Esta semana hemos conocido que el Gobierno Autonómico de Baleares ha propuesto la expropiación de viviendas a los denominados grandes propietarios, con el objetivo de garantizar un hogar a personas económicamente vulnerables. Se trata de una expropiación forzosa de viviendas a propietarios con más 10 inmuebles que se encuentren vacíos desde hace al menos dos años.
Es encomiable ver que el Estado, en forma de Comunidad Autónoma, se toma en serio el olvidado artículo 47 de la Constitución donde se consagra el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda adecuada. Las administraciones no pueden seguir dando la espalda por más tiempo a una realidad, acuciada por la actual crisis, que se traduce en la dificultad para muchas familias de acceder a una vivienda, lo cual implica la ruptura -salvando la salud y la alimentación- del primer eslabón básico para una vida digna.
Pero, aplaudiendo el fin, no puedo más que sonrojarme por las formas en las que un gobierno de mi partido las ha planteado. Sólo me queda la esperanza de que sea rápidamente censurada por nuestra dirección federal, que debería desmarcarse de inmediato, y apoyar cualquier medida que frene la propuesta balear.
Llevamos más de 40 años desde que decidimos que la vivienda tenía que ser un derecho reconocido en la Constitución. Un acierto. Y posiblemente también más de 40 años con políticas erráticas para conseguir ese fin. Quizás porque todos los partidos que hemos tenido el privilegio de gobernar (ya sea en el ámbito municipal, autonómico o estatal), hemos centrado esas políticas en la vivienda en propiedad en vez de mantener un amplio parque de viviendas en alquiler en condiciones verdaderamente razonables, que pudieran rotar cuando la capacidad económica de sus inquilinos mejorase. Sin profundizar demasiado – aunque sea lo fundamental – ¿a cuántas familias conocemos que han sido beneficiarias de una vivienda en propiedad con algún tipo de régimen de protección, y que con los años su economía ha mejorado hasta el punto de poder adquirir una vivienda libre? ¿No habría sido más inteligente que ese parque de viviendas hubiese sido de nuevo disfrutado por quien lo necesitaba años después?
Como eso no ha sido así, ahora se recurre a la expropiación. Es decir, utilizamos una vía excepcional para hacer pagar a quien legítimamente tiene esos bienes, para cubrir las erráticas políticas en vivienda realizadas en el pasado.
Llegado este punto, sólo cabe pedir a este gobierno autonómico de mi partido que vuelva a la senda de la sensatez, negocie con esos grandes propietarios una cesión provisional, se olvide de medidas que sólo deberían ser tomadas en circunstancias muy excepcionales. Y a todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno, que de una vez por todas comiencen a desarrollar políticas en vivienda más inteligentes. Si empezamos hoy, en un plazo de 15 años podemos tener solucionado un problema que actualmente no deja dormir a muchas familias.