El (des)control de la policía: una anomalía democrática
Este martes 13 de noviembre comienzan a declarar ante el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona los 24 agentes de la Policía Nacional que están siendo investigados en Barcelona por las cargas realizadas el 1 de octubre. A pesar de que se ha intentado construir un relato que ha pretendido legitimar la actuación policial, la investigación avanza de manera firme y confiamos en seguir rompiendo el muro de impunidad que ha tratado de instalar el Ministerio de Interior y la Fiscalía en este caso.
¿Cómo hemos llegado a que 24 agentes de policía estén siendo investigados por un juzgado? Lo que está claro es que no ha sido gracias al trabajo ni de la policía ni de la fiscalía. A pesar de la gravedad de los hechos y de que estaban siendo retransmitidas en directo, ningún cuerpo policial abrió diligencias de investigación en el terreno de oficio. Tampoco lo hizo el Ministerio Público. ¿Alguien puede pensar en cualquier otro delito del Código Penal que a pesar de que pudiera estarse cometiendo de manera flagrante, ningún cuerpo policial decida investigarlo? En cualquier situación en la que pudiera haber indicios de delito, se abren diligencias policiales, se elabora un atestado en el que se indican los hechos presuntamente delictivos así como se investiga a los posibles autores. Y todo ello se entrega al Juzgado. Sin embargo, en los casos en los que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los posibles responsables del delito, ¿qué mecanismos públicos existen para perseguir este tipo de criminalidad?
En el caso del 1 de octubre debería ser el área de asuntos internos de la Policía Nacional quien actuase, pero de momento ni está investigando de manera activa, ni se le espera. Por otro lado, es comprometido el hecho de que otros cuerpos policiales, como los Mossos, se hubieran puesto a investigar. Y esta situación es completamente anómala, porque los presuntos delitos cometidos son delitos al igual que son los robos, los desórdenes públicos o cualquier otro. Pero hay una serie de delitos en los que no se llevan a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, investigaciones policiales de oficio y rigurosas. El problema añadido es que las áreas de asuntos internos, por lo general, no suelen colaborar de manera adecuada con las investigaciones judiciales y acaban convirtiéndose en un elemento de confusión para garantizar la absolución de los agentes acusados (como en el caso de Esther Quintana) o directamente ignorando la investigación.
Y es que tenemos un problema y grande. ¿Cómo es posible que un cuerpo policial no identifique a un agente que ha cometido un presunto ilícito penal? ¿Realmente alguien se cree que el superior de la persona no sabe perfectamente quien ha realizado una determinada acción, o que las áreas de asuntos internos no llegan a conocerlo? No dudo que en algunos casos puntuales pueda llegar a ser difícil el corporativismo entre agentes de una misma unidad, pero en ningún caso pueden ser la norma.
En el caso de Roger Español sabemos perfectamente qué agente disparó la bala de goma que que le dejó sin visión para siempre. Está grabado en un vídeo el momento del disparo por un periodista. Sin embargo, a pesar de que hemos realizado horas de investigación y análisis de imágenes aún no hemos podido identificar a dicho agente. Por dos motivos. Primero, porque la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior o no han realizado ni una sola diligencia para saber qué agente policial es en concreto o porque quieren hacernos creer que no saben quién fue. Segundo, porque los agentes antidisturbios tanto de Policía Nacional como de Mossos d'Esquadra únicamente van identificados por detrás. La situación en la que Roger fue lesionado está grabada sólo por delante.
Es decir, es el propio sistema de control e identificación de agentes policiales el que está diseñado para impedir que se pueda conocer al funcionario público autor de un presunto delito. Esta situación representa mejor que casi ninguna la enorme anomalía democrática que estamos viviendo en cuestión de control e investigación a agentes policiales. En el caso de Roger están identificados y declararán como investigados ocho escopeteros (entre ellos, el responsable), así como los jefes de la línea policial que ordenó las cargas.
No es un caso único. En materia de investigación de delitos cometidos por agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las organizaciones de derechos humanos, casi sin medios pero con mucha destreza, hacemos las funciones de policía de investigación ante la falta de voluntad y de mecanismos públicos. De hecho, al analizar la situación que podría generarse, una semanas antes del 1 de octubre configuramos la plataforma Somos Defensoras que desplegó por toda la ciudad observadoras de derechos humanos, psicólogas y abogadas. El trabajo que debería estarse haciendo por mecanismos públicos, realizado por la ciudadanía. La anomalía no es que lo haga la ciudadanía organizada, lo anómalo es que sólo lo realice la ciudadanía.
No es algo nuevo y tampoco se limita al 1 de octubre, pero el grado de afectación y de grabaciones de esa jornada muestra hasta qué punto los mecanismos públicos creados para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante los abusos de los agentes policiales están obsoletos. Las funciones de control, investigación administrativa y las funciones de policía judicial deberían ser llevadas a cabo por un cuerpo de funcionarios públicos compuesto por expertos en derechos humanos, criminología y criminalística independiente de los cuerpos policiales pero con pleno acceso a ellos, así como con una total conexión con las organizaciones de derechos humanos.
En tanto que eso llega, porque algún día la anomalía democrática ha de desaparecer, es necesario cambiar la voluntad política respecto a las divisiones de asuntos internos de los cuerpos policiales y dotarlas de medios, de mecanismos y de la mayor independencia orgánica posible dentro del cuerpo, así como asegurar el trabajo estable con las organizaciones de derechos humanos. Asimismo, iniciativas como la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona en toda la causa del 1 de Octubre para impulsar la acusación ante la dejadez y obstrucción de la Fiscalía es una buena práctica ya que cada administración ha de hacerse responsable de proteger a la ciudadanía de los delitos que puedan ser cometidos, también, por funcionarios públicos.
Es importante abordar debates que estamos impulsando desde algunas organizaciones y que buscan generar políticas públicas integrales para la prevención de la violencia institucional. La protección de la ciudadanía respecto de los abusos directos de los cuerpo policial debería ser un elemento clave en cualquier democracia. Pero hasta que no se construyan dichas políticas públicas urge tomar medidas de sentido común como identificar urgentemente a todos los agentes antidisturbios por delante y por detrás. No hay excusas para avalar la impunidad.
