El empleo desafía la crispación política

El mercado laboral español, lejos todavía del pleno empleo, se ha comportado de forma muy dinámica en el último año, gracias al impulso del consumo privado, el gasto público y el sector exterior, aunque éste ha aflojado el ritmo tras los últimos acontecimientos y el parón de Francia y Alemania. 

Las grandes cifras nos dicen que el empleo creció más de un 3,83% anual (783.000 nuevos empleos), con un gran avance del empleo femenino y joven y una notable aportación de la inmigración, rompiendo el cliché de la vaguería y la querencia de las pagas públicas. El desempleo descendió en más de 190.000 personas, alcanzando la tasa de paro mínima del 11,6%, la más baja en más de la última década. Lo más relevante fue la estructura temporal del empleo, siendo la contratación indefinida la gran beneficiada de la reforma laboral creciendo en más de 800.000 personas, mientras que el temporal bajó en 140.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 13,24%, a pesar de la elevada tasa en el sector público. 

La actividad, variable que anticipa el ciclo, también refleja una mayor confianza en la economía española, con un crecimiento anual del 2,5%, y un aumento de casi 590.000 personas. La tasa de empleo alcanzó el 59% que, aunque lejos de las cifras de países nórdicos, sí parece que se ha reactivado nuestro mercado laboral. Por sectores, seguimos siendo un país de servicios, más del 60% del nuevo empleo se asienta en servicios, lo cual nos aleja también de las mejores prácticas de muchos países europeos, lo que explica el bajo nivel salarial en algunos segmentos de los ocupados. 

La clave para entender estos buenos datos de empleo, sin duda, es el diferencial de crecimiento con el resto de países europeos, que también pone en duda la correcta medición del PIB, lo cual nos aboca a una revisión al alza cuando el INE incorpore los datos de la EPA y otras variables de  consumo. Todo ello en una ejercicio en el que se ha subido el salario mínimo de forma notable, contradiciendo muchas de las voces que auguraban una recesión profunda en España, como la Airef o el propio Banco de España, por no hablar de los dirigentes políticos en la oposición. 

La negociación colectiva ha permitido elevar los salarios sectoriales alrededor del 4%, aunque la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de asalariados ha podido ser de algo más de un punto porcentual, lo que no ha impedido que el consumo privado siguiera alcanzando cotas muy por encima de antes de la pandemia, impulsado también por el turismo nacional e internacional, en un entorno de mayores costes financieros. Otro mantra desterrado es que el empleo creado es mayoritariamente público, algo que no concuerda con las cifras, pues ha sido el sector privado el que mayoritariamente ha tirado del mercado de trabajo, aunque es cierto que algunas CCAA han hecho un esfuerzo en contratación de trabajadores públicos.

La gran asignatura pendiente del mercado laboral en España es lograr que el pleno empleo se alcance con tasas de paro cercanas al 5%, midiendo dicha tasa de paro como en EEUU, la llamada U6, es decir la tasa de paro en la que los ocupados se empleen por las horas que realmente quieren trabajar y el empleo temporal forzoso tienda a cero, especialmente entre las mujeres. Para ello es urgente sentarse a diseñar planes de empleo garantizado, en sectores como los cuidados, medio ambiente o servicios a la comunidad, que elimine la barrera de la tasa de empleo tan baja que tenemos y podamos dar un salto en productividad y formación ocupacional. 

Sin embargo, y contrariamente a lo que podría parecer, la productividad del factor trabajo no ha evolucionado tan mal en los últimos años. Según ha publicado recientemente el IVIE y BBVA, el crecimiento de la productividad del factor trabajo ha crecido un 0,7% entre los años 2000 y 2022. Frente a esto, la productividad del capital ha descendido un 1,2% en el mismo periodo. Este factor es crucial para entender por qué la productividad global en España se comporta peor que el resto de nuestros competidores. La explicación de esta anomalía se centra en el sector inmobiliario que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos activos se han quedado ociosos, casi un 28% del total de inmuebles (pisos, locales y oficinas) está sin usar, lo cual consume recursos financieros y no permite acometer nuevas inversiones más productivas. Por tanto, la rémora de la productividad total de los factores en España es el capital, que prefiere permanecer ocioso y dirigir sus esfuerzos hacia el rentismo.  

En este punto, hay que hacer constar que el término productividad es muy complejo de medir con rigor, y por ello los economistas nos amparamos en complejos cálculos matemáticos de variables inobservables para presumir de un conocimiento que realmente no es tal.    

En resumen, el año 2023 se recordará como un año muy favorable en los flujos de empleo, la reducción de la temporalidad y la constatación que el paro estructural sigue siendo demasiado alto. Seguimos siendo un país de servicios, con mala calidad en la gobernanza empresarial, pésimo sistema de formación ocupacional (el SEPE habría que cerrarlo y volverlo a crear), y sin que se entienda que el pleno empleo solo llegará con planes de empleo garantizado. Y todo esto, a pesar del infierno político e institucional, lo que prueba que, a pesar de los intentos partidistas, judiciales y de otras instituciones, como el Banco de España con su alarmismo, los agentes privados han logrado relanzar la actividad, gracias, en parte, a las buenas políticas laborales llevadas a cabo por el ejecutivo. Ahora nos espera la reducción de la jornada laboral, y espero que también un nuevo modelo formativo, y planes de empleo garantizado.