(Casablanca, interior noche, salón principal del Rick’s Cafe Americain. Un tremendo alboroto precede la entrada de los gendarmes para clausurar el establecimiento).
–¡Qué escándalo, qué escándalo –dice el capitán Renault en voz alta, para que todo El Mundo le oiga–, he descubierto que la Fiscalía publica tratos confidenciales con investigados!
–Su email filtrado ayer, capitán –murmura un empleado del garito, mientras le pasa unos papeles al gendarme.
–Traiga –responde, con voz queda, el aludido, mientras se guarda rápidamente los correos en el bolsillo, antes de que el público pueda verlos.
(Fundido a negro. A dinero negro, concretamente)
Ésta vendría a ser, ficcionada, una representación de cómo concluye la sucesión de acontecimientos que se han desatado esta semana, a cuenta de novios, pisos, dineros en B, y que tratan de enfangar, una vez más, a una institución como el Ministerio Fiscal.
El problema es que el público, en general, asiste a estos hechos con unas gafas de realidad aumentada puestas, tipo las Apple Vision Pro. Ya saben, las gafas de la marca de la manzana, que valen un pastizal, y permiten ver el entorno real con imágenes superpuestas por un ordenador. Pues lo mismo, pero en este caso, el papel del gadget tecnológico lo representa una prensa que también vale un pastizal. En forma de publicidad institucional, tan necesaria como la del Canal de Isabel II. Porque, como todos ustedes saben, aunque no sean de Madrid, el agua que sale de los grifos tiene que publicitarse, o la gente se pasaría a la competencia que… esperen, no hay competencia para el agua del grifo. Entonces, ¿por qué…? Vale, déjenlo, que nos desviamos. El caso es que esa prensa tan belicosa genera imágenes ficticias sobre la realidad, confundiendo completamente al respetable, que acaba con una empanada mental considerable.
Vamos a poner las cosas en contexto. O sea, quitémonos las gafas y veamos la realidad sin “aumentar”. La línea temporal de los hechos es la siguiente:
Un señor parece que podría haber tenido unos ingresos sin declarar. La Agencia Tributaria descubre el pastel, hace una inspección y, al detectar indicios de delito, da parte a la Fiscalía Provincial de Madrid. Estamos a finales de 2023, comienzos de 2024. En mi caso, aún estaba digiriendo el roscón de Reyes, colofón de las comilonas navideñas.
El 23 de enero, mientras se van apagando en mis oídos los tambores del día de San Sebastián, la sección de delitos económicos, turnada la denuncia por su especialidad, incoa unas diligencias de investigación. No iban a ir a seguridad vial, obviamente, que ellos se encargan de los señores o señoras que conducen borrachos y se estrellan contra una hilera de vehículos aparcados, por ejemplo.
Pues según la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja del protagonista de nuestra historia, todo esto es porque, hace dieciséis años, la fiscal jefa Pilar Rodríguez fue directora general de Modernización de la Administración de Justicia en el ministerio del ramo. Efectivamente, fue nombrada para un cargo directivo durante el último mandato de Zapatero. Ya ven. Una deuda de por vida. Nótese el sarcasmo, por favor.
El trabajito era cualquier cosa menos un caramelo: entre otras cosas, intentar poner de acuerdo a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, para que no hicieran cada una la guerra por su cuenta. Como Madrid, por ejemplo, una de las más atrasadas en digitalización, aún a día de hoy. Tras este periodo en el Ministerio de Justicia, volvió a la trinchera de Fiscalía, donde estuvo en violencia de género, criminalidad informática y otras batallas, hasta que, diez años después, fue nombrada jefa provincial. ¿Y cual es su papel en todo esto? Conforme a la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, ver si el asunto es de Madrid, o de Anticorrupción, o de la Audiencia Nacional, o de otro. Si es de Madrid, dilucidar si es de una especialidad, como delitos económicos, y mandarle la denuncia para que sea el responsable de dicha sección el que haga el decreto de incoación y se lo asigne a uno de los especialistas.
El caso es que el fiscal designado, Julián Salto, lleva a cabo la pertinente labor de estudiarse los papeles de Hacienda, llamar a testigos, técnicos e investigados a declarar, y finalmente, cuando lo tiene todo claro, interpone la denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid, para que inicien su tarea. Todo rarísimo, ¿verdad? Pues no.
Si hay algo raro, es que, antes de terminar su investigación, uno de los abogados se ponga en contacto con la Fiscalía para decir que sí, que mi cliente podría ser culpable, y que vamos a llegar a un acuerdo para no hacernos daño. Y todavía más raro es que dicho email, así como la educada contestación del fiscal, acaben en manos de la prensa, remitido todo no se sabe muy bien por quién, publicado el 13 de marzo, y peor entendido por quien redacta éste tuit. Que imagino la maldita gracia que tiene que hacerle al compañero ver las comunicaciones que realiza en el ejercicio de su cargo, y que tienen la naturaleza de confidenciales, aireadas y vapuleadas por quien no tiene ni idea de lo que habla.
Dejemos una cosa clara: la Fiscalía no ofrece nada a nadie, como afirma el titular de la noticia de El Mundo que les enlazo al principio. Es el investigado el que, motu proprio, se pone en contacto con Fiscalía y entona el mea culpa.
