El acuerdo alcanzado por Catalunya en Comú Podem y el Govern de la Generalitat para impulsar una reforma fiscal justa y verde abre una nueva etapa sobre la redistribución de la riqueza y la lucha contra la emergencia climática en Catalunya.
Estamos ante una reforma fiscal ambiciosa que permitirá elevar casi 550 millones de euros anuales los recursos de la Generalitat con el objetivo de blindar los servicios públicos, revertir los recortes y aplicar políticas ambientales para reducir las emisiones de CO2, apostando por el transporte público y las energías renovables. Serán 2200 millones de euros más en una legislatura de cuatro años.
El acuerdo modifica seis impuestos sobre los que la Generalitat tiene capacidad normativa (como IRPF y Sucesiones o el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos) y crea un nuevo impuesto verde sobre las grandes compañías eléctricas y de telefonía que inciden en el medio ambiente. Al mismo tiempo, trabajaremos conjuntamente con el Govern para desarrollar los dos nuevos impuestos que también se incluían en la Ley de cambio climático aprobada por amplia mayoría en 2017. Estos son el impuesto sobre emisiones portuarias de los grandes buques y otro sobre las actividades económicas que generan las mayores emisiones de CO2, que aumentaran aún más los recursos públicos por encima de los 550 millones anuales. Finalmente, en las próximas semanas será aprobado definitivamente en el Parlament el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de tracción mecánica.
Además, vale la pena recordar que en julio de este año el Govern aceptó la propuesta de Catalunya en Comú Podem de revisar el impuesto de actos jurídicos y documentados en la constitución de hipotecas. Un impuesto que ahora paga la banca, que ha disparado sus beneficios, y que supone 80 millones anuales más para las arcas de la Generalitat.
Lejos del mantra de que Catalunya es la comunidad autónoma donde se pagan más impuestos, son las rentas bajas y no las altas las que más pagan si lo comparamos con otros territorios del estado. En el IRPF, por ejemplo, hasta ahora las rentas de más 90.000 anuales eran de las que menos pagaban del estado, solo por detrás de Madrid. Ahora, con el acuerdo alcanzado, se situarán en la zona alta, con un tipo del 23,5%, aún ligeramente por detrás del País Valencià, Cantabria, Extremadura y Asturias.
Se trata básicamente de que las rentas bajas paguen un poco menos. Así, las más de 200.000 personas que ganan hasta 12.450 euros anuales pagaran menos. Por otro lado, las rentas de más de 90.000 pagarán de media unos 60 euros más al mes. Un pequeño esfuerzo para tener más recursos para la sanidad y la educación pública y políticas sociales.
El acuerdo también permite aumentar de manera significativa la progresividad del impuesto de sucesiones. Hacerlo más justo. Cabe recordar que el 30% de la población muere sin dejar una herencia. Además, las bonificaciones actuales benefician a las herencias de más de 200.000 euros, que representan poco más del 10% de las declaraciones. Esta reducción de la bonificación solo afecta a los ascendentes y descendientes mayores de 18 años, pero no a cónyugues y menores de edad. Por otro lado, se reintroduce un nuevo elemento de progresividad para que aquellas personas que reciben una herencia y ya cuentan con un importante patrimonio paguen un poco más que en la actualidad. Esta medida solo afectará a los patrimonios mayores de 500.000 euros, y sobretodo tendrá impacto en los grandes patrimonios de más de 2M de euros, aumentando por tanto la progresividad y afectando sobre todo a las grandes fortunas.
Por último, como ya hemos explicado, una de las partes más importantes del acuerdo consiste en que en 2020, por primera vez, Catalunya desarrollará de forma potente la fiscalidad verde. Y lo hará centrando la presión fiscal no en los ciudadanos, sino en aquellos sectores que más contribuyen a generar emisiones de gases de efecto invernadero: las grandes compañías eléctricas con grandes beneficios y las empresas que más emisiones de CO2 producen. A la vez, los grandes buques, muchos de ellos cruceros, también contribuirán de manera importante a aportar más recursos en la lucha contra el cambio climático. En primer lugar a través de un aumento en la tasa turística, y en segundo lugar a través del desarrollo de un impuesto específico incluido en la Ley de cambio climático y que vamos a poner en marcha a lo largo del 2020. En definitiva, se trata de que pague más quien más contamina. Es una cuestión ambiental y de salud.
Este importante acuerdo para disponer de más ingresos (sin olvidar que Catalunya necesita un nuevo acuerdo de financiación o un objetivo de déficit mayor que el actual) es un primer paso para lograr un acuerdo de presupuestos en Catalunya. Para salir del bloqueo, blindar los servicios públicos y construir un dique contra los recortes. Estamos todavía lejos del acuerdo definitivo, pero es un buen punto de partida para generar más ingresos y poder afrontar las necesidades sociales y ambientales que no pueden esperar más en Catalunya. Con este acuerdo hacemos posible lo que ha sido imposible en la última década. Una fiscalidad más justa y verde.