El establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) contaminantes en las ciudades es una herramienta fundamental para la lucha contra la contaminación urbana y el cambio climático. Sin embargo, cada vez que alguna urbe da el paso para establecerla, se convierten en fuente inagotable de presión política contraria y de recursos judiciales. Así ocurrió con Madrid Central y ahora se ha repetido con la ZBE de Barcelona, anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El coche es el elemento que mayor contaminación produce en las ciudades. Para restringir su circulación hace falta una gran valentía política, porque la respuesta a la misma tiene un carácter marcadamente populista y tienen como único objetivo tumbar cualquier paso que pueda poner coto a la contaminación, pero ganan fácilmente el apoyo popular desde la demagogia. La oposición a Madrid Central se basó en una simple defensa de la “libertad de usar el coche”, obviando los terribles impactos para la salud de la contaminación atmosférica. La consecuencia es que, a día de hoy, en Madrid no existen medidas efectivas de restricción de los vehículos privados y los beneficios para la calidad del aire conseguidos por la aplicación de Madrid Central han desaparecido.
Ahora, la sentencia del TSJC contra la ZBE de Barcelona es un nuevo golpe a una medida que se está impulsando en toda Europa. Ya hay 300 ciudades europeas que tienen Zonas de Bajas Emisiones, entre ellas Londres, Berlín París y Oslo. Por cierto, hay que recordar en primer lugar que tanto Madrid como Barcelona tienen abiertos sendos expedientes en la Comisión Europea por incumplir la legislación en materia de emisiones contaminantes y que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha anunciado sanciones por incumplir los límites de contaminación. ¿Qué proponen los jueces ante esto? ¿No hacer nada?
En el caso concreto de Barcelona se trata de la sexta ciudad europea con mayor mortalidad por contaminación del aire, con más de 1000 muertes prematuras al año. La contaminación provoca el 33% de los casos de asma infantil y está detrás del 11% de los casos de nuevos cánceres de pulmón. Estamos, por tanto, ante un problema real, que afecta directamente a la salud de las personas.
Cuando se toman medidas de vanguardia que abren caminos, como los son las ZBE, las administraciones que dan el paso tienen que enfrentarse a recursos y ataques de la oposición política y empresarial –como es el caso de Barcelona–, antes de acabar siendo asumidas por todos los sectores. En Barcelona la ZBE ha permitido evitar hasta 600.000 desplazamientos, lo cual debe considerarse como un éxito considerable.
La propia Ley de Cambio Climático aprobada en el Parlamento en mayo de 2021 establece la obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes impongan sus ZBE. No hay otro camino para hacer frente al uso del vehículo privado en las ciudades, y son un elemento clave en la transición hacia un nuevo modelo de transporte.
El argumento utilizado por los jueces de que las Zonas de Bajas Emisiones pueden provocar “un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva”, que no pueden cambiarse el coche por uno con distintivo ambiental es falaz. Las personas más vulnerables económicamente son quienes más utilizan el transporte público, así que difícilmente les pueden afectar las restricciones ya que son las personas con más poder adquisitivo las que utilizan el vehículo privado. La verdad es que esa argumentación parece más una excusa para tumbar la ZBE que una argumentación basada en informes técnicos. De hecho, los jueces toman la decisión contraria a la que adoptaron hace año y medio, cuando rechazaron suspender de forma cautelar la ZBE al priorizar el derecho a la salud a las posibles consecuencias económicas.
Animamos al Ayuntamiento de Barcelona a recurrir esta sentencia para seguir adelante con la ZBE. Se trata de una medida necesaria que beneficia a la ciudadanía, y a la que, en todo caso el consistorio está obligado por la ley de cambio climático. Además, muchas otras ciudades están mirando lo que ocurra en Barcelona, una ciudad referente de nuestro país en las políticas climáticas, y de ello dependerá que se aprueben nuevas Zonas de Bajas Emisiones. Esperamos que se acabe imponiendo la razón ambiental, pero también la propia necesidad de cuidar la salud pública, por encima de cualquier interés económico.