La foto que queremos de Sánchez y Valerio
Hace unos pocos meses, cuando aún era presidente, Mariano Rajoy nos sorprendió haciéndose una foto en la Moncloa con las Kellys, uno de los colectivos laborales más afectados por la crisis. Por la misma razón, por ser legítimos demandantes de mejoras laborales tras una devaluación significativa de sus condiciones, Rajoy podría haberse visto con un grupo de teleoperadores, hacerse una foto con guardias de seguridad, con los técnicos que instalan los cables del teléfono o con el personal de soporte informático de muchas de las grandes empresas de este país. Y esa es la foto donde queremos ver al Presidente Sánchez y a la nueva Ministra de Trabajo.
Una foto con trabajadores y trabajadoras que han vivido en sus carnes la progresiva pauperización del empleo gracias a la subcontratación, utilizada como una vía rápida para la reducción de costes salariales y no como una forma flexible de acceder a servicios y profesionales especializados. Una tendencia en alza que se ha visto favorecida por las debilidades en la regulación de la subcontratación de nuestro Estatuto de los Trabajadores.
Los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Empleo y Seguridad Social llevan tiempo debatiendo sobre una propuesta bastante modesta que el PSOE hizo en su día para mejorar la situación de las personas trabajadoras subcontratadas y que consistía en cambiar un artículo del Estatuto de los Trabajadores, el 42, para lograr la equiparación salarial de personas subcontratadas con las contratadas directamente por la empresa si hacían el mismo trabajo. Pedro Sánchez, en la primera entrevista en televisión que concedió como presidente, ya comentó que se podría llegar a un consenso y cito explícitamente el artículo 42; aunque es muy de agradecer sus intenciones, el problema no se arregla meramente con ese cambio. Es más, que ese sea todo el consenso que puede lograrse entre los distintos partidos políticos sería muy decepcionante.
La razón de porque queremos un cambio más ambicioso y que vaya a la raíz del problema se encuentra en un cambio de la reforma laboral de 2012 que permitió que los convenios de empresa establezcan sueldos inferiores a los negociados entre patronal y sindicatos en los convenios sectoriales. La consecuencia de esta modificación es que empezaron a reproducirse como hongos empresas con convenios precarios que ofrecen subcontrataciones muy baratas basadas en convenios de empresa ruinosos. Administraciones públicas y compañías mayores han azuzado la multiplicación de empresas multiservicio y otras subcontratadas capaces de ofrecerles mano de obra a menor precio. Las camareras de piso pasaron a subcontratas y perdieron con ellos unos 4 de cada 10 euros de su salario, a pesar de que seguían haciendo el mismo trabajo. Si sólo cambiamos el artículo 42, seguir teniendo camareras de piso baratas sería tan fácil como externalizarlas todas y que no haya nadie en la empresa originaria haciendo un trabajo equivalente, cuyo sueldo fuese mayor y con el que hubiera que equiparar el de las personas subcontratadas.
La oportunidad está servida en bandeja para modificar el Estatuto de los Trabajadores y devolverles a las camareras de piso su salario y su convenio sectorial. Pero, además, la subcontratación mal regulada ha tenido otros damnificados directos que, igualmente, son víctimas de la precariedad y una deficiente regulación. Mejorar sus condiciones debería ser posible con la aritmética parlamentaria actual si los distintos grupos parlamentarios son capaces, entre otras cosas, de consensuar una mejor definición de la llamada “cesión ilegal”; un delito que consiste en subcontratar a una empresa no por el servicio ofertado sino para acceder a empleados más baratos que, realmente, trabajan en la empresa cliente y cuya definición en el Estatuto de los Trabajadores es tan laxa que no puede perseguirse ni prevenirse como se debiera.
Estos dos cambios son de las primeras cosas que podría celebrar el nuevo gobierno socialista como avances contra la precarización del empleo. Si se logran, el nuevo presidente y la ministra de trabajo podrán invitar a la foto de Moncloa a las Kellys, a los guardias de seguridad que protagonizaron las huelgas en el aeropuerto del Prat o los técnicos que ocuparon las sedes de Telefónica en Barcelona en 2015; conflictos laborales todos ellos que han llenado páginas y páginas de periódicos y que han sido posibles por las dos debilidades antes descritas de nuestro Estatuto de los Trabajadores. Sin duda, sería una foto muy agradable de ver y recogería las legítimas aspiraciones de muchas más personas trabajadoras que aquella que se hizo en su día Rajoy.
