La evolución del mercado laboral es sin duda la principal noticia económica positiva que hemos recibido desde la Covid. Según la EPA del tercer trimestre de 2023, tenemos un récord de ocupados con 21,26 millones de trabajadores y un récord de población activa con 24 millones de personas Respecto al nivel previo a la pandemia (diciembre 2019), la afiliación ha crecido en casi 1,4 millones de personas (7 de cada 10 nuevos empleos corresponden al sector privado). En comparación con el nivel anterior a la pandemia, la creación de empleo en España (+7,2%) supera a la de los grandes países europeos (Francia, +4,9%; Alemania, +1,3%).
Este extraordinario comportamiento del empleo ha sido posible, en primer lugar, gracias a una política de ERTEs acertada para hacer frente a la Covid y ha ocurrido en paralelo a una decidida reforma laboral contra la precariedad y a una subida del SMI sin precedentes, cerca del 50%. Todo ello ha permitido recuperar el nivel de PIB previo a la crisis de la Covid y nos sitúa en palabras del Gobierno en situación muy favorable para lograr un reto histórico: conseguir el pleno empleo. En otras palabras, converger a la tasa de ocupación (aproximadamente 5 puntos superior) y de desempleo (aproximadamente 6 puntos inferior) que registra la media europea. Para ello, hay que seguir avanzando en las reformas y continuar integrando políticas de empleo que la mayoría de los países europeos adoptaron hace bastantes años. En esta situación, se ha abierto el debate sobre cómo reformar las prestaciones y los subsidios.
Según la OCDE, España es uno de los países con subsidios más generosos y de mayor duración. Sin embargo, no solo la tasa de desempleo es el doble que la de la UE, sino que además resulta poco eficaz en la protección de los desempleados, pues la tasa de cobertura (los desempleados que reciben una prestación o subsidio) es un 50% menor a la media de la UE. Además, las innumerables restricciones a compatibilizar subsidio y ocupación, junto a un complejo y anticuado sistema de subsidios, limitan las rentas de las personas o las arrojan a la economía sumergida, haciéndolas más vulnerables.
En este debate parece que hay división dentro del Gobierno de coalición y circulan dos vías para reformar las prestaciones por desempleo. Permítanme, explicar las diferencias dada la información que ha salido a la opinión pública.
El Ministerio de Economía propone modernizar el sistema de subsidios (tanto del Ingreso Mínimo Vital –IMV– como de los subsidios y prestaciones por desempleo) para mejorar la activación laboral (búsqueda de empleo por los desempleados). En concreto:
En primer lugar, propone reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Actividad a través de la modernización de los sistemas de control y supervisión. Según la OCDE, España es uno de los países miembros con los mecanismos de seguimiento menos frecuentes y menos exigentes a la hora de asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Actividad, pero con el régimen sancionador más duro de la OCDE. Por consiguiente, el endurecimiento del régimen sancionador no es la solución, sino el refuerzo del SEPE y de sus mecanismos de control y supervisión.
Segundo, propone aunar el doble objetivo de mejorar protección de los desempleados, pero ayudándoles a escapar de la precariedad. Para ello consideran dos medidas. Aumentar la tasa de cobertura para que los subsidios alcancen a mayor porcentaje de desempleados. Además, permitir la compatibilización del subsidio con el empleo (o el salario), pero combinándolo con un perfil decreciente de las cuantías de los subsidios para acelerar el retorno al mercado laboral y reducir la duración en el de desempleo.
Ambas medidas aumentarían la ocupación, las rentas de los beneficiarios y a la vez los ingresos públicos.
La propuesta del Ministerio de Trabajo es mucho más conservadora con respecto a la duración máxima del subsidio y a los requisitos de acceso, y apenas suponen cambios con respecto a la legislación actual. De hecho, podríamos decir que la propuesta puede significar un aumento de la duración media y del subsidio medio percibido por los potenciales beneficiarios del subsidio asistencial. Pero la parte más preocupante es en lo referente a la compatibilización del subsidio con el empleo (o la percepción del salario), pues propone un esquema demasiado restrictivo. En concreto:
Primero, con respecto a la duración, se limita la posibilidad de compatibilizar con un empleo a tiempo completo a únicamente 45 días, abocando incluso a los beneficiarios que compatibilizan a operar en la economía sumergida si quieren ir más allá de los 45 días.
Segundo, las cuantías que se perciben durante la compatibilización son insuficientes (un fijo del 40% del IPREM si se compatibiliza con un empleo a tiempo completo), generando escasos incentivos a que los beneficiarios accedan a un empleo.
España ya tiene un diseño de las prestaciones excesivamente desincentivador, en el que apenas se permite la compatibilización. El trabajador que tiene una prestación no tiene incentivos para aceptar un empleo salvo que este sea suficientemente bueno en términos de salario y de duración. La realidad es que la mayor parte de las ofertas que les llegan a estos trabajadores no son suficientemente atractivas para arriesgarse a perder la prestación. En muchos casos, como en la prestación de mayores de 52 años, estamos hablando de una prestación hasta la jubilación, que incluso cotiza a la seguridad social por el 125% del salario mínimo.
En este caso se da la paradoja (injusta) de que un mayor de 52 años genera mayor pensión sin trabajar y percibiendo el subsidio que trabajando por el SMI. Dos trabajadores mayores, uno que trabaja 30 años percibiendo el SMI, y el otro que trabaja 15 años y otros 15 años percibiendo la prestación de mayores de 52 años, el que trabaja 30 años percibirá una pensión un 25% inferior al segundo.
Los desincentivos a aceptar un empleo son altísimos. De hecho, sabemos que el 40% de los perceptores de prestación (supera el 50% cuando nos centramos en los mayores de 52 años) se declaran inactivos (o que no buscan empleo) en la EPA. No podemos olvidar que en la actualidad tenemos en España 450.000 desempleados que perciben el subsidio de mayores de 52 años.
Esta reforma debe tener un objetivo claro: activar a todos los perceptores de prestaciones o subsidios. La experiencia internacional nos dice que las soluciones arcaicas, que limitan la compatibilización de los subsidios con el empleo y las rentas de los beneficiarios, nos alejan del pleno empleo y reducen los derechos de los trabajadores
En definitiva, la propuesta del Ministerio de Trabajo va en la dirección equivocada y desincentiva la activación de los perceptores de una prestación, pues nadie se va a arriesgar a perder una prestación que puede durar hasta la jubilación por aceptar un trabajo que dura 46 días o más.
La propuesta del Ministerio de Economía está diseñada para aumentar la activación. En mi opinión, no se deben imponer restricciones temporales y las restricciones deben establecerse en cuanto a la cuantía del salario. Es decir, el diseño debería ser tal que el trabajador pueda percibir la prestación mientras el salario que percibe esté por debajo de un umbral mínimo, y luego ir decreciendo progresivamente el porcentaje que percibe de prestación hasta que se haga cero cuando el salario anual sea suficientemente alto. Además, para aumentar los incentivos a aceptar un empleo, la cotización a la seguridad social debería ser del 125% de SMI, únicamente si el trabajador esté compatibilizando la percepción del subsidio con un empleo.
En definitiva, un diseño moderno y dinamizador centrado en el perceptor, que le ayude a superar la “trampa de la precariedad” dándole el derecho a compatibilización el subsidio y el empleo, es el camino hacia la prosperidad, el pleno empleo y la reducción de la desigualdad.