La evaluación y el ariete contra la salud pública

Empiezo por valorar cualquier aportación crítica a la gestión de la pandemia, convencido como estoy de que es más lo que ignoramos después de un año que lo que sabemos, y, por tanto, de la necesidad de aprender para ahora y también para prepararnos mejor de cara a futuras y probables pandemias letales.

Tales valoraciones, más o menos críticas, de la gestión de la pandemia se han llevado a cabo prácticamente desde su inicio, tanto externas como internas. Así, se han creado comisiones parlamentarias para la evaluación de la gestión política y los consiguientes dictámenes y recomendaciones, desde distintos ámbitos profesionales y de sociedades científicas se han realizado artículos e informes sobre distintos aspectos de la pandemia y en los medios de comunicación especializados y generalistas se ha dado cabida a todos los puntos de vista en función de la orientación de cada medio. Evaluaciones parciales no faltan, si de lo que se trata es de hacerse una composición de lugar.

Por otra parte, sigo considerando que la política informada es la que tiene la legitimidad democrática para decidir y que el control de las decisiones y de la gestión política de esta grave pandemia le corresponde a los órganos legislativos y en primer lugar al Congreso de los diputados, así como a las asambleas legislativas de las CCAA. De hecho, primero el Congreso y ahora los parlamentos autonómicos han venido emitiendo sendos dictámenes de sus comisiones respectivas sobre la pandemia.

De otro lado, la evaluación o auditoría desde el punto de vista técnico debe contar inexcusablemente, además de con expertos externos, con la presencia de los funcionarios de salud pública, sanidad, servicios sociales, así como con sus gestores y responsables políticos. Así lo ha hecho la OMS en su proceso de evaluación sobre esta pandemia que encabezan dos expresidentas de gobierno y que cuenta con un tercio de sus miembros de conocida experiencia política y de gestión. Un comité que ya ha evacuado un informe preliminar del que he hecho referencia en un artículo anterior.

No me cabe duda de que contar con un órgano de ese tipo y de una composición similar, desde el primer momento de la pandemia, nos hubiera permitido sentar las bases de un sistema de análisis y reflexión continuada sobre la respuesta a lo largo de su evolución, algo que quizá hubiera contribuido a matizar la extrema polarización entre oposición, gobierno y CCAA, y también algunas aristas de la polémica artificial entre técnica y política ante la opinión pública. Es por eso que la evaluación de conjunto de la pandemia debiera contar en su momento con una composición mixta de estas características.

Otra cosa es el momento adecuado para la realización, no ya de una valoración sino de una evaluación de conjunto propiamente dicha y la composición mixta más concreta del correspondiente comité pluridisciplinar donde se valoren las fortalezas, pero sobre todo de debilidades y se den cuenta de las lecciones aprendidas a todos los niveles, en relación a esta pandemia.

Sin embargo, para el grupo promotor de una evaluación, denominada técnica y neutral, se trata desde un principio de excluir cualquier contaminación política para, al parecer, dotarlo de mayor credibilidad, con base en el prejuicio de la parcialidad de que se acusa sistemáticamente a los funcionarios y gestores públicos, en contraposición a los expertos independientes. 

Por eso ni los técnicos de salud pública del sistema de salud ni los gestores políticos se consideraban necesarios para entrar a formar parte de la mencionada evaluación, que se solicitó, en más de una ocasión, al gobierno y luego se exigió de forma crítica y pública en la revista científica The Lancet, por parte del mencionado grupo de expertos. En diciembre el consejo interterritorial del SNS acordó dicha evaluación, pero se ha dado los próximos meses para abordar su metodología y puesta en marcha, quizá como muestra de desapego hacia el tono y el contenido final de la propuesta.

Quizá por ello y a modo de respuesta, en los últimos días se ha publicado en El Confidencial, por parte de este mismo grupo promotor, los resultados de un primer cuestionario dirigido a más de ciento setenta profesionales cualificados, que coincide a grandes rasgos con algún cuestionario previo a profesionales y también con otras encuestas de opinión pública.

Al final, lo que se había anunciado públicamente como una evaluación de la gestión de la pandemia, se trata sin embargo de un cuestionario más, eso sí con un mayor número de preguntas y de encuestados y dirigido a profesionales cualificados de distintos ámbitos relacionados con la sanidad y las ciencias sociales.

En concreto, coincide con la encuesta realizada por The Economist entre los profesionales sanitarios españoles, y que ya al final de la primera ola eran de los más críticos con la gestión técnica y política, en especial del gobierno central, coincidente con el ambiente general de crispación política entre la opinión pública.