Yo entiendo que el Derecho no es un arcano, como afirma Pedro Vallín, y que cualquiera que sepa leer castellano se siente en posición de interpretar asuntos jurídicos cual magistrado del Tribunal Supremo. Pero es algo más que saber leer palabros raros, como enfiteusis o prelación. Además de no inventarse cosas, como “órdenes de arriba”, hay que interrelacionar conceptos y tener la estructura del ordenamiento jurídico muy organizada en la cabeza. Porque el Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad, y una vez presentada una denuncia con indicios de criminalidad, ésta tiene que seguir adelante hasta el juzgado de instrucción, esperar a que éste concluya su labor y entonces, sólo entonces, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al fiscal a formular un escrito de acusación al que el investigado podrá prestar su conformidad. Mientras estamos en diligencias de investigación penal de Fiscalía, no se conforma nada, ni se acuerda nada, ni se evita ningún juicio. Salvo que no haya delito y todo quede en archivo, que parece no ser el caso.
Otra cosa a la que, por ejemplo, las entendederas del redactor del artículo de El Mundo no alcanzan es que, cuando la Agencia Tributaria te hace una inspección, no vale eso de pagar para regularizar tu situación, y salir de rositas, como insinúa al decir que nuestro protagonista habría consignado cuatrocientos mil lereles en Hacienda y aquí no ha pasado nada. El artículo 305 del Código Penal lo deja meridianamente claro: pagar sólo vale como carta del Monopoly, que te libra de la cárcel, cuando uno pasa por caja antes de que te hagan la inspección, no después.
En cualquier caso, lo que escandaliza a mucho opinador es hablar de filtración por parte de la Fiscalía, cuando nadie, salvo los periodistas, puede decir quién les ha mandado los dichosos correos electrónicos.
¿Saben una cosa? Mientras estuve destinado en Madrid, en la Unidad de Apoyo de Fiscalía General del Estado, uno de mis proyectos fue un sistema de trazabilidad de la documentación, para detectar fugas de información y conocer su origen, destino y autoría. Proyecto que me encargó, como es obvio, la propia Fiscalía General, a través de quien es, hoy, su cabeza visible, el actual fiscal general del Estado. Así que poco interés le supongo a Álvaro García Ortiz en tapar este tipo de cosas, más bien al contrario, poder determinar quién le pasa ciertas informaciones confidenciales a la prensa, cosa que está muy fea. Porque además de ofender a quien, como mi compañero, ve aireadas sus conversaciones profesionales, es un delito, mayormente. Hasta donde sé, el proyecto sigue en desarrollo.
El caso es que, en lugar de arrojar luz sobre esto, que va a ser que no, porque los periodistas nunca revelan sus fuentes, lo que se está haciendo es disparar al pianista. Como es obvio, hace tiempo que los fiscales no dejamos que nos atribuyan culpas que no tenemos, así que la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho pública una nota de prensa el 14 de marzo en la que, basándose en la información ya publicada, desmiente que haya hecho nada irregular, y que lo único que se le puede achacar es contestarle al susodicho abogado que vale, que de acuerdo, que cuando las cosas lleguen al punto de formular acusación, se tendrá en cuenta su voluntad de aclarar las cosas y reconocer los hechos, pero que aún no estamos en esas, como ya les he dicho. ¿Es un escándalo? Ni mucho menos. El artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que es una de las funciones de los fiscales poner al corriente a la ciudadanía de asuntos que sean de relevancia pública. Y una Circular de Fiscalía General de 2005 explica que es el fiscal jefe de cada órgano el que tiene la función de portavoz, salvo que delegue expresamente en uno de sus fiscales. Los límites son respetar la presunción de inocencia y el secreto de sumario.
Esto no es la fiscalía yanqui de las películas, donde el fiscal puede “retirar los cargos” y se acaba todo. Aquí se sigue hasta que el juez diga que ya.
Como comprenderán, poco secreto hay cuando un diario de tirada nacional airea todo, y poca presunción de inocencia se puede vulnerar cuando lo revelado es que, precisamente, uno de los investigados está pidiendo cuartelillo. Sin embargo, esto no es la fiscalía yanqui de las películas, donde el fiscal puede “retirar los cargos” y se acaba todo. Aquí se sigue hasta que el juez diga que ya.
Por cierto, ya que hablamos de jueces, ¿saben quién precedió a Pilar Rodríguez como director general en el Ministerio de Justicia? Pues Carlos Lesmes, nombrado en 1996 por José María Aznar, y donde estuvo en diversos cargos hasta 2004. De ahí no volvió a la trinchera, precisamente, sino que pilló cacho como magistrado del Supremo, y después fue elevado a los altares de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por Mariano Rajoy, en 2013. De ahí no se movió, pese a tener su mandato caducado, durante casi cuatro años, haciendo y deshaciendo nombramientos de magistrados que presiden salas de suma importancia (audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, esas cosillas), hasta que le echaron el freno, se paralizó la cosa a través de una reforma legislativa, y terminó dimitiendo. Qué cosas tiene la hemeroteca, ¿eh?