En estos últimos días hemos asistido a una extraña ceremonia de confusión interpretada por dirigentes del Partido Popular tras la convulsa sesión de aprobación de la Reforma Laboral. Tras comprobar que su diputado Alberto Casero había sufrido un pequeño accidente, errando cuatro veces en la emisión de su voto desde casa, pretendieron que uno de esos sufragios, pudiera ser rectificado, a la luz de su trascendencia para el resultado de la votación. La Presidenta del Congreso denegó esa posibilidad. El líder del Partido Popular ha aupado el episodio a la categoría de “pucherazo” inaceptable en un Parlamento serio presidido por estatuas de los “Reyes Católicos” (sic). El Partido Popular ha anunciado su intención de judicializar el proceso para revertir la decisión tomada de dar validez al voto del señor Casero tal como se expresó en su hoja de votación.
Mi intención en este artículo es muy modesta, aunque algo atrevida: ofrecer una suerte de escueta “observación-participante” del acto de votación. Me propongo algo así como documentar etnográficamente en qué consiste una votación en la práctica: levantar testimonio de prácticas, comportamientos, emociones y expectativas recurrentes y compartidas en un grupo social que conozco de cerca, el cuerpo de diputados y diputadas del Congreso. Como sociólogo que soy, la observación-participante es una predisposición casi instintiva, a la que me empujan cientos de horas de investigación cualitativa en mi carrera académica.
Comencemos por las alegaciones. La versión inicial del Partido Popular señala que el voto del señor Casero se había emitido bien pero el registro había resultado defectuoso, lo que reflejaría una traducción errónea de la voluntad expresada por el diputado en el sistema telemático. El diputado había señalado A y el sistema habría recogido B.
El primer problema de esa versión de los hechos es su inespecificidad. El sistema informático utilizado recoge la opción indicada por el diputado y, pide al diputado que confirme la elección dos veces. Es decir, el señor Casero habría expresado su preferencia cuando marcó la casilla, cuando confirmó la votación y cuando avaló el informe generado con sus confirmaciones. ¿Dónde se habría producido la falsificación de las preferencias del señor Casero que habría sido inevitable para el propio señor Casero? ¿solo en la emisión del informe final tras registrar bien las selecciones del señor Casero? En caso contrario, él mismo habría confirmado expresiones transmutadas de su preferencia. Peritos habrá que puedan dirimir si esas transmutaciones involuntarias son electrónicamente posibles, pero suena todo poco plausible.
Los dirigentes del Partido Popular, y sus entornos mediáticos afines, han terminado sumergidos en bizantina argumentaciones reglamentarias pasando por alto la que ha sido la práctica parlamentaria cotidiana en los últimos años, y especialmente desde que se desató la pandemia. A sociólogos y antropólogos nos interesa generalmente esa práctica, más allá de las sesudas interpretaciones escolásticas sobre aquello que enuncian o no enuncian los reglamentos o sobre las valoraciones acerca de la vigencia de una u otra resolución pertinente. En esa práctica parlamentaria cotidiana (que es la materialización consentida del reglamento semana a semana), los errores de voto se asumen como una parte consustancial de la actividad que se lleva a cabo en el hemiciclo. Consustancial pero tan limitada que pasa casi desapercibida, lo que no quita que se produzca de manera repetida (y hasta ahora básicamente desproblematizada).
En el debate suscitado, resulta extraordinariamente confuso el enunciado de que hay diputados que votan de manera telemática (y otros no). Votan de forma telemática quienes, como el señor Casero, emiten su voto desde fuera del hemiciclo (a efectos prácticos, hablemos de voto desde casa), por motivos tasados. Pero también votamos telemáticamente cuando, sentados en el escaño, somos emplazados a pulsar un botón verde o uno rojo (tras activar en cada ocasión el voto, desde otro botón) que emite una señal a un dispositivo telemático. Segundos después, nuestra selección se refleja en un croquis de la distribución escaños (que aparece en pantalla ante nosotros), donde cada escaño aparece iluminado en un color, mientras la Presidenta anuncia el resultado. Nadie levanta una mano en el proceso para dar a conocer su preferencia, deposita sobres en urnas o pronuncia de viva voz su preferencia. Todo es “telemático”.
