Por qué el dinero europeo de la recuperación no puede financiar el gas

Desde hace meses el lobby europeo del gas está inmerso en una batalla terrible para colarse en los planes de transición ecológica y recuperación económica. Las empresas gasistas se reclaman imprescindibles en el nuevo escenario energético y climático y están sometiendo a una enorme presión a gobiernos y parlamentos.

El Parlamento Europeo tiene un voto importante y lo que hagan los eurodiputados españoles –y en particular el grupo socialista– es crucial, como será también crucial la posición del Gobierno español en el Consejo Europeo.

Una presión que surte efecto

Aunque la narrativa dominante a nivel europeo es la de un compromiso con la transición ecológica y con la lucha climática, lo cierto es que existe una pugna fuerte por parte de los intereses gasistas para colarse en esa foto verde enmarcada por el Pacto Verde Europeo. En parte lo están consiguiendo y ya hay un movimiento de países y eurodiputados presionando a diestro y siniestro para conseguir diferentes salvaguardas para el gas.

Así se ha conseguido que el Parlamento Europeo se posicione a favor de que el Fondo de Transición Justa, el dinero que debe apoyar la transición económica a actividades sostenibles en, por ejemplo, antiguas zonas dedicadas al carbón, se pueda dedicar a proyectos de gas.

Pero lo peor podría estar por venir. Estos intereses están intentando también que otros fondos europeos fundamentales de muchísima mayor cuantía, como los fondos de desarrollo regional (FEDER) o los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF), la cabeza del león del tan cacareado plan de recuperación europeo, sirvan para financiar proyectos de gas. En relación al RFF, la sensata decisión de la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo de establecer una lista de exclusión que saque al gas de los proyectos financiables, parece ahora amenazada por el voto en las comisiones de economía y presupuestos, que se producirá el próximo 9 de noviembre. La UE se ha dotado de una metodología con base científica para decidir qué inversión es y qué inversión no es sostenible y las presiones de la industria del gas están consiguiendo que los eurodiputados se planteen debilitar esa herramienta que por ahora deja fuera al gas fósil.

La eurodiputada que lidera el dosier en la comisión de presupuestos, la socialista Eider Gardiazabal, tiene un enorme peso en las negociaciones. El papel del grupo socialdemócrata ya fue clave en las negociaciones con el grupo de Renew, en el que está integrado Ciudadanos, para dejar al gas fuera en el voto en la comisión de medio ambiente.

Por qué el gas debe quedar fuera

Calienta el clima. Para empezar por una razón obvia: el gas es un combustible fósil que debe quedar junto al carbón y el petróleo en el subsuelo si queremos cumplir con los exigentes plazos de la descarbonización que marca la ciencia. A pesar de tener menos emisiones que el carbón, sigue siendo una fuente muy importante de gases de efecto invernadero, sobre todo si incluimos las importantes emisiones fugitivas de metano que se producen en su ciclo y de las que cada vez alerta más la clase científica. El metano, que tiene un potencial de calentamiento 87 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida según el IPCC, es responsable de aproximadamente el 25% del calentamiento observado a día de hoy.

Condena nuestro futuro. No es creíble la excusa de que será solo un combustible transitorio durante unos años, como intenta venderlo el sector: la vida media de las infraestructuras de gas en las que se invierte hoy es de unos 30 años para la plantas de generación eléctrica y de 80 años para los grandes gasoductos y las terminales de regasificación, según un estudio de E3G. No podemos invertir hoy en unas infraestructuras que tendremos que abandonar mañana.

Más pobreza energética. Invertir en estas infraestructuras es mucho más caro que invertir en renovables y el sobre coste lo pagarán los usuarios de a pie en sus facturas del gas. En un país con unos cuantos millones de personas en situación de pobreza energética y con la que viene, puede ser un drama social de importante calado. Las energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica ya son la fuente más barata de nueva generación de electricidad en muchos países (entre ellos España), según datos de Bloomberg New Energy Finance y las mejoras en las baterías de almacenamiento están también avanzando a un ritmo muy rápido. Invertir en nuevo gas fósil podría convertirse en un problema para los consumidores porque impediría un cambio más rápido a alternativas más limpias y más baratas y, por tanto, conlleva mayores costes de transición energética. La falta de planificación en la construcción de nuevas redes de distribución y nuevas calderas,podría provocar el reemplazo en pocos años (si queremos cumplir con los objetivos climáticos), mucho antes del final de su vida útil operativa y son las comunidades y los contribuyentes quienes pagarán la factura de ese sobrecoste.

El consumo de gas está cayendo. Quienes hacen las estimaciones del gas que vamos a necesitar son los operadores del transporte, es decir, las mismas empresas –como la española Enagas– a las que luego se les encarga construir los gasoductos necesarios para hacer frente a esa pretendida demanda, lo que a estas empresas les han supuesto ingresar 4.000 millones de € en subsidios del presupuesto público europeo desde 2013. Un negocio redondo, vaya. Estos operadores han sobreestimado sistemáticamente las necesidades futuras de gas, como es obvio. Entre el 2015 y el 2019 la sobre estimación de la demanda de gas fue de entre el 6 y el 17% respecto a la demanda real.

No hacen falta infraestructuras nuevas. El sistema gasista en Europa es altamente resiliente sin necesidad de nuevas infraestructuras y podría hacer frente sin problemas a un año de supuestas perturbaciones y cortes de suministro del gas ruso y argelino, como ha demostrado un estudio de Artelys. Los propios escenarios de la UE consideran que cumplir con los objetivos climáticos de 2030 provocará una caída en la demanda de gas del 29%, lo que convierte en innecesarios prácticamente todos los proyectos de infraestructuras de gas planteados a día de hoy.

Empleos de peor calidad. El sector del gas fósil no es intensivo en empleos y los que se generan no son empleos locales ni de calidad. Las inversiones en energías renovables generalmente crean más puestos de trabajo que la industria del petróleo y el gas debido a los mayores requisitos laborales. La Agencia Internacional de la Energía estima que mientras el sector del gas genera en fabricación y construcción 3,5 millones de empleos por cada millón de euros invertidos, la solar fotovoltaica genera 8,5 millones y el sector de la eficiencia energética genera 12 millones.

El gas fósil no es la forma más eficiente de calentarse. Aunque el gas es aún fundamental para la calefacción de millones de hogares, esta situación va a cambiar muy rápidamente con la transición energética. La diversidad de medidas que serán necesarias en esta transición provoca la necesidad de abordar distintas soluciones para las distintas necesidades energéticas. Entre ellas, por ejemplo, las bombas de calor pueden aprovechar la energía térmica del aire ambiente y, por lo tanto, pueden superar el 100% de eficiencia, situándose en torno al 285%, mientras que las mejores calderas de gas pueden llegar al 95%, según un estudio de Frontier Economics.

No hay excusas

Sobran los argumentos para no ceder ante las presiones de la industria gasista. Pero quizás el argumento principal e ineludible es que no tenemos otra opción que abandonar el gas fósil. Con combustibles fósiles no habrá futuro. No se trata de algo negociable ni mucho menos aplazable. El dinero que va a poner Europa en la recuperación no tiene precedentes. Si hay una oportunidad de financiar algo parecido a una transición ecológica es esta. Por ello ni los gobiernos europeos ni los eurodiputados pueden equivocarse ahora: su decisión marcará el futuro.