¿Quién puede no aplaudir que se impidan los desahucios de personas golpeadas por la sangrante crisis en la que estamos hasta el cuello? Proteger a los más vulnerables es una necesidad y una obligación que tenemos como sociedad. Pero tiene que ser un esfuerzo solidario y no debería ser cargado únicamente sobre las espaldas del propietario.
Todos sabemos que el derecho a una vivienda digna está consagrado en nuestra Constitución, pero el pobre artículo 47 es papel mojado: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.
No hace falta explicar las enormes dificultades para acceder a una vivienda de gran parte de nuestros conciudadanos. Un 43,3% destina más del 40% de su sueldo a pagar el alquiler. De propiedad, mejor ni hablemos.
Sin embargo, resulta como mínimo inquietante el triunfalismo con el que Unidas Podemos presentó primero una enmienda a los Presupuestos elaborados por el Gobierno del que forman parte, y después los borradores que han ido filtrando del Decreto-ley para prohibir los desahucios. Su primer deseo era que esta prohibición llegara hasta 2022. Ahora parece que, al menos en principio, la duración del decreto ley que están preparando se ceñirá al estado de alarma (9 de mayo próximo), aunque con posibilidades de prórroga.
¿Por qué inquietante? La narrativa que ha ido imponiendo el grupo de Iglesias divide nuestro país en propietarios e inquilinos. Más o menos los perversos ricos que explotan a los demás. Mencionan con frecuencia los fondos buitre y los bancos como responsables de esta situación. Pero olvidan que más del 95% de los caseros son particulares, en su inmensa mayoría pequeños propietarios que han ejercido su derecho a ahorrar como les ha dado la gana y en vez de poner su dinero en Bolsa o en fondos de pensiones han optado por una compra de vivienda.
Solidaridad sí, pero de todos. Es decir: ¿queremos impedir los desahucios? Pues ese esfuerzo deberá ser de país, de sociedad. No tenemos derecho a cargar esa responsabilidad en el propietario del piso en el que reside una persona que en medio de esta brutal crisis se ve sin medios para pagar el alquiler. Habrá que impedir que esa persona acabe en la calle, pero a la vez buscar una manera de compensar al casero, directamente, vía impuestos o como se quiera arbitrar. Según las filtraciones del proyecto de decreto, parece que habría una obligación de las comunidades autónomas de realojar a las personas en situación de desahucio, pero ¿dónde y cómo? Misterio sin resolver.
Porque, y aquí está lo más grave, ese intento de cargar la solidaridad a la cuenta del de enfrente, del malvado casero olvida la enorme responsabilidad del Estado en el problema de la vivienda que no solo afecta a los más golpeados por esta crisis, sino que además corta las alas, por ejemplo, a miles de jóvenes que se ven atados muchos años a la casa de sus padres por la imposibilidad de dar con un sitio digno o dificulta que encuentren un nuevo hogar mujeres en riesgo de sufrir violencia.
El parque de vivienda pública en alquiler en España es ridículo. Según datos de Eurostat apenas supone el 2,5% del total de la vivienda en alquiler. La media europea multiplica casi por 4 nuestras cifras. Y eso sin hablar de países como Holanda que está en el 30%, o nuestros vecinos franceses, que superan el 17%, casi 7 veces más que nosotros.
Y aquí hay algo fácil de entender: si creas más vivienda social en alquiler, no solamente podrás ofrecer un piso a jóvenes, personas vulnerables o a quien más lo necesite, sino que además disminuirás la demanda para los demás y bajarán los precios también en el mercado libre.
¿Sería muy complicado de realizar? Pongamos un simple ejemplo de una ciudad tan congestionada como Madrid. Solo en lo que se conoce como “Operación Campamento”, hay más de dos millones de metros cuadrados de suelo público. Llevan más de cinco años con un proyecto que, en principio iba a crear unas 20.000 viviendas en su mayoría para alquiler social. El plan acaba jibarizado y se reduce después a unas 10.000 viviendas. Pero han transcurrido más de cinco años desde que se anunció esta operación, y aún sigue en el limbo.
Y sin duda esto es lo que deberíamos exigir a nuestro Gobierno si queremos de verdad resolver el problema de la vivienda: evitemos la sangría social de los desahucios con medidas urgentes y solidarias, por supuesto. Pero lo que tendría que estar en nuestros Presupuestos Generales son unas partidas imprescindibles para que lleguemos en un plazo razonable a tener una vivienda pública social en alquiler digna y mínimamente equiparable a lo que existe en Europa. Y ojo, que no deberían ser necesarios muchos lustros: en 18 meses se construye un edificio de viviendas.
Porque si no es así será inevitable la sospecha de que estas medidas y estos decretos anunciados a bombo y platillo, vienen con el tufillo de un populismo que no quiere solucionar problemas, sino hacer de ellos enseñas con las que engañar al respetable.