Desde el miércoles 14 de abril tanto la OMS como la UE se han pronunciado, finalmente, sobre los criterios que deben tomarse en cuenta para abordar la desescalada del confinamiento y el restablecimiento de la movilidad, así como sobre las acciones que deben caracterizar una transición hacia nuevas fases en la lucha contra el presente ciclo y posibles ciclos futuros de la pandemia de COVID-19.
Esas recomendaciones ofrecen claves importantes para planificar la desescalada y construir el tránsito hacia una “nueva normalidad”, la cual deberá organizarse de una manera que nos permita coexistir con el virus salvaguardando al mismo tiempo la integridad sanitaria de las personas y las colectividades. Sin embargo, no son ni recetas de cocina ni prescripciones universales. Necesitan ser contextualizadas y adaptadas a las circunstancias específicas del Estado español mediante un diálogo constructivo entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas primero, y entre estas y las administraciones locales, los agentes sociales, las sociedades científicas y profesionales, y otros actores implicados inmediatamente después.
La consideración fundamental de ambas instituciones es que las acciones que se lleven a cabo han de garantizar la seguridad sanitaria al máximo posible impidiendo la transmisión del virus, salvando vidas y restableciendo la capacidad del sistema sanitario de atender no solo la COVID-19 sino los problemas y demandas habituales de salud.
La Unión Europea reaccionó con lentitud en las primeras fases de la pandemia, pero finalmente ha reaccionado y plantea que sus Estados Miembros deben tener un marco común y concertado para des escalar las medidas de confinamiento.
En su documento “Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19”, la Comisión y el Consejo plantean “una estrategia de salida que esté coordinada con los Estados miembros y que prepare el terreno para un plan de recuperación global y una inversión sin precedentes”.
A decir verdad, no es posible pensar en una “estrategia de salida” sino más bien en una transición hacia una nueva normalidad en la que tendremos que aprender a coexistir con el virus y su continuada amenaza de reincidir hasta que exista una vacuna que proteja a la población que no se haya inmunizado de modo natural. No se trataría, pues, de un acontecimiento único, o de una serie rígida de acontecimientos previamente establecidos que se desarrolla de manera mecánica, sino de un periodo más o menos largo de adaptación ante una amenaza latente que puede recurrir en forma de repuntes ocasionales o de nuevos ciclos epidémicos para los que hemos de estar preparados. Un periodo que puede durar meses cuanto menos.
Tal como las instituciones europeas señalan “si bien la vuelta a la normalidad requerirá tiempo, también es evidente que las medidas extraordinarias de confinamiento no pueden mantenerse indefinidamente. Es necesario realizar una evaluación continua de su proporcionalidad a medida que evoluciona nuestro conocimiento del virus y de la enfermedad. Es indispensable planificar la fase en la que los Estados Miembros podrán reanudar las actividades económicas y sociales de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios. Esto requerirá un planteamiento bien coordinado en la UE y entre todos los Estados miembros”.
Para ello han propuesto una hoja de ruta, con el apoyo el Centro Europeo para la Prevención y el Control y el Grupo Consultivo de la Comisión sobre la COVID-19, teniendo en cuenta las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta hoja de ruta plantea la necesidad de tomar en consideración tres criterios fundamentales:
-Criterios epidemiológicos que demuestren que la propagación de la enfermedad ha disminuido significativamente.
-Suficiente capacidad de los sistemas de salud.
-Capacidad de seguimiento adecuada, que incluye la realización de pruebas a gran escala para detectar y vigilar la propagación del virus, combinada con el rastreo de los contactos y la posibilidad de aislar a la población en caso de reaparición y ulterior propagación de la infección
Se trata de un marco razonable que deja a cada Estado Miembro con la decisión de establecer los umbrales específicos para cada uno de esos criterios. En ello deberán concentrar sus reflexiones y planteamientos de aquí al 9 de mayo el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
En ese sentido, pensar en levantar el desconfinamiento cuando la transmisión sea cero parece ilusorio. Nuestra propuesta se basa en considerar imposible el riesgo cero de transmisión en esta y en las próximas etapas de la pandemia y, por ello, proponemos un umbral más realista ubicado en torno a uno o dos casos nuevos por cada 100 mil habitantes. Respecto a la capacidad del sistema asistencial habría que plantearse una tasa de hospitalización inferior al 30% de casos comprobados, la cual debería acompañarse de un adecuado aislamiento de los casos leves y los positivos asintomáticos, y de una ocupación inferior al 50% de las UCIs disponibles y del 70% de las camas hospitalarias disponibles; ello permitiría disponer de una reserva estratégica para un eventual repunte. Y, muy importante, será también necesario contar con un sistema de vigilancia epidemiológica reforzado y articulado con la atención primaria de salud con capacidad, en cada Comunidad Autónoma, de rastrear y hacer pruebas a un número de casos confirmados y sospechosos, y a sus respectivos contactos, cuanto menos 30% superior que el número de casos observados durante las dos semanas anteriores.
