El debate sobre la inmigración en España sigue siendo uno de los temas más delicados y relevantes del panorama político y social. No se trata solo de una cuestión económica o de convivencia, sino que implica aspectos morales y humanitarios que no deben ser ignorados. La cuestión ha recabado también la preocupación del Papa Francisco, quien ha condenado enérgicamente el trato que reciben las personas inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo. El Pontífice ha enfatizado la obligación que tienen los países, especialmente aquellos con mayor estabilidad económica, de acoger personas, particularmente a los menores no acompañados. Esta es una cuestión que va más allá de los simples números o las dinámicas del mercado laboral; es una cuestión de humanidad.
La acogida de las personas inmigrantes no es una opción política que pueda debatirse bajo términos meramente pragmáticos. Las personas que huyen de guerras, violencia o situaciones de extrema pobreza merecen ser amparadas y protegidas. España, país históricamente de emigración, tiene el deber moral de ofrecer un refugio seguro, de manera que puedan tener una oportunidad real de vivir dignamente y prosperar. Lamine Yamal o Nico Willians son un claro ejemplo de lo que puede terminar enriqueciendo a la propia sociedad española el acogimiento de aquellos que vienen en busca de una esperanza de vida.
Sin embargo, sí nos parecen desacertadas las políticas destinadas a reclutar mano de obra fuera de nuestras fronteras para que incidan en nuestro mercado laboral, que aún padece unas inaceptables tasas de paro. Inundar el mercado laboral sin ofrecer las herramientas adecuadas para que las personas que se encuentran sin trabajo –sin importar nacionalidad, procedencia o situación administrativa– accedan a empleos dignos, solo contribuye a generar condiciones de precariedad laboral, de pobreza y de explotación. El verdadero problema no es la inmigración en sí, sino la falta de políticas adecuadas para gestionar tanto el mercado de trabajo como la acogida de los recién llegados.
El reto no está en cerrar las puertas, sino en crear un sistema más eficiente que permita a todas las personas, sean personas inmigrantes o nacionales, acceder a un empleo de calidad. Esto implica que los servicios de empleo deben ser más eficaces y estar mejor coordinados con las demandas del mercado. Es fundamental que se invierta en la formación y la recualificación de los trabajadores, de manera que puedan adaptarse a las nuevas realidades laborales y así ocupar los puestos disponibles. También se debe invertir en condiciones laborales dignas. España debe evitar la tentación de obviar los problemas de su mercado de trabajo con la búsqueda de personas en el extranjero para cubrir empleos temporales o de baja cualificación, prolongando de esta manera déficit estructurales, sino que debería emplearse en mejorar la calidad del empleo y el encaje en las vacantes a las personas desempleadas que se encuentran aquí. Las diferentes administraciones públicas tienen la obligación moral, política y legal de dar una oportunidad a las más de tres millones de personas –inscritas en el desempleo y sin papeles– que buscan un trabajo en nuestro país. Hasta que todo eso no ocurra no parece razonable que se acuda a reclutar mano de obra a otros países.
La verdadera política social es aquella que pone a las personas en el centro, no solo como cifras o como una fuerza de trabajo, sino como seres humanos con derechos y dignidad. España tiene la capacidad de acoger a quienes más lo necesitan, pero también debe evitar la creación y mantenimiento de un mercado laboral precario. La acogida de las personas inmigrantes y la convivencia deben ser una prioridad, y debe hacerse en paralelo con políticas que promuevan trabajos estables, servicios de empleo eficaces y oportunidades de formación para todas las personas trabajadoras.
En definitiva, el equilibrio entre la acogida humanitaria y la estabilidad laboral no es imposible, pero requiere un enfoque integral. Debemos reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos ser: una injusta, insolidaria y precaria, o una que abre sus puertas a los más vulnerables mientras se asegura de que las condiciones laborales sean justas para todos. La verdadera política social está en generar condiciones laborales dignas y sostenibles, y en garantizar que cada persona tenga una oportunidad real de integrarse y prosperar en una sociedad justa y solidaria.