Durante años he estado presumiendo de sistema sanitario público, luego también lo hice de ese otro logro transcendental de la protección social que fue la Ley de Dependencia. Me llegué a creer ciudadano de un país avanzado.
Luego empecé a percibir que no todo era oro y que faltaba combustible para la máquina. Comencé a denunciar la desatención de los gobernantes, especialmente hacia la Atención Primaria. Pero llegó la crisis de la pasada década y su criminal gestión por los países occidentales. Los países ricos, menos gravemente afectados, recetaron medidas inhumanas a los menos ricos, España, Grecia... que cumplieron sumisos sus cómplices gobernantes de entonces. Por cierto, en la actual crisis, como ellos también van a ser víctimas, ya hablan de la posibilidad de endeudamiento y otras licencias. Hipócritas. Las consecuencias de aquella crisis son de sobra sabidas: condenaron a la pobreza a una parte importante de la población y arrasaron con los sistemas de protección social y sanitario. Así que mi admirado sistema sanitario público se quedó exangüe, incapaz de dar respuesta a lo cotidiano, como para asumir la que nos está cayendo ahora. Pero de eso ya se ha hablado mucho.
Quiero hoy poner el acento en una de las más flagrantes vergüenzas nacionales. Desde antes de la crisis, pero amplificada por ella, los respectivos gobiernos han abandonado a su suerte a los mayores. Han decidido algo que raya en lo delictivo: que allá se las componga cada uno precisamente en su momento de mayor desvalimiento. Invariablemente, en todas las administraciones, han reducido al máximo las plazas en residencias públicas pero no las han eliminado del todo por dos motivos. Primero porque resultaría demasiado descarado pero, y sobre todo, porque necesitan unas pocas plazas para acoger a sus propios padres o sus compromisos clientelares. Sí, soy consciente de que es muy grave la acusación pero la mantengo con contundencia. Para el resto de los ancianos están las residencias privadas a las que se trasvasa una enorme cantidad de renta, toda la del anciano ingresado y buena parte de la de los hijos, a un negocio puramente mercantil disfrazado de social.
Las residencias constituyen un colectivo que mueve mucho dinero y que, aunque mal, resuelve a medias los dramas familiares de la necesidad. Están regulados por unas normas que en lo relativo a plantillas, lo que de verdad cuesta dinero, son vergonzosamente insuficientes. Los estándares de superficie por interno, de espacios saludables y otros servicios son muy poco exigentes y se incumplen con frecuencia. Pero respecto al personal, los ratios son vergonzosos. Lo saben los familiares, lo denuncian los mismos profesionales (con cuidado, por miedo a las represalias). Es universalmente conocido que la asistencia sanitaria a los ancianos no se puede prestar con un mínimo de calidad con los recursos que tienen.
Ahora vienen los llantos, el rasgado de las vestiduras y el asombro. Llega el coronavirus y el asunto explota como estaba cantado que iba a explotar antes o después. Es verdad que cada poco surge un escándalo increíble, pero se tapa, se pasa, miramos hacia otro lado y todo queda en que ese dueño era un aprovechado o un sinvergüenza. No hemos querido verlo en su crudeza, es demasiado duro.
La mayor parte de los afectados graves por la enfermedad Covid-19 son mayores de 80 años, que a día de hoy suponen el 67% de todas las defunciones en España. Una gran parte de estos proceden de las residencias de ancianos y no es descartable que estas cifras de fallecidos en residencias estén infravaloradas.
Debería de ser objetivo estratégico muy preferente, antes que muchas de las medidas vigentes, establecer una intervención pública inmediata de estas instituciones. Sin esperar a mañana. La atención de estas personas se debe realizar exclusivamente en la propia residencia. Esto ya lo dicen los gobiernos, lo que no dicen es que con los recursos que tienen es completamente imposible. Es imprescindible la inmediata Intervención de la gestión sanitaria completa, medicalizándolas por parte de las autoridades sanitarias que deben dotarlas convenientemente de medios y de personal médico, de enfermería y de cuidadores
Cuando pase todo esto hay que exigir a los respectivos gobiernos que dejen de abandonar a los mayores y asuman que, a día de hoy, los ancianos dependientes ven críticamente vulnerados sus derechos sociales en este país.
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