La diferencia principal entre el voto telemático presencial y el que tiene lugar desde fuera del hemiciclo es que mientras el presencial exige una respuesta ajustada y no rectificable en los diez segundos del intervalo que dura la votación, el voto desde casa no somete al diputado a ningún tipo de presión cronométrica ni escénica, y le concede la oportunidad de no confirmar su elección y rectificar una decisión errónea. A todas luces, parece claro que, si existieran en este momento razones para dudar sobre la validez del procedimiento para garantizar de la mejor forma posible que los votos reflejen fidedignamente las preferencias de los diputados, las posibles lagunas a corregir habría que ir a buscarlos en el procedimiento de voto telemático presencial más bien que en el hipergarantista voto telemático desde casa.
Todos los diputados hemos utilizado ambos procedimientos. En algunas iniciativas complejas, a las que se han presentado cientos de enmiendas, la Mesa suele recurrir al voto telemático desde casa para todas y todos, asumiendo (acertadamente) que votar desde casa aligera la carga que supondría votar las iniciativas una a una en sesión presencial. No me puedo imaginar a ningún diputado que prefiera votar 600 veces seguidas dentro del hemiciclo (como sucedería cuando votamos enmiendas a leyes de presupuestos, por ejemplo), bajo la presión de tiempo acotado para cada votación. Si se trata de minimizar el riesgo de falsificación de preferencias democráticas por error es difícil pensar en mejor opción que la votación con doble comprobación que impone el procedimiento desde casa.
De hecho, los errores de voto en el hemiciclo, muy circunscritos, son recurrentes. Se evidencian cuando, tras cada votación, la pantalla de que disponemos los diputados en nuestro escaño ilumina con un color inesperado un escaño en la bancada de un partido que ha votado homogéneamente en sentido opuesto. Ocurre en casi cada sesión parlamentaria. Cuando se evidencia quién se esconde detrás del involuntario error se le suelen dirigir algunas miradas jocosas, y el diputado quizás se encoja en su escaño levemente ruborizado. Y a otra cosa.
Los errores en las votaciones son parte del juego parlamentario. Son lo que en sociología se llama “accidentes normales”. Generalmente sus consecuencias son insignificantes, porque los márgenes con los que se ganan y pierden votaciones ofrecen cierta holgura. Cuando esa holgura no existe, en votaciones reñidas, suele ser habitual que los diputados comentemos informalmente la tensión del momento junto a los vecinos de escaño. A pesar de que el error es muy improbable cuando la atención es máxima, nuestra mirada se posa en el cuadro de votación del vecino para asegurar que ha votado bien. Tampoco son infrecuentes los chascarrillos acerca de un botón que supuestamente, tras haber sido pulsado por primera vez, se ha resistido a reflejar el sentido del voto que queríamos imprimir. Las cosas siempre se enderezan tras unos instantes de ansiedad.
Estamos, por tanto, hablando de dinámicas de funcionamiento ordinario de este Parlamento y de cualquier otro democrático conocido, que pasan desapercibidas porque están llamadas a ser tratadas como intrascendentes si no existe el ánimo de sacarlas torticeramente de la intrascendencia. Errar ocasionalmente es un gaje del oficio de diputado y de cualquier profesional que se despista, sufre una confusión transitoria o presta poca atención a una operación. En condiciones normales, se asume la consecuencia del error, se digiere el apuro que provoca y se reflexiona sobre el modo de evitar que vuelva a ocurrir. Punto y aparte. Por eso resulta insólita la pretensión de politizar (y judicializar) un accidente así, poniendo en cuestión procedimiento, aplicación del reglamento e incluso la honorabilidad de la Presidencia.
Lamentablemente, todo resulta aprovechable en la casquería del Partido Popular para su alocado proyecto de convertir cualquier vicisitud (por poco propicia que parezca) en una posible oportunidad de deslegitimación del rival político, aunque con ello pueda llevarse por delante la deseable serenidad de la conversación política del país y, colateralmente, el crédito de sus instituciones. Ya llegaran ellos para arreglar el estropicio, digo yo que deben pensar.