De este último cuestionario llama la atención en primer lugar el sesgo de los profesionales a quien va dirigida, pero sobre todo el alineamiento del selecto grupo de los más motivados, que son los que finalmente han respondido al cuestionario. Se deduce que los más críticos.

Como era de esperar, los funcionarios técnicos de salud pública, los gestores sanitarios y los políticos de los gobiernos, previamente estigmatizados por su supuesta parcialidad y excluidos de la futura evaluación técnica, han recibido las peores notas y se han convertido así en los señalados como culpables de los errores en la pandemia, refutando con ello la finalidad propositiva.

Y eso se nota en sus conclusiones, a medio camino entre la crítica demoledora a los técnicos y las direcciones de salud pública, en materia de datos y alertas, y la descalificación política a todos los gobiernos central, autonómicos y local, independientemente de sus recursos y competencias.

Al margen de la reiteración de las opiniones críticas, conocidas a través de su artículo en The Lancet sobre la gestión de la pandemia, como los errores del gobierno y la mala coordinación con las CCAA, por otra parte seguro que mejorables, lo más escandaloso es la descalificación con una nota de las más bajas de la encuesta que se atribuye a la salud pública, en relación al resto de la respuesta sanitaria, incluso en relación a la valoración de la gestión residencial, reconocida como manifiestamente mejorable.

Una descalificación a todas luces injusta, y no solo por la ingente y callada labor de la salud pública española, antes y especialmente durante la pandemia, sino porque ésta se ha venido realizando en una situación de marginación durante décadas en un sistema sanitario casi exclusivamente reparador, asistencial y cada vez más hospitalario, del activo boicot político a la ley de salud pública y su desarrollo reglamentario y de las carencias crónicas, tanto de personal como su situación de penuria presupuestaria.

El cuestionario parte de nuevo de los datos descontextualizados de la alta incidencia y mortalidad en España, para a continuación lanzarse sin solución de continuidad a puntuar en una escala de cero a diez el mal funcionamiento del conjunto de los sectores implicados frente a la pandemia.

La premisa de los malos datos condiciona la conclusión lapidaria del mal funcionamiento de casi todo en España, desde la descalificación injusta de la salud pública y en menor medida de la atención primaria, que aprueba por los pelos, y de la que solo se salvan, como era de esperar los hospitales. Sorprende también la equiparación en la crítica a la gestión de las residencias de mayores. Algo, hoy por hoy, incomprensible.

Como era previsible, el cuestionario se ensaña con la deficiente gestión política de los gobiernos, y en particular del gobierno central y con la ya tópica descoordinación entre la Administración central y las CCAA. Llama de todas formas la atención, que al igual que en las encuestas de opinión pública, salga peor parado el gobierno central que las CCAA, que sobre todo a partir de la desescalada y el tercer estado de alarma, han tenido todo el protagonismo en la gestión descentralizada. Daría la impresión de que a más competencias menos responsabilidad, o lo que es peor, que más que la valoración técnica nos encontramos ante una valoración fundamentalmente política por parte de los mencionados expertos. 

El colofón es una valoración final de las medidas económicas y sociales tan superficial como sesgada, cuando se concluye lapidariamente que las medidas frente a la pandemia han carecido de un enfoque de equidad, poniendo el ejemplo de la brecha digital entre los estudiantes. Nada se dice, sin embargo, de la puesta en marcha de la puesta en marcha de un fondo específico para la adaptación tecnológica ni de la decisión a partir de la primera ola de mantener abiertas las escuelas ha sido precisamente por razones de equidad, en particular en los primeros tramos de edad.

Tampoco se valora el esfuerzo por sostener el empleo y el tejido económico mediante los ERTEs, los créditos ICO y la importancia del poder adquisitivo de las pensionrs y de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que aunque con evidentes problemas de gestión, es un nuevo paso en la configuración de un estado de bienestar digno de tal nombre en España.

Se equivoca de plano quien piense que de esta valoración demoledora sobre la salud pública, la política sanitaria, y crítica sobre la asistencia sanitaria a la pandemia es casual. No es tampoco neutral ni pretende extraer lección alguna para su mejora. En la debilidad del sistema sanitario y los servicios públicos ante el vendaval de la pandemia, más de uno ha visto la oportunidad de aprovechar el malestar social y profesional para cuestionar la salud pública y en ella la sanidad pública y el estado de bienestar. No es una evaluación, es una opinión injusta.