,03% de su RNB
En lo que respecta a la pérdida de liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la política de Ayuda el avance ha sido certero. En estos cuatro años no solo se ha estrechado la responsabilidad política y económica de este ministerio sobre la cooperación, arrebatada por el Ministerio de Economía y Competitividad, la discrecionalidad en los puestos de responsabilidad y el aumento de diplomáticos, se ha convertido en una solución para la lista de espera de los nombramientos del personal del servicio exterior de España. Todo ello no solo nos lleva a la desaparición anunciada para el próximo mes de octubre, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), también supone la mayor erosión de confianza entre las ONGD y el Gobierno, de la última década. Al mismo tiempo que se rompía el Pacto de Estado contra la Pobreza de 2007, el Gobierno aprobaba la reforma de la Ley de subvenciones públicas que ha supuesto una limitación al acceso natural de las ONGD a los fondos público frente a una mejora en las ventajas del sector empresarial.
Tanto o más errático si cabe, ha resultado marginar la educación para el desarrollo en un momento en el que se imponía un relato de cohesión social frente a la crisis. De hecho, la reforma de la ley educativa (Wert), al eliminar la asignatura de educación para la ciudadanía, ha acabado con el único contenido curricular de cooperación para el desarrollo en el sistema formal de educación española. Las próximas generaciones conocerán y comprenderán menos los problemas de desarrollo y pobreza y por tanto, serán personas más expuestas a los radicalismos nacionalistas que operan frente a la interpretación de fenómenos como la emigración, el acceso a los alimentos o el cambio climático.
Así que estos costes que en principio se suponen fuera de nuestras fronteras, también se asumen dentro. Debido a las políticas aplicadas en la última legislatura, España ha pasado a ser el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas (en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos), sólo por detrás de Estonia: el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a Grecia. Una desigualdad que coincide con una gran retroceso del gasto público social y un fuerte desplome del salario medio de un 22,2 %5. De hecho, la presencia del sector privado en los servicios públicos ha obstaculizado en ocasiones una respuesta del Estado a la hora de responder tanto a las demandas ciudadanas como a los desafíos internacionales.
Para España el momento después de las elecciones de 26 de junio puede significar dos cosas: continuar por la senda del ostracismo y diluir la política de Ayuda entre las distintas iniciativas de acción exterior española, justificando su ausencia a través de la presencia razonada en otros foros y contextos; o bien, realizar correlativamente a la capacidad de nuestro país, el esfuerzo necesario para revertir la situación y permitir la alineación con el resto de actores internacionales en el cumplimiento de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. El ahorro de los recortes en esta política, han sido tan irrelevante para la economía española como cuestionable en términos de impacto. Y es que no puede haber mayor contradicción entre los esfuerzos del Gobierno anterior en aprobar la nueva Agenda y su nulo interés por aplicarla.