Con la gasolina por las nubes

Los precios de los carburantes vuelven a dispararse y situarse en máximos no vistos desde la crisis energética. Este fuerte repunte se explica no sólo por el veto de Estados Unidos y Europa a las importaciones de crudo procedentes de Rusia, sino también por la reciente decisión de Arabia Saudí de mantener el recorte de su producción, junto a la actual debilidad del euro frente al dólar, formando todo ello una tormenta perfecta que no parece que vaya a escampar a corto o medio plazo.

Ya se escuchan voces que piden la intervención del Gobierno para que vuelva a aplicar ayudas directas para los conductores no profesionales, tal y como hizo de marzo a diciembre de 2022, cuando la gasolina superó los 2 euros el litro y se aprobó un descuento de 20 céntimos por litro. No obstante, en pleno proceso de investidura, ya veremos si el Gobierno en funciones decide intervenir de nuevo y con qué medida. 

También están en el punto de mira el IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos que gravan la gasolina y el diésel de los coches de combustión, los cuales suponen alrededor del 40% del precio que pagamos cada vez que repostamos. Sin embargo, y a pesar de los altos precios de los carburantes, no podemos olvidar la importante función de los llamados impuestos medioambientales en plena crisis climática mundial.

Llegados a este punto, no se comprenden los motivos por los que el carburante que utilizan los aviones apenas está sujeto a tributación en Europa y España. En nuestro país sólo se aplica un IVA reducido del 10% al combustible y a los billetes de los pasajeros de los vuelos nacionales, mientras que los vuelos internacionales y transoceánicos no pagan ningún impuesto, ni por el combustible, ni por los billetes, ni tampoco por sus emisiones contaminantes.

Según un informe de este pasado verano de la ONG Transport & Environment, la Unión Europea dejaría de ingresar más de 34.220 millones de euros por la falta de impuestos sobre el sector aéreo, siendo en el caso de España nada menos que 4.610 millones de euros. Por una parte, por las exenciones sobre los carburantes usados por las compañías aéreas y los billetes comprados por los usuarios. Y por otra, por la falta de gravámenes medioambientales sobre las emisiones contaminantes de los aviones.

Y todo ello en aplicación de una directiva europea de 2003 que continúa declarando exentos de IVA a los carburantes usados en la navegación aérea distinta de la navegación aérea de recreo privada, es decir, que dejaría fuera de tributación a la navegación comercial y de transporte de mercancías. Y también de otra directiva de 2006 que permite la exención del IVA al transporte internacional de viajeros por vía aérea. Ambas exenciones oportunamente recogidas en nuestra normativa nacional del impuesto.

Lo cierto es que la Comisión Europea propuso en 2021 una nueva directiva para reestructurar el régimen impositivo de los productos energéticos en la UE, entre cuyas medidas destaca la propuesta de poner fin precisamente a las actuales exenciones que se aplican a la navegación aérea comercial dentro de la UE. No obstante, no se pondrían fin a las exenciones para el transporte aéreo de mercancías, ni tampoco para los vuelos fuera de la UE. Dicha propuesta, cuyo horizonte se sitúa en 2030, de momento sigue su tramitación y está siendo objeto de debate por parte de los miembros del Consejo.

No parece razonable que el sector aéreo, responsable del 5% de las emisiones de CO2 dentro de la UE según la Agencia Europea de Medio Ambiente, no contribuya a las arcas públicas como el resto de las industrias contaminantes y de los ciudadanos, ni directamente por sus emisiones contaminantes, ni indirectamente por el consumo de combustibles fósiles y la prestación del servicio de transporte. 

Si el objetivo es dar respuesta a los desafíos relacionados con el medio ambiente y lograr los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, así como disminuir la contaminación atmosférica, no se puede aceptar que llenar el tanque de un avión no devengue ningún impuesto frente a llenar el depósito de un coche, como si viajar en avión resultase menos perjudicial para el medio ambiente que usar el automóvil.

Ni tampoco es admisible que, frente a la acuciante necesidad de recursos para hacer frente a los retos del cambio climático, un sector económico con un importante impacto medioambiental quede exento de su deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la conservación del medio ambiente, eludiendo los principios tributarios de capacidad económica y progresividad.

Obviamente, todas estas medidas incrementarán los costes del servicio y algunos terminarán repercutiendo en el bolsillo de los pasajeros, pero sin alternativas energéticas realmente limpias, es necesario mantener el principio de “quien contamina, paga” y hacerlo extensivo también al transporte aéreo, en caso contrario, que los carburantes estén por las nubes no tendrá sólo un sentido figurado.