El modelo cultural español está en crisis. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la cultura en nuestras vidas, pero también ha revelado la fragilidad estructural que escondía un sector cultural profesional que —salvo honrosas excepciones— todavía se intenta recuperar de unas heridas de gravedad máxima.
Detrás de muchos de los problemas que el sector de la cultura nos traslada a diario subyace una cuestión de fondo: la escasa relevancia que tiene la cultura para la mayor parte de la sociedad española, y —como consecuencia natural— la escasa envergadura que muchas veces tiene la cultura para los poderes públicos no estrictamente vinculados a esta materia. Pervive el estigma de la cultura como un mero entretenimiento, así como el estereotipo de los creadores como “bohemios y soñadores”, pero no como esforzados profesionales.
Entre las causas —y acaso también los efectos— de esa falta de relevancia social, sin duda figura la ausencia de una legislación transversal específica en relación con la cultura. Tenemos una Ley de Sanidad, una Ley de Educación, una Ley de Transición Ecológica, una Ley de Igualdad, una Ley del Deporte, una Ley de Protección y Bienestar Animal, junto a tantas otras... También disfrutamos de leyes que afectan al ámbito cultural, pero de manera parcial: Ley de Patrimonio Histórico, Ley del Cine, Ley del Libro, Ley de Propiedad Intelectual… Pero no existe, ni ha existido nunca en España, una Ley de Cultura que regule cuestiones tan básicas para su adecuado funcionamiento como la participación de la ciudadanía en la vida cultural, la libertad de creación, la diversidad cultural, la financiación pública y privada de la cultura, la competencia transversal de la cultura, etc. No sucede así en otros países de nuestro entorno cultural como Francia, Colombia, Ecuador, Perú, México, Brasil o Panamá, que sí se han dotado de una ley general de cultura.
A la vez, nuestra Constitución es una de las más avanzadas de nuestro entorno en lo que respecta a cultura. Ya en su preámbulo se establecen dos compromisos de gran trascendencia: uno con la diversidad cultural y otro con la cultura como fundamento para una digna calidad de vida.
Por otra parte, en el artículo 3 se habla de la riqueza lingüística de España como patrimonio cultural de especial respeto y protección, y en el artículo 9.2 se habla de la promoción de la participación de la ciudadanía en la vida cultural con el fin de que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
Más adelante, el artículo 20 expresa la garantía de la libertad de producción y creación artística y literaria, y el artículo 44 declara el acceso a la cultura como un derecho universal que los poderes públicos deben promover.
Los artículos 148 y 149, por su parte, establecen la concepción descentralizada de la cultura, pero otorgan al Estado competencias para preservar tratamientos generales y fomentar valores y expresiones culturales comunes. Allí se formula también la necesidad de promover canales de comunicación cultural entre el Estado y las Comunidades Autónomas (de acuerdo con ellas).
Además de todo esto, el 12 de octubre de 2021 el Boletín Oficial del Estado publicaba en una ley con el siguiente artículo: “Se considera la cultura, a todos los efectos, un bien básico y de primera necesidad”.
Es decir, la cultura es un bien esencial: mejora la convivencia, la libertad de pensamiento, el sentimiento de pertenencia a una comunidad o la formación en valores democráticos de diversidad, pluralismo, igualdad, reconocimiento, diálogo… También es fuente de riqueza emocional, que es la que nos producen las obras de los artistas, así como nuestro patrimonio histórico, algo que difícilmente podemos encontrar en otros ámbitos.
Recapitulemos un momento. La cultura es un sector económicamente estratégico para nuestro país. Por la enorme riqueza que genera, pero también porque Picasso, Almodóvar, Almudena Grandes, el flamenco, el Museo del Prado o los festivales de música son motores de otros sectores económicos básicos para nuestro país, como el turismo o la hostelería. Pero la cultura es, además, un derecho fundamental, recogido como tal en la Constitución Española, y un bien básico y de primera necesidad, así reconocido por el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España en el año 2021.
Todo ello hace de la cultura un sector estratégico y esencial. Insisto, la cultura es un sector esencial —por su excepcionalidad— y estratégico para nuestro país. Y como tal debemos protegerlo y promoverlo a través de una legislación acorde con esta naturaleza.
Necesitamos una legislación general de cultura que actualmente no está desarrollada. Existe legislación por sectores o por temáticas, y se está elaborando legislación general de cultura o de derechos culturales en comunidades autónomas como Navarra, Canarias o Aragón. Pero todavía queda mucho por hacer.
Creemos que desarrollar los derechos culturales tendrá como consecuencia natural el incremento en el valor que la sociedad española otorga a la cultura. Trabajar desde la perspectiva de los derechos culturales puede sustanciarse en desarrollos clave para este ámbito como por ejemplo: 1. El desarrollo de métricas que registren el impacto económico —directo e indirecto— y social que tiene la cultura para nuestro país. 2. La elaboración de una ley de financiación, tanto pública como privada, que dote a la cultura de un marco de trabajo global para su sostenibilidad económica. 3. La articulación de la comunicación sobre materia cultural entre el Estado central, las comunidades autónomas y los municipios, mejorando la seguridad jurídica de los agentes culturales que tienen que atravesar las diecisiete normativas diferentes que se aplican, por ejemplo, a la celebración de espectáculos en vivo. 4. La protección de la diversidad cultural frente a un mundo cada vez más digitalizado, en el que las grandes plataformas imponen su punto de vista en las negociaciones con los poderes públicos.
Nos encontramos en un mundo incierto y acelerado, con multitud de cambios drásticos que se avecinan y que afectan también a la cultura, como la crisis energética, el rápido desarrollo de nuevos entornos digitales, el auge de la ultraderecha o la construcción de bloques geoestratégicos enfrentados. En este contexto inestable, debemos ser capaces de dotar al Estado de las herramientas necesarias para proteger la cultura y garantizar los derechos de las personas a participar en la vida cultural de su comunidad. Todo esto se puede conseguir mediante un desarrollo normativo transversal en materia de cultura, y a ser posible con el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos. Esta es la línea en la que seguimos trabajando.