Estos umbrales pueden ser discutidos y ajustados en función de las características de cada territorio, pero es preciso definirlos para contar con una base objetiva con la que deliberar sobre la pertinencia o no de las medidas que se vayan adoptando.
Por otra parte, el 14 de abril la OMS dio a conocer seis criterios que deberían guiar a los países al levantar sus medidas de confinamiento. Se trata de criterios coincidentes, pero más pormenorizados que los de las instituciones europeas. Son los siguientes:
- que la transmisión del virus esté controlada a un nivel de casos esporádicos o conglomerados de casos que puedan ser manejados por el sistema sanitario
- que los sistemas sanitarios tengan la capacidad de detectar, realizar pruebas, aislar y tratar cada caso identificado al tiempo que se rastrean los contactos de esos casos, para romper la cadena de transmisión del virus
- que se focalicen los esfuerzos en áreas clave en la evolución de la epidemia, como son las residencias de ancianos, los hospitales y otras instalaciones sanitarias para minimizar los riesgos de brotes
- adoptar medidas de prevención en los espacios que congreguen personas, como centros de trabajo o centros educativos, asegurando que se mantenga el distanciamiento físico que los casos importados que puedan producirse sean gestionados de manera adecuada y sean rápidamente contenidos que se intensifique la formación a la sociedad para que reduzca los riesgos frente al virus y aprenda a coexistir con él.
En su propuesta, la OMS plantea la posibilidad de hacer un desconfinamiento diferenciado con variaciones subnacionales y enfatiza la gradualidad sugiriendo que las medidas adoptadas sean evaluadas cada dos semanas para asegurarse de que no hay retrocesos en el control de la transmisión de la infección.
Una vez más, estas consideraciones deberán ser adaptadas y pormenorizadas, pero pueden constituir una buena base para la elaboración de una estrategia de desescalada en el nivel de Estado que sirva de referente a los planes de desescalada elaborados por cada Comunidad Autónoma en coordinación con las administraciones locales y otros actores involucrados.
El tema de los umbrales y los marcadores para cada criterio será muy importante y debe llevar a la elaboración de un cuadro de mando especifico en el nivel de cada Comunidad Autónoma y probablemente también en los niveles locales, que incorpore, como ha señalado la Oficina Regional para Europa de la OMS, información sobre otras variables que no son solamente los casos y las defunciones de COVID-19.
Por ejemplo, en lo relativo a la capacidad incrementada para la realización de pruebas diagnósticas; en la existencia o no de planes operativos locales para enfrentar nuevos brotes; en que el dispositivo asistencial tenga proyecciones fiables para reorganizarse de forma escalonada según las necesidades que puedan surgir en términos de equipos como de personal entrenado; en contar o no con modelos de prestación de servicios que hagan uso de la telemedicina y de las consultas telefónicas; en la existencia de vínculos reforzados entre la atención primaria, la atención hospitalaria, las residencias sociosanitarias y geriátricas, y otros potenciales focos “calientes”; o en asegurar que se eliminen las posibles barreras de acceso a los servicios de salud no solo para los afectados por la COVID-19 sino también por las patologías que conforman la demanda habitual de asistencia sanitaria.
Somos conscientes de que la desescalada es un asunto complejo para el que no hay recetas establecidas. Tiene, como ha tenido hasta ahora el desarrollo mismo de la pandemia, múltiples dimensiones: psicológicas, sociológicas, económicas, culturales, políticas. Conjugarlas no será, no lo está siendo, tarea fácil. Parte de lo que se haga se basará en el método de prueba y error, corrigiendo lo necesario. Casi todo será debatible y debatido. Como hemos dicho previamente, el Gobierno deberá escuchar mucho, ampararse en el mejor criterio experto, sumar la mayor cantidad de apoyos posibles y comunicar bien. En esta fase es muy importante evitar el riesgo de que los marcos generales y comunes planteados por el Gobierno puedan ser vistos como contradictorios o contrapuestos con los planteados por tal o cual Comunidad Autónoma. Antes bien, ambos niveles deberán ser diseñados e implementados siempre como esfuerzos sinérgicos, coordinados y complementarios. El reciente anuncio sobre el desconfinamiento parcial de niños y niñas a partir del día 27 de abril parece haber seguido, al menos en parte, esa senda.
En resumen, se trata de ir estableciendo las modalidades seguras de desescalada al tiempo que se pavimenta el camino para una recuperación sanitara integral capaz de ocuparse de los problemas de salud habituales sin con ello perder la capacidad de respuesta al COVID-19. Una tarea ardua e imprescindible de aquí al 9 de mayo. Pero para la que ya empieza a haber algunos planteamientos internacionales de referencia.