¿Dónde estaba el Estado?

Un trauma colectivo es muy difícil de superar. Y la devastación de estos días permanecerá en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Imposible contener las lágrimas cuando escuchas a ciudadanos preguntarse dónde estaba el Estado durante tres días, por qué el sistema de emergencias no funcionó adecuadamente y no se avisó con la antelación debida cuando ya se tenían datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología. Yo mismo tal vez estaría ahora escribiendo con otros sentimientos, si no hubiera sido por la muy acertada decisión del alcalde de Utiel que a las 7,17 del martes 29 de octubre decidió suspender las clases en su municipio, evitando con ello el desplazamiento de estudiantes, profesorado y personal de administración, entre ellos un familiar muy próximo. Justo es reconocer también la decisión de mi rectora en la Universitat de València, decretando la suspensión de las actividades en la tarde-noche del lunes 28, reduciendo así la movilidad de estudiantes y personal docente y de servicios, muchos procedentes del área metropolitana, y evitando así un número de desgracias que afortunadamente no han ocurrido.

Pero cuando el duelo lo permita, será el tiempo de la reflexión y sería muy deseable que fuera el momento de revisar políticas e iniciar un nuevo tiempo para los acuerdos. Porque hace mucho tiempo que las cosas no van en la buena dirección en España. La conversación democrática ha llegado a tal nivel de degradación que no solo resulta imposible alcanzar acuerdos entre actores políticos, sino que los pocos espacios institucionales disponibles para ello han quedado invalidados. Ya no existen espacios de confianza para alcanzar acuerdos estratégicos.

“Cuestión de Estado” o “interés general” se han convertido en significantes vacíos. La política se ha vuelto tóxica. Se hace política (mala política) hasta con los desastres colectivos. No hay espacio ni para “treguas humanitarias”. Algunos no han dado ni siquiera tiempo para las gentes que ahora quieren velar a los suyos o que quieren salir de la situación de desamparo. No es posible construir alianzas en positivo, solo en negativo y para destruir al adversario. Muchas veces he llegado a preguntarme si realmente determinados actores políticos están interesados realmente en procurar resolver problemas muy importantes para las mayorías sociales, para la gente corriente.

Todos sabemos que existen problemas y desafíos colectivos muy importantes que no admiten reparto competencial entre administraciones. El más importante es el relacionado con los efectos del cambio climático. Un enorme desafío que solo se puede abordar desde la coordinación y cooperación entre las partes que son Estado. Esto es, entre la Administración general del Estado, las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales. Porque esos son los pilares del Estado. Produce rubor escuchar a responsables políticos de muy alto nivel confundiendo todavía Estado con gobierno central. Ignorando que los gobiernos locales son Estado, o que el representante ordinario del Estado en cada Comunidad Autónoma es su presidente o presidenta (aunque ni ellos mismos lo demuestren a veces con sus comportamientos y formas de entender la política).

Y todos deberíamos saber que, en Estados compuestos muy grandes y muy diversos como el nuestro, integrados por nacionalidades y regiones, los mecanismos de gobernanza son esenciales para garantizar la gobernabilidad. Que la buena gobernanza es mucho más que la ausencia de escándalos, mucho más que la gestión ordinaria y que gobernar contextos institucionales tan complejos requieren un alto nivel de sofisticación democrática, voluntad de tejer acuerdos y dar pleno sentido a los principios de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno. Muchas veces he citado como referentes a John Rawls y su reivindicación de alcanzar “consensos entrecruzados” o “superpuestos” y a Albert Hirschman y su apelación a la necesidad de “posiciones maduras”. Eso es precisamente lo que necesitamos en España.

Y entre esos desafíos hay uno que es existencial, en el sentido de que afecta literalmente a nuestra existencia como especie, y que sus efectos no solo alteran el funcionamiento de sistemas económicos y sociales, sino que puede afectar a la propia vida de las personas. Me refiero, claro está, a los efectos del cambio climático. Un enorme desafío que solo se puede abordar desde la coordinación y cooperación entre las partes que son Estado.

Un desafío existencial sobre el que sabemos muchas cosas. Suficiente como para no perder más tiempo y cambiar de dirección. Porque gracias al trabajo de la comunidad científica, que sí ha cumplido con la misión que la sociedad le ha encomendado, ya sabemos: a) que no estamos haciendo lo suficiente para afrontar las consecuencias del cambio climático; b) que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, algunos con dimensión catastrófica; c) que en la cuenca del Mediterráneo los procesos se extremarán y serán más recurrentes y d) que existe un amplio consenso sobre las medidas de mitigación y, más urgente, sobre las medidas de anticipación, mitigación y adaptación de los efectos.

