La Sanidad pública es un servicio fundamental para la población porque garantiza el derecho y el acceso de toda la población a prestaciones sanitarias de calidad, sin barreras económicas y permite una sanidad universal y de calidad a la que tienen acceso todos/as de acuerdo con su necesidad sin que la situación económica sea una barrera de acceso. En esencia se trata de dar a toda la población servicios sanitarios según sus necesidades y recibir, en su financiación, de acuerdo con sus posibilidades, un gran acuerdo social en el que los mas sanos y con mejor situación económica hacen un esfuerzo solidario con las personas mas enfermas y con menos recursos. Al final, una base de la justicia y la democracia social, por eso es clave su mantenimiento y por eso todos los organismos internacionales (ONU, OMS, etc) defienden la importancia de potentes servicios sanitarios públicos como garantía de la convivencia, de la salud, la sostenibilidad y el desarrollo social y económico.
Por eso nuestro sistema sanitario tiene tan buen aprecio internacional y es envidiado en general en casi todos los países del mundo, y en las comparaciones internacionales se sitúa en los 10 primeros puestos del mundo.
Por eso precisamente también, es evidente la irresponsabilidad de quienes han jugado a deteriorarlo, recortar sus estructuras (en Atención Primaria, en hospitales, en personal, en medios, etcétera) y en privatizarlo con la excusa de una supuesta eficiencia del sector privado que nunca se ha demostrado, ni en España ni en ningún país del mundo.
La pasada crisis sirvió de excusa para recortar los fondos del sistema sanitario público que aún están por recuperarse, y esos recortes se concretaron en una disminución importante de los trabajadores de la Sanidad Pública (más de 55.000 en el momento álgido), de cierres de camas hospitalarias (12.079 menos entre 2010 y 2019) y un largo etcétera en el que lo menor no fue la implantación de copagos sobre los medicamentos que produjeron que 1,4 millones de personas no retirasen, por motivos económicos. Medicamentos prescritos, con los potenciales efectos lesivos sobre su salud que conlleva.
Pero, además, se incrementaron las privatizaciones, con lo que se produjeron sobrecostes y se debilitó aún más los ya debilitados servicios sanitarios de gestión pública, y de manera general se empeoró la calidad de las prestaciones asistenciales. Todo ello con grandes beneficios de las empresas privadas y además favoreciendo la presencia hegemónica en el sector de grandes multinacionales que tienen una capacidad cada vez mayor de condicionar las políticas sanitarias públicas.
En términos generales este ha sido el panorama, empeorando de manera global la Sanidad Pública aunque con grandes diferencias entre CCAA. Esta política ha debilitado la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones críticas, reales o sobredimensionadas, porque ya está funcionando de manera habitual al límite de su capacidad. La epidemia actual lo está poniendo de relieve, los centros sanitarios públicos, especialmente allí donde la política de recortes y privatizaciones ha sido mas agresiva, como sucedió en Madrid, están siendo sometidos a un muy duro estrés que les esta llevando a situaciones límite, que se están sobrellevando gracias a la dedicación y el esfuerzo de los profesionales sanitarios que hacen gala de una entrega que es de agradecer y que la sociedad debería recordar cuando pase la crisis.
Parece una ironía, si no fuera realmente un insulto que la “adicta a los atascos” que preside la Comunidad madrileña, haya echado mano en este momento precisamente de Antonio Bargueño, uno de los principales responsables del deterioro que hoy viven los centros sanitarios públicos de la región, y que todo apunte a que su formula de afrontar la situación sea mas privatización, mas derivación de recursos hacia el sector privado y más desamparo y deterioro de la Sanidad Pública. No tenemos que engañarnos, el sistema sanitario público está respondiendo, con esfuerzo y abnegación, y demostrando, una vez más, que cuando hay un serio problema de salud, real o sobredimensionado, es el único con capacidad de respuesta, porque solo la Sanidad Pública es capaz de anteponer la salud de la población por delante de la rentabilidad económica o los beneficios empresariales.