Un antiguo espectro parece haber retornado en medio del tórrido verano peninsular: el del federalismo plurinacional. Hace unos días, el presidente Pedro Sánchez dijo que los acuerdos alcanzados por el PSC con ERC y los Comunes suponían un paso hacia “la federalización de España”. Inmediatamente, Isabel Díaz Ayuso respondió, como propulsada desde el mismísimo sepulcro del Cid, con un bramido acusatorio: “¡He ahí su proyecto! ¡Una República laica, federal, plurinacional!”.
La iracundia de la presidenta de la Comunidad expresaba, en el fondo, un temor justificado. Porque una propuesta federalizante basada en profundizar la recaudación, gestión y liquidación de tributos, vinculándolas a la progresividad fiscal y a una solidaridad interterritorial justa y transparente, no es inocua. Supondría, de generalizarse, el fin del régimen de privilegio que Ayuso lidera en beneficio de los más ricos y en perjuicio de las clases medias y populares de todo el Estado, incluidas las de Madrid.
Pero sería injusto apuntar solo a Ayuso. Porque entre los gobiernos autonómicos de derechas (e incluso entre algunos supuestamente de izquierdas) son muchos los que preferirían mantener un régimen de supuesta solidaridad injusto y opaco, antes que reformarlo y practicar, dentro de sus territorios, la progresividad fiscal, la distribución de riqueza y una apuesta decidida por los servicios públicos.
Frente a esto, los acuerdos de investidura firmados por el PSC con ERC y los Comunes podrían abrir un nuevo tiempo para la democratización territorial. Al menos en la letra, que es lo que son por ahora. Pero es que esta letra, nítidamente federal, resultaba impensable con el Sánchez que buscaba pactar con Albert Rivera. O con el Salvador Illa que hasta hace poco elogiaba a Jordi Pujol, escondía a Pasqual Maragall o porfiaba por atraer con propuestas social-liberales a los votantes de Ciudadanos.
Lo cierto es que, por convicción o por pragmatismo, tanto el PSC como el propio Pedro Sánchez han asumido lo que no se consiguió durante el Gobierno Zapatero. Un compromiso histórico en cuya ejecución tendrán una responsabilidad decisiva.
En aquel entonces, muchas catalanas y catalanes partidarios de acuerdos federales y confederales optaron por el independentismo porque concluyeron que el bipartisimo y el Tribunal Constitucional bloquearían ineluctablemente esta posibilidad. Una década más tarde, la consulta de ERC revela que muchos independentistas, por convicción, por pragmatismo, o por la presencia de la ultraderecha, han decidido volver a intentarlo.
La militancia de ERC que ha votado el acuerdo con el PSC no lo ha hecho por ingenuidad. Si ha dado el paso es porque, sin renunciar al derecho de autodeterminación, ha constatado que es imprescindible aliarse con otras fuerzas estatales para ganar autogobierno y mejorar las condiciones de vida de la gente corriente. Y también porque ha visto a dirigentes no independentistas jugarse el tipo con los indultos, la amnistía, o con el uso en el Congreso de las diferentes lenguas oficiales, en aras de un proyecto compartido.
Quienes nos sentimos vinculados al republicanismo federal de abajo hacia arriba de un Francesc Pi y Margall, de un Blas Infante, de un Castelao, de un Labordeta o de un Lluís Companys, no podemos desperdiciar esta oportunidad, que debería aprovecharse en beneficio del conjunto de pueblos y gentes peninsulares.
Es verdad que la combinación entre concierto solidario, progresividad fiscal y refuerzo de los servicios públicos asumida en los acuerdos entre el PSC, ERC y Comunes, es singular. Pero singular no quiere decir exclusivo o no generalizable. Por el contrario, la defensa de conciertos solidarios extensibles a los territorios que quisieran hacerlos suyos ha tenido una innegable en el acervo de las izquierdas. Pi y Margall los consideraba un asunto nítidamente federal. Y ya formó parte de los acuerdos alcanzados en los años noventa del siglo pasado por diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Iniciativa por Canarias y Entesa de la Esquerra per Menorca.
Precisamente por eso, un sistema de conciertos solidarios no puede verse como una amenaza sino como un estímulo para el impulso de otras medidas de mejora de las maltrechas hacienda autonómicas y locales. Desde un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado, al establecimiento de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todo el territorio.
Nada de esto, obviamente, se conseguirá sin presión y sin una vigilancia constante del cumplimiento de lo acordado. En Catalunya, pero también fuera de ella, si lo que se quiere conseguir es su extensión o generalización a otros territorios.
Que las resistencias vengan del centralismo insolidario y neofranquista de las Ayuso y los Abascal de turno, no sorprende. Que se activen entre “barones” que parecen reducir su socialismo a agitar cada tanto un nacionalismo español rancio a gusto del PP, tampoco.
Frente a ellas, quienes apostamos por formas de convivencia federales y confederales no impuestas, sino libremente acordadas e inspiradas en la justicia fiscal y la solidaridad, no podemos permanecer indiferentes. Desde Catalunya, al menos, estamos decididos a batallar para que los acuerdos de investidura entre PSC, ERC y Comunes se cumplan, y a buscar las alianzas que lo hagan posible. El horizonte común, una vez más, no debería ser muy distinto al prefigurado en su momento por el president Companys: impulsar, en solidaridad con “los hermanos de las tierras hispánicas”, “la protesta general contra el fascismo”, en “el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica”.