La derecha y la ultraderecha han votado contra la salud

El Congreso de los Diputados ha visto escenificada en su sesión del 20 de marzo una andanada de la derecha y la ultraderecha contra el bienestar y la salud de las personas en España. A lo que tendría que haber sido un pacto de Estado que diera lugar a la  aprobación de la ley  para la creación de la Agencia  Estatal de Salud Pública, cuya existencia está pendiente desde hace  casi tres lustros, cuya necesidad  ha quedado más que evidenciada durante la pandemia de COVID 19 y cuya pertinencia ha sido aceptada en repetidas ocasiones por todas la fuerzas políticas del arco parlamentario, se ha respondido con uno más de los tacticismos políticos de polarización a ultranza  en el que bloquear cualquier iniciativa que venga del Gobierno se convierte en arma arrojadiza  al precio que sea, y en el que ha quedado muy claro que a las fuerzas que han votado en contra no les importa la salud de las personas ,ni el fortalecimiento del Estado en materia de Salud Pública, ni la mejor vigilancia epidemiológica y preparación pandémica.

El Partido Popular y Junts per Catalunya han unido sus votos al oscurantismo medieval de Vox para rechazar el proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública en el pleno del Congreso de los Diputados. Con esta decisión han dado un golpe bajo a la salud pública en España perjudicando al conjunto de la sociedad española. La falacia de sus argumentos es rampante, han sido hipócritas y han traicionado la salud de los españoles. Haya sido por rabieta, por vendetta o por una acción con premeditación y alevosía, lo que se ha bloqueado va en contra del interés de los ciudadanos, incluidos quienes les han votado.

La Agencia es una necesidad para el fortalecimiento de la salud pública española y así quedó expresado en la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Sin embargo, el incumplimiento del mandato legal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ya demostró en su momento el escaso compromiso del Partido Popular con la salud pública. Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 no hubo tiempo de poner en pie el proyecto y la irrupción de la pandemia causada por el SARS-Cov-2 nos encontró sin esta necesaria infraestructura técnica y, por tanto, con una importante debilidad estructural impropia de un país como España.

La pandemia de COVID 19 y las enseñanzas que nos dejó en materia de cogobernanza apuntan claramente a la necesidad de tener una adecuada y unificada capacidad de alerta y respuesta ante emergencias de salud pública, en particular epidemias y pandemias. En este sentido quedó muy claro que había que contar con un mecanismo que fuese más allá de las limitaciones e incoordinaciones generadas por la atomización autonómica en situaciones en las que se requiere una respuesta estatal unificada.

El país requiere una mayor capacidad en materia de inteligencia sanitaria. La seguridad sanitaria se ha ido convirtiendo en un componente cada vez más importante de la seguridad de las sociedades y de la seguridad mundial. Es necesario contar con sistemas de información epidemiológica y de respuesta asistencial que sean fiables, rápidos, sensibles y transparentes. 

Para afrontar estos desafíos, hay que emprender una revisión exhaustiva del ordenamiento jurídico en materia de salud pública para garantizar que, se cuente con las herramientas para la protección de la salud de todos los ciudadanos sin ambivalencias jurídicas, y se posibilite  una cogobernanza en materia de salud pública que nos lleve a un modelo de cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas orquestado por el Estado central en el que exista unicidad territorial para las grandes cuestiones en materia de salud pública.

Pero resulta también indispensable contar con una Agencia Estatal de Salud Pública como instrumento ejecutivo horizontal a disposición del Sistema Nacional de Salud que funcione en red como una suerte de inteligencia colectiva capaz de alertar sobre los efectos de riegos identificados y potenciales, de anticiparlos y evaluarlos adecuadamente, y de proponer soluciones basadas en la ciencia y en la mejor evidencia disponible. 

Su creación y puesta en marcha fortalecería al mismo tiempo a los esfuerzos sanitarios del estado central y de las CC.AA.. y constituiría una señal muy potente para dinamizar y fortalecer el conjunto de las actividades de salud pública. Del país. Este modelo existe ya en otros países, en Estados modernos que han hecho una apuesta decidida por la Salud Publica y que han priorizado la inversión y la organización en esta materia

Los recortes experimentados en el gasto sanitario en salud pública, agudizados durante más de una década tras la crisis financiera del 2008 han redundado en el debilitamiento de los recursos humanos, la infraestructura y la capacidad operativa tanto de los equipos de salud pública de las estructurales centrales del Gobierno del Estado como en los de los departamentos de salud pública de las Comunidades Autónomas. La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública es por ello una excelente oportunidad de revertir esta tendencia.

La Comisión de Reconstrucción Social creada en el Congreso de los Diputados en 2020, aprobó por consenso la necesidad de crear la Agencia Estatal de Salud Pública. A ello siguió un primer proyecto que  decayó tras el adelanto electoral de mayo de 2023. Por tanto, el que ahora ha sido rechazado era el segundo proyecto de ley sobre el mismo asunto. De hecho, el Partido Popular y Junts habían votado favorablemente en la Comisión de Sanidad al aceptarse sus enmiendas más relevantes, lo que hace, si cabe, aún más injustificable su repentino cambio de postura. 

Las explicaciones de unos y otros para este golpe bajo al conjunto de la ciudadanía no se sostienen, ya que, por hacer fracasar al Gobierno, dan una patada en los intereses del conjunto de los ciudadanos, incluidos sus propios votantes. Además, se sitúan en posiciones comunes con aquellos que, como Vox, niegan la ciencia y apoyan el debilitamiento de las instituciones de protección de la salud como ha sucedido con la decisión de la administración Trump al abandonar la Organización Mundial de la Salud.

De nada les ha servido recordar, cinco años después de la declaración del Estado de Alarma, las lecciones aprendidas, algunas muy amargas, tanto en España como en Europa y en el resto del mundo, durante la pandemia de SARS-Cov-2. Ni los avisos de que, más pronto o más tarde, habrá nuevas pandemias y de que conviene preparase para frenarlas y mitigar sus efectos. De hecho, algunas declaraciones de varios de sus dirigentes nos remiten a los peores momentos de aquellos meses. 

 Es evidente que no disponer de la Agencia Estatal de Salud Pública nos hace más débiles frente a este tipo de riesgos.  Pero lo peor es la incapacidad de la fuerza política que gobierna la mayoría de las Comunidades Autónomas (el Partido Popular) de no ser una derecha civilizada que apueste por una institución que ellos mismos han considerado necesaria hasta ahora, dejando en el máximo ridículo a sus diputados y diputadas de la Comisión de Sanidad. Un Partido Popular que ha unido sus votos al negacionismo de Vox y a los de Junts un partido que argumenta no querer ningún organismo español por encima de los intereses de los agricultores de Cataluña, manifestando así una enorme miopía con relación a la salud pública, muchos de cuyos desafíos no entienden de fronteras ni de falta de cooperación. 

No obstante, consideramos que no hay que tirar la toalla ni bajar la guardia. La Agencia Estatal de Salud Pública es una necesidad. Por tanto, hacemos un llamamiento al Gobierno de España para que vuelva a presentar un nuevo proyecto de Ley. Y a los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y de Junts para que reconsideren su posición en un nuevo trámite parlamentario.

Por complicado que resulte, habrá que dialogar. Es desde el diálogo como o se puede reconstruir el consenso imprescindible que ya se había logrado en el pasado. Corresponde ahora no solo a las fuerzas políticas que votaron a favor, sino también a las organizaciones profesionales y sociedades científicas presionar en esta dirección hasta lograr que la Agencia Estatal de Salud Pública sea una realidad.