Estallido social y geometría variable

Laurent Berger, secretario general de la CFDT francesa y presidente de la CES -ETUC,  proporciona, en una entrevista a un medio francés, algunas claves para analizar correctamente el estallido social en Francia por la reforma de las pensiones: en Francia hay una superposición de regímenes, y la reforma Macron afecta sobre todo a los trabajadores que se han demostrado imprescindibles en la pandemia, lo que no parece un reconocimiento justo de sus impagables servicios a los ciudadanos. El sistema francés tiene unas características singulares y propias, como ocurre en España, y es erróneo hacer comparaciones con otros sistemas y reformas. 

Además, plantea dos oportunos recordatorios, el de la tendencia a vincular a la UE con las malas noticias sociales, cuando en las condiciones aprobadas por la UE para los fondos europeos sobre las pensiones, como en el caso español, no se impone un camino a la reforma, porque los sistemas de seguridad social son competencia de los estados miembros. La democracia política representativa, dice Berger, es la expresión suprema del sistema, ésta debe convivir con la democracia social y la tercera dimensión, la participación y la escucha de la población. No ha habido diálogo con los sindicatos, que tienen un papel decisivo en la democracia social y como canal para la participación de la población trabajadora, sobre todo en asuntos claves como el futuro de las pensiones,  con los resultados conocidos. Pide por último una suspensión del proceso, alertando de cómo la extrema derecha se alimenta de la desconfianza hacia las instituciones y del resentimiento social.

En España las reformas de pensiones y laboral han sido factores de enfrentamiento con más frecuencia que de entendimiento. Las aprobadas en esta legislatura son fruto del diálogo social, equilibradas, y la laboral, ya funcionando, está reduciendo la temporalidad. Ambas reformas, junto a su importante contenido, demuestran un hecho muy relevante: que la UE no impone los mecanismos internos de reforma para conseguir los objetivos perseguidos, que son responsabilidad de los gobiernos de los estados miembros, y que esos mecanismos, para ser eficaces y aceptables para la UE, no tienen que ser instrumentos inexorables  de sufrimiento y dolor para las personas afectadas. 

El reciente debate de la moción de censura ha dejado solo dos evidencias: Vox no tiene capacidad de liderazgo ni alternativas; su negociado es el del resentimiento y la vuelta al pasado arrojándonos de la UE, y ya estamos en campaña electoral. Lo demás se verá en las próximas elecciones.

Las declaraciones del señor Feijóo sobre las pensiones, alabando a Macron, exigen una explicación pormenorizada de su alternativa, para que el electorado sepa a qué atenerse, ya que será responsabilidad suya, y solo suya, cualquier recorte que pudiera producirse en relación con el sistema de pensiones, si llega a alcanzar una mayoría de gobierno, para la que la incorporación de Vox sería altamente probable. Esta situación obligaría a la transparencia sobre contenidos y alcance de dicha coalición en el debate de investidura correspondiente. Todavía muchos tenemos vívida en la memoria aquella infausta y obsequiosa frase del ministro De Guindos, del PP, al comisario europeo Rehn, con fama de “halcón”, alusiva a la reforma laboral de 2012, que provocó una huelga general: “Será extremadamente agresiva…”, añadiendo después: “Te va a gustar”.

En el caso del Gobierno actual, solo la repetición de la coalición, con los aliados independentistas como apoyo parlamentario, permitiría su continuidad. Esta fórmula de gobierno está siendo percibida por una parte de la población como negativa y está contrarrestando las decisiones sociales y económicas del Gobierno que pretenden apoyar a los sectores más débiles de la población, con el obstáculo añadido de que el Ejecutivo a veces confunde la publicación en el BOE con la materialización del efecto social de la medida. En el Gobierno no parece haberse analizado la más que probable relación entre el triunfo por mayoría absoluta del PP en Andalucía y la percepción del electorado de los pactos con independentistas.

El Gobierno y el grupo parlamentario socialista han proyectado una imagen de ir a remolque, sin límites claros, en los pactos con los independentistas. Mi impresión es que, con ERC, y tras el voto negativo de ésta a la reforma laboral, el Gobierno cometió un grave error con el reconocimiento oficial y público del espionaje ilegal, incluyendo al propio presidente Sánchez, cuando hay expertos que sostienen que no es posible demostrar la infección con Pegasus. Aquello dio alas a los independentistas, al no poner pie en pared el Gobierno, sino, por el contrario, asumiendo la versión del catalangate de forma acrítica, sin exigir, ante esas extraordinarias afirmaciones, evidencias igualmente extraordinarias, como dice Carl Sagan. A partir de ahí, la deriva hacia los cambios sobre prevaricación y malversación, que han caído como una bomba. La aceptación incomprensible a Bildu de prolongar, de facto, el periodo franquista hasta 1983, es otro de los factores de alejamiento de parte del electorado y de la militancia socialista, que también contrarresta el contenido social de la legislatura. Los independentistas realmente son aliados del coaligado menor, y éste está ya en la lógica de la ruptura, sin abandonar el Consejo de Ministros.

La experiencia sobre geometría variable del Gobierno de coalición y pactos con independentistas obliga a un compromiso programático, en las próximas elecciones, con transparencia sobre el contenido y límites de las alianzas parlamentarias. Creer que el electorado tiene memoria de pez y que es la última pantalla, en este caso las pensiones, la única recordada no parece muy realista. La clave no va a estar en el destino de Sumar, sino en recuperar la confianza de la parte del electorado que rechaza o recela, con razones, de esta dinámica política.