Un debate más allá de la inflación

Esta semana tendrá lugar el primer debate sobre el estado de la nación desde 2015. En siete años hemos vivido cuatro elecciones generales, tres mociones de censura, el auge y caída de varios líderes políticos, una pandemia, la erupción de un volcán, una breve ilusión de reconstrucción y el inicio de una guerra con consecuencias globales. En los últimos dos años, “una sucesión inédita de situaciones adversas” ha puesto a prueba la resistencia de la sociedad, del Estado de Bienestar y del Gobierno de coalición. La última de ellas será el tema central del debate: la inflación, sus consecuencias y las medidas para combatirla.

El conflicto en Ucrania ha sacudido el mercado energético, el suministro de alimentos y de materias primas, pero su impacto no está afectando por igual a todas las capas de la sociedad. La inflación sí entiende de clases y está golpeando más a quienes menos tienen: La subida de precios ha reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que en los hogares más ricos. Este efecto, sumado al peso de la pandemia, acentúa las brechas que ya existían en España y que lastran nuestra capacidad para recuperarnos (brechas socioeconómicas, territoriales, generacionales, de género, digitales…). Mientras tanto, las empresas energéticas han obtenido miles de millones de beneficios extraordinarios a costa del sufrimiento de millones de hogares para pagar las facturas.

Las ‘medidas de choque’ aprobadas por el Gobierno sirven para evitar lo peor, pero no son suficientes para corregir las desigualdades estructurales que atraviesa nuestro país. No basta con levantar un escudo para parar los golpes. Se necesita algo más que resistir. Hay que avanzar hacia una recuperación más justa, sostenible y equitativa si no queremos que la desigualdad acabe siendo rentabilizada, en un contexto de gran polarización política, por fuerzas regresivas. Eso pasa por reforzar el Estado de Bienestar y tener, junto a las necesarias medidas de urgencia, una propuesta a medio plazo que blinde derechos, amplíe el sistema de protección social, vaya a la raíz de las desigualdades y diseñe un sistema tributario justo, progresivo y responsable.

Hace unos días, Oxfam Intermón presentó 12 medidas que podrían aplicarse en el corto y medio plazo. Para empezar, mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y asegurar su compatibilidad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA); aplicar cuanto antes un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas; y centrar el apoyo público en las pymes y las personas autónomas más afectadas por la subida de precios.

Para continuar, habría que avanzar en la universalización del sistema de prestaciones sociales (apoyo a la crianza, acceso a la vivienda…); explorar una política de rentas que permita recuperar el poder adquisitivo y no dañe a los hogares con menos ingresos; seguir incrementando el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio en España; luchar contra la precariedad laboral, especialmente de las personas jóvenes, y seguir fomentando la igualdad en el empleo. En materia fiscal, toca rediseñar el impuesto al patrimonio y revisar los tipos que se aplican a las rentas del capital en el IRPF, para que las aportaciones sean realmente justas.

Como los derechos con cerco no son derechos, sino privilegios, habrá que trasponer cuanto antes y de forma ambiciosa el Convenio 189 de la OIT, incorporando las demandas de las trabajadoras de hogar y cuidados; proteger y acoger a las personas refugiadas y migrantes vengan del conflicto que vengan (sin esa vergonzante ‘solidaridad a la carta’ cuyos efectos hemos visto, con horror, en la valla de Melilla); y exigir la regularización extraordinaria de las personas que viven en nuestro país y no pueden acceder a derechos básicos (la ILP Esenciales necesita 500.000 firmas para llegar al Congreso).

Las rápidas y profundas consecuencias de la guerra en Ucrania han oscurecido, inevitablemente, las políticas económicas y sociales puestas en marcha desde 2020 por el Gobierno de coalición: el IMV, los ERTE, la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, que ha mejorado notablemente los datos de afiliación a la Seguridad Social y ha reducido la temporalidad. Es justo reconocer que el impacto habría sido aún mayor sin ellas, y necesario acompañarlas de unos Presupuestos Generales del Estado que sigan priorizando el gasto social. La alternativa ya la conocemos: una Gran Recesión que duró ‘oficialmente’ seis años (2008-2014), pero que dejó una huella indeleble de injusticia y ataque a lo público.

El uso de los fondos Next Generation será otro de los temas discutidos, junto a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad de 2023. En el documento remitido al Congreso antes del debate, el Gobierno celebra su “proyección internacional” y el hito de la cumbre de la OTAN. Conviene recordar esas otras imágenes que en las últimas semanas han captado la atención de la prensa extranjera: las de una de las fronteras más desiguales del mundo, la nuestra, convertida en una trampa mortal.

Hay debate más allá de la inflación. Hay incertidumbre y cansancio y se anuncia tormenta en otoño. No es momento de acobardarse y volver a recetas de ‘consolidación fiscal’ y ajuste. Esperamos que el debate sobre el estado de la nación confirme la apuesta por la centralidad de los derechos sociales, el bienestar de las personas y la lucha contra la desigualdad. La situación requiere altura de miras y una clase política que busque el bien común más allá de intereses partidistas. No perdamos la oportunidad.