Este martes el Congreso de los Diputados votará el Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. La principal novedad de esta norma, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, es que alarga los contratos de alquiler de 3 a 5 años cuando la propiedad de la vivienda es de un particular, una persona física, y de 3 a 7 años cuando el arrendador es una empresa.
Alargar los alquileres, y en general reforzar la política pública de vivienda, ha sido uno de los aspectos claves que Podemos estableció como condición para aprobar los presupuestos. Sin embargo, la reforma propuesta por el Partido Socialista ha caído como jarra de agua fría tanto entre las asociaciones que defienden los intereses de los inquilinos, como entre Podemos y las ciudades del cambio.
La decepción se refiere a que la norma no incide en la principal preocupación de los más de diez millones de personas que viven de alquiler en España: la subida de las rentas. A falta de cifras oficiales, los portales inmobiliarios calculan que el incremento de los alquileres durante los últimos años ha sido de más del 15%, con especial impacto en las grandes ciudades. Esta situación provoca que España se sitúe entre los países europeos donde las familias inquilinas realizan mayores esfuerzos para pagar su vivienda, tan sólo por debajo de Grecia, y Croacia.
Para mejorar la situación de las personas que viven de alquiler, la propuesta de Podemos, avalada por Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Coruña, Córdoba, Santiago de Compostela y Coruña, consiste tanto en alargar contratos, como en impedir subidas indiscriminadas entre contrato y contrato. Es decir, implementar sistemas similares a los que operan en Alemania donde casi el 50% de las viviendas se ofrecen en alquiler, Francia con más del 65% de alquiler, o Austria con casi el 60%.
Efectivamente, en los países con mayor presencia de alquiler, los contratos son largos en el tiempo y además existen mecanismos para impedir subidas abusivas en los nuevos contratos. En particular, los contratos de alquiler son ¡indefinidos en Alemania!, y de 3 años en el caso de Francia, pero con un sistema de renovación casi automática. ¿Y cómo hacen para alentar el interés del arrendador? Pues por un lado garantizan la actualización de las rentas mientras dura el contrato de acuerdo a índices de precios oficiales, y por otro, establecen causas claras de finalización como la necesidad de la vivienda por la propiedad.
Si bien este sistema garantiza estabilidad a las personas que disponen de una vivienda de alquiler, el aterrizaje de fondos especulativos obligó a tomar nueva medidas dirigidas a facilitar el primer contrato de alquiler. En particular, entre 2012 y 2015 los gobiernos centrales de Francia y Alemania permitieron a las ciudades impedir subidas abusivas en los nuevos contratos.
La actual modificación legislativa es la séptima que se hace en democracia. Todas ellas, desde el fatídico Decreto Boyer de 1985 que liberalizó el sistema de la noche a la mañana, pasando por la de 1995 que estableció contratos de 5 años, hasta la de 2013 del Partido Popular que redujo los contratos de 5 a 3 años, se han llevado a cabo con dos objetivos explícitamente citados en sus declaraciones de motivos: ampliar el parque de alquiler a niveles europeos y revertir la escalada de precios.
A la espera de una evaluación expost, parece que las sucesivas reformas han fracasado. El alquiler continúa siendo minoritario , un 22% frente al 50% de los países avanzados, seguramente porque los precios están por encima de la capacidad adquisitiva de la población, hasta el punto que el 40% de los inquilinos realizan un sobreesfuerzo. Y lo que es peor, las personas que viven de alquiler en España lo hacen por obligación. Porque no disponen ni de ahorros, ni de estabilidad laboral para acceder a una vivienda en propiedad.
Democratizar el acceso a la vivienda significa garantizar alquileres asequibles. Ningún país ha sido capaz de resolver el problema de la vivienda tan sólo promoviendo parque público, o impulsando la vivienda en propiedad. Afrontar la crisis habitacional requiere actuaciones diversas que van desde promover parque público, hasta impulsar ayudas al pago del alquiler, pasando por atender a las familias que no pueden hacer frente al pago de su vivienda. De hecho, las ciudades con más vivienda social disponen igualmente de mecanismos para impedir alquileres abusivos.
Por eso, desde Podemos y las ciudades del cambio exigimos que la octava reforma del alquiler acabe con las subidas indiscriminadas de las rentas y entienda de una vez por todas que el alquiler interesa a amplias capas de la población. Porque sabemos que sí se puede hacer de otra manera exigimos un nuevo Decreto que beba directamente de las experiencias impulsadas en países cercanos como Francia, Austria o Alemania. Porque con alquileres imposibles ni hay derecho a la vivienda, ni hay derecho a la ciudad.