Las devastadoras consecuencias de la DANA en territorio valenciano podrían ser, deberían ser, el momento en el que los partidos políticos y las partes que son Estado se detuvieran a reflexionar y demostrar a la ciudadanía que están decididos a acordar y emprender una hoja de ruta distinta. Demostrando, con hechos concretos, que están decididos a abandonar el modelo de gobernanza incompleto y disfuncional en que se han instalado. Un modelo alimentado por estrategias de polarización, tan irresponsables como insostenibles, que ha entrado en una fase tóxica de involución disruptiva que impide y bloquea cualquier formulación de política pública que requiera la coordinación y cooperación de varias administraciones. Que expulsa de la agenda política la visión estratégica y los acuerdos a medio y largo plazo. Y para ocuparse de los efectos del cambio climático todo lo anterior es condición necesaria: cultura del pacto, visión estratégica, enfoques integrados y agendas para el medio y largo plazo.

La política, los actores políticos, no pueden ser el problema. Ni siquiera parte del problema. Porque en democracia las soluciones deben partir de la política. Todavía es tiempo de enmendar errores y corregir inercias. De que la buena política recupere también plena autonomía. De que escuche más allá de grupos de interés. Demostrando de forma ejemplar que gobernar es mucho más que gestionar, en especial en España. Que son capaces de cooperar y coordinarse. Que conocen y se ocupan de la desesperanza de muchos conciudadanos. Que están dispuestos a ver las cosas de otra forma.

Más allá de las responsabilidades políticas y, en su caso, penales, que se pudieran derivar de la incompetencia y falta de previsión de los efectos de la DANA. En nuestro caso, y solo a modo de ejemplo, dada su importante componente territorial, es el momento de revisar iniciativas anunciadas y de impulsar de forma coordinada una agenda, entiendo que urgente y que he reiterado en otros momentos: a) elaboración de planes de adaptación al cambio climático en la escala regional y local. Estos planes de adaptación deben incorporar medidas de ordenación territorial, de cambios en los sectores económicos, de movilidad sostenible, ciclo integral, gestión de riesgos, de educación ciudadana y de comunicación a la población; b) adaptar la planificación y gestión del agua, en su doble consideración, como recurso y como riesgo, así como elaboración de planes de gestión de sequía para escenarios de cambio climático a los escenarios de cambio climático; c) elaboración de programas de adaptación a corto y medio plazo para las actividades económicas más expuestas a los efectos del calentamiento climático (agricultura y turismo); d) la gestión de zonas costeras y los previsibles efectos de los temporales en el litoral debe ser abordado con enfoques estructurales y no tanto con medidas reparadoras; e) los protocolos de gestión de las emergencias, así como la cartografía disponible, deben ser revisados y actualizados ante la posibilidad de fenómenos extremos más frecuentes y en cualquier época del año; f) incorporar de una vez la visión metropolitana en la gestión territorial. Y finalmente, pero no en último lugar, la educación en cambio climático y en la gestión del riesgo y de la emergencia debe incorporarse a los currículos en todos los niveles: desde la enseñanza infantil y no universitaria hasta posgrado y máster.

Agenda que se compadece muy mal, entre otras muchas cosas, con anuncios e iniciativas de inminente entrada en vigor, de no mediar rectificación del gobierno regional, que van en dirección opuesta. Por ejemplo, y dejando aparte anuncios sobre gestión del agua o del litoral, los cambios anunciados de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o las consecuencias que se derivan del Decreto-ley de simplificación administrativa de la Generalitat (ahora en tramitación en les Corts Valencianes), que supone un giro copernicano al escenario territorial y urbanístico actual. Dejando sin apenas alcance jurídico al PATIVEL o haciendo perder la condición de vinculante la ETCV, con repercusiones en la ordenación del litoral y a la hora de establecer límites al crecimiento en el planeamiento local.

Es momento de reflexión. De hacer balance. De revisar políticas. De constatar que gobernar la complejidad aconseja coordinarse y cooperar. Que el cambio climático y sus efectos no admite reparto de competencias y no conoce competencias exclusivas. Que negar la evidencia científica tiene efectos irreversibles. Que la situación va a empeorar. Que no hay tiempo que perder. Que la emergencia climática obliga a pensar juntos como Estado. Porque los ciudadanos de los municipios afectados por la inundación no se preguntaban quién tenía las competencias sino ¿dónde estaba el Estado?