El Partido Popular, como todos los partidos políticos en tiempos electorales, se entrega en manos de sus gabinetes de comunicación y estrategia para que diseñen la campaña más adecuada de conseguir la confianza de los ciudadanos que les otorga el poder político para gobernar. En plena campaña electoral para las elecciones en doce autonomías y en cerca de 8.000 municipios, el debate político debería girar en torno a los servicios que estas instituciones están obligadas a prestar a los ciudadanos y convecinos.
Por respeto a las reglas de la democracia y de la buena práctica electoral, los partidos concurrentes deberían limitar sus ofertas al anuncio de las políticas que pretenden seguir si gozan de la confianza necesaria en materias tan sensibles como la vivienda, la educación, la sanidad, la atención a las residencias de las personas mayores y otras muchas cuestiones que pueden resultar de interés como el buen funcionamiento de los servicios públicos necesarios para mantener la habitabilidad de las ciudades y pueblos.
Apenas comenzada la campaña electoral se hizo público que en algunos municipios de Euskadi se presentaban en las listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo, siete de ellas por delitos de sangre. Todos ellos iban en las listas de la coalición electoral EH Bildu, cuya representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados ha votado, en varias ocasiones, a favor de leyes que ampliaban derechos y contribuían al bienestar social.
Así como la formación del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se plasmó por escrito en un pacto en el que se sientan las bases para su funcionamiento, es una absoluta falsedad afirmar que el Gobierno haya firmado un acuerdo de esta naturaleza con EH Bildu o con el resto de los partidos que han conformado mayorías reforzadas para sacar adelante leyes orgánicas de contenido social y económico o modificaciones del Código Penal.
Me imagino la sorpresa de observadores neutrales y sensatos, tanto dentro como fuera de España, ante la desvergonzada utilización del histórico terrorismo de ETA por parte del Partido Popular como único argumento para descalificar el voto a sus opositores, sin otro razonamiento que la consideración de Bildu como un heredero de las actividades terroristas de la banda criminal que puso en jaque a la democracia y que sirvió de detonante para el golpe de Tejero, afortunadamente abortado.
Los demócratas repudiamos rotundamente a una banda de asesinos que iniciaron sus actividades en el franquismo y que tuvieron la oportunidad de incorporarse a la vida política al amparo de la amnistía de 1977, como lo hizo la rama de los polis-milis, que dejaron las armas para constituirse en un partido político (Euskadiko Ezkerra) en el que militó, entre otros, Mario Onaindia. Otro grupo de la banda terrorista, sin más objetivos ni propósitos que el tiro en la nuca, las bombas, los secuestros y las extorsiones decidió, quizás porque su psicopatía no daba para más, que la vía para conseguir la independencia de Euskadi era regar de sangre a la sociedad española y, con mayor intensidad, a las personas que vivían en el País Vasco.
A pesar de sus bestiales actividades, los dos partidos políticos que gobernaron este país, PSOE y PP, intentaron establecer contactos con los dirigentes de la banda terrorista para conseguir el abandono de la violencia a cambio de algunas medidas penitenciarias. Las negociaciones fracasaron y ETA siguió asesinando hasta que la eficaz labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las sentencias judiciales fueron debilitando su capacidad operativa y acabaron por convencer a quienes todavía conservaban un mínimo de sensatez de que no tenían otra alternativa que anunciar el cese de la violencia y posteriormente disolver la organización terrorista, que, como se está recordando, lleva once años sin emplear la violencia.
En pleno debate electoral sobre la manera de conservar o mejorar los servicios públicos imprescindibles para el bienestar de los ciudadanos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se le ha ocurrido más brillante idea que solicitar la ilegalización de EH Bildu (coalición electoral de composición muy diversa, de la que forma parte Sortu). Debe saber, o por lo menos así se lo han debido decir sus asesores, que el Tribunal Constitucional se ha opuesto a semejante y delirante propósito. La única oferta electoral que propone ante lo que se juega en las elecciones autonómicas y municipales pasa, una vez más, por la vampirización de la sangre de las víctimas de ETA.
Antes de lanzarse por una pendiente tan peligrosa como antidemocrática, deberían tener en cuenta el contenido de la ley de partidos políticos, en la que se dice: “Resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas cualesquiera que estas sean incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco constitucional con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos y aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”.
La reflexión no es una de sus virtudes, pero podía valorar que, en el caso de que se llegase a una ilegalización, imposible en una sociedad democrática, podría alentar la vuelta a la violencia de los sectores más duros e irreductibles que se oponían a dejar la actividad armada. Me cuesta admitir que vivo en un país en el que una buena parte de mis conciudadanos compre esta mercancía tan perversa y disparatada. Me parece una falta de respeto a la inteligencia y al buen criterio de la mayoría de las personas acudir a los comodines de ETA o Venezuela, eludiendo cualquier propuesta acorde con la naturaleza de unas elecciones autonómicas y municipales, como pudieran ser la sanidad o las residencias de las personas mayores.
Según todos los manuales de la ciencia política, aunque en un principio pueda parecer una buena estrategia, mentir no es lo más recomendable para ganarse la confianza de la ciudadanía, porque, más pronto que tarde, las mentiras salen a la luz y pueden poner en peligro la reputación de los políticos que las utilizan con la seguridad de que van a contar con el apoyo entusiasta de muchos medios de comunicación. Todo programa electoral tiene como objetivo mover la voluntad de los electores, por lo que debe orientarse en el sentido de proponer soluciones para el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Según parece, los gabinetes demoscópicos del Partido Popular han detectado que esta estrategia puede volverse en su contra y producir efectos indeseados para los fines que pretende. A la cantinela de que España se rompe, de que ETA marca la agenda política y de que las leyes que se han elaborado por el Gobierno de coalición atacan derechos fundamentales, se le está acabando el recorrido. Vivimos momentos de convulsión política internacional con efectos devastadores para la vida y los derechos de las personas, para la economía y para la paz. Nos acecha el cambio climático como un fenómeno que ya convive con el presente y que es necesario controlar para evitar una catástrofe de consecuencias devastadoras. Señora Ayuso, ha llegado usted a un punto en el que está rememorando el lema que César Borgia puso su escudo: 'O César o nada'. De momento usted es la nada.