Vivienda. Vivienda. Vivienda. El tema de conversación, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso cuando tropezamos en el ascensor, es la cuestión de la vivienda.
Un problema que debemos resolver con urgencia tanto por equidad como por proteger a la democracia de un estallido social. Un estallido al que no ayuda nada la distorsión que supone que, mientras en la sociedad existe poco más de un 6% de caseros –somos conscientes de que todavía hay muchos caseros que no declaran sus ingresos–, entre los compañeros del Congreso su presencia llega a más de 20%.
Una importante brecha de representatividad, más del triple, que explica en parte la incapacidad de tomar medidas profundas y, también, ciertas patinadas reiteradas por la ministra de Vivienda a la hora de comunicar sobre una emergencia nacional. Pero sería injusto (y con la antipolítica siempre se cuela el fascismo) quedarse solo en que, para los diputados, la vivienda no es un problema en primera persona o, incluso, que sus familias son rentistas profesionales. Tampoco se explica la cobardía del PSOE para atajar el problema de la vivienda, su mayor o menor complicidad con la oligarquía rentista, los fondos buitre y el lobby turístico. Obviamente, ambas variables influyen, pero lo que más influye es la normalización por gran parte de la sociedad –que existía hasta la fecha– de invertir en vivienda, fuera bien para mejorar unos salarios bajos (¡que urge subir!), o para especular y ampliar así el patrimonio familiar. Las personas caseras, sin contar lo que obtienen por los altos alquileres, ingresan 20.000 euros más al año que la media.
La voracidad de las empresas multi propietarias, que han comprado más de la mitad de las casas vendidas desde 2008, los fondos buitre que compran barrios enteros y los rentistas parásitos que quieren reaprovecharse ha hecho que a la principal brecha en la vivienda –la clase social– se sume, con mucha fuerza y de forma casi transversal, la brecha generacional. La mayoría de los jóvenes nacidos en los 90 pertenecemos a la primera generación en democracia, cuyo sueño aspiracional es poder pagar desahogadamente un alquiler o, en el mejor de los casos, comprar una casa. Lejos queda la segunda residencia. Insisto, la primera brecha es de clase. Generalizar es estúpido: mi familia nunca tuvo segunda residencia, el verano que podíamos alquilábamos el apartamento de Borriana y, el que no, nos quedábamos en casa y gorroneábamos alguna piscina amiga. Incluso, quienes pueden vivir de prestado en la segunda residencia de sus padres o tienen una vivienda hipotecada a medias con su pareja saben que difícilmente tendrán otras propiedades con las que sacar pasta.
No hay marcha atrás. Tenemos la obligación de transformar el malestar que existe en las calles en fuerza legislativa y remover la aritmética parlamentaria. La alternativa es que lo termine de hacer la extrema derecha, y de nada servirá el cuento de que viene el lobo.
Aunque todavía con resistencias, para ello se emplea fuertemente el lobby rentista, emerge una nueva hegemonía política que rompe con la concepción –sobre la que se asentó la transición– de entender el derecho a la propiedad como un derecho absoluto. Efectivamente, es un derecho, pero cuando colisiona con otros, como el derecho a la vivienda, se debe legislar a favor del interés general.
Hasta la fecha, se ha legislado a favor de quienes más tienen. La vivienda, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, es un sector hiperregulado, pero a favor de la acumulación patrimonial y de la evasión fiscal. Tampoco sirve la excusa del embrollo competencial. La vivienda es una competencia autonómica, y el Partido Popular continuará implementado políticas mercantilizadoras de la vivienda. Pero, al igual que las CCAA tienen la competencia en Sanidad, y se pudo regular el precio de las mascarillas, se puede regular el precio de la vivienda.
Urge que la mayoría parlamentaria se haga cargo del malestar ciudadano que se manifestará en las calles el próximo 13 octubre en Madrid, 19 octubre en València, el 20 de octubre en Canarias y el 9 de noviembre en Málaga, entre otras ciudades.
Una nueva política de vivienda que desmercantilice y desprivatice un derecho fundamental. Las casas son para vivir, y, por tanto, solamente se pueden comprar para residir o alquilar a otros de forma asequible. Un bien fundamental no puede ser un bien de mercado con el que especular, ni un activo bursátil. Fomentar una política de alquiler atractiva, con una mirada amplia y no solamente para gente muy vulnerable, para ello, por un lado, ampliar el parque público de vivienda, y por otro, convertir, como en Viena, los contratos en indefinido fomentando así el arraigo en los barrios. Para proteger el derecho a la ciudad es imprescindible prohibir los fondos buitre y regular de forma restrictiva los apartamentos turísticos. Todo acompañado por una política de precios regulada y una política fiscal que no premie, como hasta la fecha, la acumulación de viviendas. Debemos terminar con la injusticia fiscal que supone pagar más impuestos por ir a trabajar que por acaparar vivienda o por heredar sin esfuerzo.
Por ello, compañeros y compañeras del Congreso, el miedo y la legislación debe cambiar de bando, y si no, solo quedará el grito de “¡Exprópiese!”. Ustedes verán.