El presidente del Gobierno afirmó acertadamente que la empatía “la dan los hechos” en una reciente entrevista porque la ciudadanía espera resultados de la acción de gobierno y no tanto sonrisas, aunque nunca sobren.
El Presidente andaluz, conocido por su empático hipocorístico 'Juanma', ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, acreditando con este hecho empatía con el 0,2% de los contribuyentes y no con el 99,8% restantes. El patrimonio declarado de ese infinitesimal colectivo (2,74 millones de euros de media y casi 17.000 contribuyentes) es equivalente a la suma de la renta media (9.915 euros) de más de la mitad de los ocho millones y medio de andaluces.
Un regalo fiscal unido a un doble objetivo: competir con Madrid y atraer rentas altas de Cataluña, la tercera y cuarta comunidad en nivel de renta de España, siendo Andalucía la penúltima. Andalucía es una comunidad autónoma de las más beneficiadas, por razones de equidad, en las transferencias de fondos europeos y españoles, financiados con impuestos de millones de ciudadanos que observarán escandalizados, sobre todo desde la UE, la participación del gobierno andaluz en esta alocada carrera de rebajas fiscales.
Los impuestos directos e indirectos suponen para Madrid casi el doble de ingresos por habitante que para Andalucía (3480 y 1948 euros), colchón con el que el gobierno de Madrid absorbe, a costa de la desigualdad y los servicios públicos, sus ocurrencias fiscales.
La trashumancia de ricos catalanes a los pastos fiscales andaluces y su traducción en empleo no solo depende de la fiscalidad, sino de factores más importantes como la formación y la conectividad digital, la cercanía a los mercados o la infraestructura de transporte por mencionar algunos. Al final, todo se reducirá a un regalo fiscal a un grupo minúsculo de poderosos contribuyentes, y a un obstáculo, por la reacción hostil que ha provocado, a la aproximación política que a través de “la cordialidad lingüística” pretende el señor Feijóo respecto a Cataluña.
La empatía la dan los hechos, que en España se han traducido en un aluvión de medidas laborales, empresariales y sociales adoptadas por el Ejecutivo de coalición, el último paquete del proyecto de Presupuestos 2022, con el soporte de los Fondos Next Generation y el aval de la Comisión Europea, asentando un escudo social con un sentido europeo radicalmente opuesto al despiadado tratamiento fiscal impuesto al sur de Europa en la gran recesión, y que supone un giro copernicano al tratamiento de las crisis económicas en la UE. La valoración ciudadana está a favor, de forma abrumadora, de estas medidas.
Esto es así y, sin embargo, no se traduce en incremento de apoyos al Gobierno en las encuestas, que lo que muestran es una subida impactante del bloque político de las derechas, y un estancamiento con deslizamiento a la baja de los partidos del Gobierno. Más preocupante que las encuestas son los resultados de las elecciones autonómicas celebradas a partir del 2020, seis, y en las que ha participado más del 60% del electorado español, con resultados malos, salvo en Cataluña, y desastrosos en Andalucía, para los partidos coaligados. Sucumbir a la tentación de remitirlos a la dinámica política autonómica sería un error de bulto porque en estos años de pandemia, postpandemia y guerra de Ucrania, la visibilidad y las actuaciones del Gobierno han tenido gran incidencia y visibilidad en todos los territorios.
El Gobierno y el partido mayoritario de la coalición han reaccionado desde julio, pero sin conseguir dar un giro significativo, que, a mi entender, lo frena sobre todo la percepción social de que hay una clara supeditación de la acción parlamentaria a los independentistas. No ayuda tampoco el ruido en la coalición, explicable por ser esta fórmula inédita hasta ahora. El Gobierno no parece estar en disposición de corregir estos factores clave, sobre todo el primero, pero sí podría evaluar algo de su competencia exclusiva, cual es la estrategia de comunicación.
Esta está basada en identificar a las clases medias trabajadoras como objetivo central de las decisiones del Gobierno y hacer pasar por “insolvente” al candidato del principal partido de la oposición, estando este al servicio de poderosos “poderes ocultos”. Estos poderes, evidentes, que no ocultos, no impidieron que Pedro Sánchez fuera reelegido Secretario General (en aquella campaña de partido ya se utilizó el argumento de los poderes ocultos), que ganara la moción de censura, y tras ella alcanzara la victoria en las dos elecciones de 2019.
Esta estrategia, a mi juicio, se ha convertido en una horca caudina para la acción de gobierno, porque reduce, sin necesidad, la amplitud descriptiva de la acción de gobierno vinculándola a las clases medias trabajadoras, porque puede deducirse que se excluyen a profesionales y trabajadores que están altamente cualificados, o trabajadores con sueldos bajos que, en ocasiones, rozan el umbral de la pobreza, entre ellos cientos de miles de titulados universitarios.
La dialéctica sobre los poderosos poderes ocultos, utilizados como coordenadas políticas para referenciar a la derecha, puede ser eficaz en la oposición, pero en el Gobierno es muy engorrosa de mantener, ya que tiene que compatibilizarse con entrevistas con fondos de inversión, más poderosos y menos evidentes que los autóctonos, o con peticiones publicas de alianza con grandes bancos, que, efectivamente, son necesarias para, a través de la colaboración público-privada, financiar la revolución digital o la transformación verde.
A finales del año pasado se publicó una separata en papel donde el Gobierno, junto a la Patronal y la flor y nata del Ibex35 explicaba en distintos artículos cuáles son las claves de la recuperación económica en 2022. Esta publicación, que aúna opiniones del Gobierno y grandes empresas es razonable y más necesaria aún en el contexto de la guerra de Ucrania. Lo único sorprendente es que el patrocinio económico de la publicación era de Correos, empresa pública emblemática con fuertes pérdidas económicas y deficiencias de gestión, situación contra la cual, con toda justicia, están movilizándose UGT y CCOO de Correos con argumentos irrefutables alertando del grave riesgo de que la situación se torne irreversible.
En conclusión, la estrategia de comunicación tiene flancos tan débiles que afloran por una mera opinión discrepante sobre las cualidades de Feijóo o decisiones fiscales de carácter temporal por parte de presidentes autonómicos con elecciones a menos de un año. ¿No sería más productivo explicar sencilla, profunda y machaconamente los resultados sociales y económicos de la acción de gobierno, partiendo de la base de que la inteligencia promedio de la sociedad española no es muy distinta de la de sus gobernantes? No sólo está en juego la mayoría actual de gobierno, sino la consolidación de una política laboral, social y económica alternativa, más eficiente y humana, aplicada en esta crisis y opuesta a otras anteriores. Si se produjera el cambio legítimo y democrático de gobierno, el riesgo de una vuelta a las recetas fracasadas de siempre sería muy alto, que solo la eventual oposición de la UE podría evitar. Aún resta más de un año para cambiar la percepción de la sociedad española.