La captura de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres tras la revocación del asilo concedido hace casi ocho años atrás, es una prueba más del avance de la ultraderecha en el mundo, en particular del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y de Lenín Moreno en Ecuador, y que encuentra al Reino Unido en un debate entre salir de la Unión Europea sin acuerdo o de manera ordenada y pactada.
La detención de Assange no es un hecho aislado ni marginal, sino un paso más dado por quienes quieren retroceder hacia épocas pretéritas donde reinaba la opacidad, recortando nuestros derechos fundamentales y castigando a quienes dan a conocer los secretos que avergüenzan a quienes detentan el poder.
El fundador de WikiLeaks, a través de la publicación realizada en 2010, expuso ante el mundo entero las vejaciones, torturas y otros crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán, un hecho imperdonable que -dicen- atenta contra la seguridad de Estados Unidos y constituye en sí mismo un acto de terrorismo que debe ser perseguido y castigado de manera ejemplar. Ello no sólo implica la privación de su libertad sino, tal vez, el riesgo cierto de ser víctima de las mismas torturas que dio a conocer, y que han padecido otros alertadores como Chelsea Manning, ante la pasividad del mundo entero, cuando aportó información clasificada revelada posteriormente por WikiLeaks. De allí no “debería haber salido nunca”, dijo en 2017 Donald Trump, refiriéndose a Manning como “traidora desagradecida”, luego de ser nuevamente encarcelada por no querer declarar contra Julian Assange.
En estos días hemos visto a un Assange físicamente debilitado, pero con la entereza de sus convicciones intacta, la misma entereza que lo llevó a dar a conocer los crímenes internacionales más oscuros cometidos en nuestra historia reciente. Su detención y el proceso de extradición que tendrá que enfrentar, pone de manifiesto la necesidad de contar con herramientas para proteger a aquellos que reportan información en defensa del interés público.
Estos sucesos no deben hacernos pasar por alto que el derecho internacional protege a Assange, y que su detención significa también un atropello contra ese derecho. Existen resoluciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Naciones Unidas, una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la petición de nulidad de la decisión de revocar el asilo otorgado, que podría haber sido revocado sólo ante la desaparición de la amenaza que lo ha otorgado. La batalla judicial apenas ha comenzado.
De manera simultánea y profundamente contradictoria, la detención de Assange ocurre apenas unos días antes de la culminación de un largo proceso legislativo en el seno de la Unión Europea, que busca precisamente proteger a quienes alertan de irregularidades y crímenes protegiendo el interés común. En el día de hoy fue aprobada la Directiva europea que establece una base de garantías legales de protección de aquellas personas que reporten incumplimientos en el ámbito de la Unión Europea (UE). Se trata de un paso de enorme importancia que finalmente atiende la demanda impulsada desde hace años por organizaciones de la sociedad civil, junto a miles de ciudadanos.
Esta Directiva encuentra a España en un escenario donde quienes tienen el coraje de alzar la voz contra la corrupción y otros delitos pagan un alto costo personal, enfrentándose al acoso, el desempleo, procedimientos legales e incluso daños psicológicos.
La situación del ex teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción, abusos y privilegios anacrónicos, es uno de tantos casos emblemáticos en España. Son miles los ciudadanos que sufren intimidación y desamparo por haber alzado su voz.
Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) repudiamos esta lógica perversa que protege a los corruptos, criminaliza a quien denuncia y vulnera flagrantemente el derecho de los ciudadanos a la información veraz, pilar fundamental de la democracia. Por eso saludamos la nueva Directiva que deberá ser traspuesta en el período de dos años a la legislación interna de los 28 países miembros de la UE, para que ninguna persona, sea un trabajador, un autónomo, un funcionario, incluso voluntarios o estudiantes en prácticas, sufra castigo alguno al alertar sobre malas prácticas, abusos e infracciones legales cometidas en una institución pública o privada.
La legislación europea estipula que todas las entidades con 50 trabajadores o más estarán obligadas a proveer canales internos para encausar estas alertas, como vías electrónicas o líneas telefónicas específicas y personal preparado para este fin. Se debe garantizar la confidencialidad de los reportes y su adecuado almacenamiento y procesamiento.
La Directiva es aplicable en diversos ámbitos tales como la contratación pública; la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo; la protección de datos personales y la seguridad en sistemas informáticos. Abarca las violaciones de los intereses financieros de la UE e infracciones vinculadas con el mercado interno. La corrupción, negligencia o malas prácticas en ámbitos como la salud pública y la protección del medio ambiente son igualmente susceptibles de denuncia.
Sin embargo, han quedado excluidas de la Directiva las áreas que no son de competencia de la Unión Europea, como la seguridad nacional y la vigilancia policial. Dependerá de cada Estado Miembro definir la ampliación de este mecanismo de protección de alertadores a otros ámbitos no cubiertos por la Directiva, para que así no tengamos que necesitar de más héroes como Assange o Manning, sino que podamos construir instituciones que puedan incorporar y fortalecer estos mecanismos, protegiendo a los alertadores.
El único remedio sostenible para hacer frente a estas circunstancias es la promoción de un cambio cultural y social, que no mire con indiferencia ni tolere la perpetuación de las represalias contra los alertadores. La introducción de una solvente legislación, que recoja las recomendaciones internacionales y estándares de mejores prácticas es un paso que, estamos seguros, ayudará a promover ese cambio. Desde FIBGAR damos la bienvenida a esta Directiva y llamamos a los Gobiernos europeos, España incluida, a comprometerse en su transposición a la normativa local, allanando el camino para la construcción de sociedades más justas y democráticas.