En 1995, los trabajadores de Astilleros de la Bahía de Cádiz echaron un pulso al Gobierno de Felipe González, que presentó un plan, ampulosamente llamado 'Plan Estratégico de Competitividad', para despedir a 5.200 empleados, lo que de facto significaría echar el cierre a la planta de Cádiz y todo el ecosistema auxiliar que respiraba por los pulmones de los astilleros públicos.
Por aquellos años, la provincia de Cádiz tenía, según cifras oficiales, a 4 de cada 10 ciudadanos con edad de trabajar en paro. A este proceso de deforestación industrial de Cádiz, en Andalucía se le llamó eufemísticamente “reconversión industrial”. Nunca hubo reconversión, sino intercambio. Los países del centro y norte de Europa serían las fábricas de la Unión Europea y en el sur seríamos los camareros, cocineros, limpiadoras y taxistas. En el centro y norte de Europa tendrían los altos salarios, la tecnología, la ciencia y las fábricas y en el sur nos quedaríamos con los hoteles, las urbanizaciones, la especulación, la precariedad, lo sueldos de miseria, los karaokes y los casinos.
Para la gente de mi edad que crecimos en la Bahía de Cádiz están grabadas a fuego las luchas sindicales de nuestros padres, abuelos, tíos, primos o vecinos en aquellos aciagos días de 1995. Durante tres meses los trabajadores gaditanos dieron una batalla por su propia vida, por la de sus familias y también por la provincia de Cádiz. Ganaron, Felipe González tuvo que retirar su plan furibundo, y un cuarto de siglo después los astilleros siguen abiertos, aunque la industria ha externalizado muchas partes de su producción a empresas externas donde los operarios ganan 1.200 euros al mes por tirarse ocho y diez horas soldando estructuras de barcos con un casco en la oscuridad de una nave industrial.
Astilleros no lo terminaron de cerrar, aunque ya ni de lejos trabajan las 37.000 personas que llegaron a comer del oficio de fabricar barcos, pero cerraron Delphi, Cádiz Electrónica, Gadir Solar, Tabacalera o Airbus, que aunque no ha abandonado la Bahía de Cádiz, recientemente ha aprobado el cierre de la planta de Puerto Real y con ello irán al paro los trabajadores que prestaban sus servicios en las empresas auxiliares que daban servicio a la empresa matriz.
Los gaditanos y gaditanas que éramos niños en los 80 y 90 crecimos con el sonido de la bocina del bocadillo y del fin y comienzo de los turnos de trabajo en las fábricas que inundaban la Bahía de Cádiz y que hoy es un reguero de naves abandonadas que se acompañan de una tasa estructural de desempleo que supera en 10 puntos a la media estatal y unos niveles de pobreza que afectan al 40% de la población, cuya traducción a lo humano es que un 40% de las personas en mi tierra no pueden comer pescado, fruta o carne como sería recomendable.
En la crisis de 2008, las políticas de austeridad en el gasto, primero de PSOE y luego de PP, provocó decenas de despidos de la industria gaditana por freno a la actividad y con ello las cifras de paro llegaron de nuevo al 40%, como en la crisis de los 90, doblando la tasa de desempleo del resto de España. Los comedores sociales y las ventanillas de servicios sociales daban la vuelta a la esquina y el dolor de Cádiz se hizo insoportable mientras el discurso oficial era que la ciudadanía había vivido por encima de sus posibilidades.
Las manifestaciones de estos días no las protagonizan los trabajadores de grandes empresas como Airbus, Astilleros o Alestis, sino los trabajadores que trabajar para estas empresas a través de subcontratas cuyas ganancias están en la precarización de las condiciones laborales y salarios ínfimos de sus profesionales. Donde antes había un trabajador de Astilleros con sindicalización, buen salario y derechos laborales, hoy hay un joven soldador de 30 o 40 años que trabaja 10 y 12 horas al día por un salario de 1.200 euros que no llena la nevera y una temporalidad en la contratación que le impide organizar con salud mental un proyecto viable de vida.
Esto ha provocado, en el mejor de los casos, que cientos de profesionales hayan abandonado Cádiz y hoy estén trabajando en fábricas suecas, alemanas o francesas, donde se respeta la profesionalidad a cambio de buenos salarios y condiciones dignas de trabajo. La realidad de Cádiz es una provincia donde los jóvenes no tienen oportunidad laboral, salvo los tres o cuatro meses en un chiringuito en la playa, y donde ni teniendo un trabajo se llega a fin de mes.
Las gripes económicas de España en Cádiz se acaban convirtiendo en neumonías, porque en Cádiz del metal comemos todos y todas: la peluquera, el tendero, el albañil, el librero, el taxista, el funcionario y el mecánico. La economía es una cadena que si se para en una parte, deja de funcionar el mecanismo entero.
Por eso fuera de Cádiz es imposible entender lo que está pasando y tampoco ayudan nada unos medios de comunicación que explican que arden contenedores sin explicar las causas por las que los trabajadores del metal han declarado una huelga indefinida a unos empresarios que se niegan a subir el salario un 2,5%, a pesar de que tienen beneficios año tras año y de que recibirán jugosos fondos europeos para la reactivación económica.
El dolor de Cádiz lleva camino de hacerse insoportable porque nos sabemos abandonados y víctimas de una mal llamada “reconversión industrial”, que en realidad fue una desmantelación del modo de vida con las que nos ganábamos el pan con el que alimentábamos a nuestros hijos. Cádiz no quiere ser Benidorm, quiere volver a ser Cádiz. Para ello es importante que nuestro país se tome en serio la reindustrialización y que la patronal haga un acto de patriotismo, acepte la subida salarial que reclaman y merecen los trabajadores del metal y toda una provincia que quiere futuro, no ser destino turístico para jubilados holandeses o despedidas de solteros ingleses. No habrá tanquetas suficientes para frenar a los gaditanos que luchan por llenar la nevera de sus hijos.